El mundo entero debería estar muy preocupado considerando que Estados Unidos, el país más poderoso del mundo se encuentra en la peor crisis político-social de su historia moderna y al borde de una guerra civil, promovida, por quien es indudablemente, el líder del populismo internacional, Donald Trump.
La estrategia que ha seguido Trump desde 2016 cuando contendió por primera ocasión por la presidencia, fue la de exaltar el nacionalismo y la supremacía blanca, al estilo del fascismo hitleriano, atentar contra los flujos migratorios, y alentar en la población más radical el racismo y el uso de las armas para defender los extremismos.
No es un secreto que las alianzas de Trump están principalmente con los intereses de las petroleras y en contra de la transición energética, está con la asociación poderosísima de las armas llena de los ultraconservadores y mantiene alianza con otro de los más grandes populistas, dictadores y criminales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Rusia en defensa de Trump
Ante la embestida judicial contra Trump por las acciones fraudulentas para construir su emporio inmobiliario, en el marco de la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, que se celebra en la ciudad rusa de Vladivostok, Vladimir Putin salió en su defensa al asegurar que la persecución al expresidente de EE.UU. muestra la “podredumbre” del sistema político estadounidense y lo victimiza “Todo lo que está pasando con Trump es una persecución por motivos políticos de su rival”.
A esto se suma que Trump se enfrenta a cuatro casos penales más: uno en Georgia por interferencia electoral, otro en Washington D.C. por el asalto al Capitolio de 2021, otro más en Florida por el mal manejo de material clasificado y, finalmente, uno en Nueva York por los pagos para silenciar a una actriz porno durante la campaña de 2016.
El imperio Trump se basó en la corrupción y la imposición y, para llegar al poder, en alianzas con empresas como la Asociación del Rifle, los petroleros texanos y con Putin y ahora, que está en la picota, frente a los tribunales judiciales, por todos sus atropellos, busca incendiar a su país, con tal de que no se le procese y termine recluido en la cárcel.
Radicalización y amenazas
Por ello alienta la radicalización y lanza amenazas de destruir las instituciones que construyeron y dieron vida a esa nación democrática. Donald Trump se obsesiono con la presidencia al grado de que, en las elecciones de 2020, cuando no quiso reconocer su derrota, promovió la toma del Capitolio e intentó destruir al poder judicial.
Apenas en marzo pasado, cuando se abría uno de sus juicios Trump en Waco, Texas, amenazó con desatar “muerte y destrucción” en caso de que el jurado decidiera dar luz verde a su encausamiento criminal. “Nuestros enemigos están desesperados, quieren destruirnos porque saben que somos los únicos que podemos destruirlos a ellos… El 2024 es la batalla final… O el Estado profundo nos destruye o nosotros destruimos al Estado profundo”.
Al igual que otros mandatarios populistas de América Latina que buscan destruir las instituciones y el Estado de derecho., que despotrican en contra del poder judicial y de los magistrados de la Suprema Corte, Trump al enfrentar una más de las audiencias de los múltiples casos por los que es juzgado, se fue contra la Corte y magistrados de su país: “No hay forma de que pueda tener un juicio justo, o incluso algo cercano a eso, en la ciudad de Washington. Hay muchas razones para esto, pero una de ellas es que estoy pidiendo el poder federal para esta vergüenza asquerosa y plagada de crímenes para nuestra nación”.
En 2012, justo cuando Trump hacia los mayores negocios inmobiliarios y de otra índole con Putin y la oligarquía rusa, se aprobó una ley, denominada Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos, que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones.
La ley surge luego del brutal asesinato del abogado Serguéi Magnitsky, en noviembre en 2009, quien habría denunciado la corrupción de Putin, y su primera aplicación fue contra funcionarios rusos y otras personas implicadas en la muerte.
Desde abril de 2016 la ley se aplica globalmente y autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a los infractores de los derechos humanos, congelar sus activos extranjeros y prohibirles entrar al país.
Por cierto, recientemente Francisco Garfias escribió en Excelsior sobre esa ley: los ataques sistemáticos de López Obrador a ministros, magistrados y jueces han llamado la atención en Estados Unidos. El jurista Eddie Varon Levy, comisionado de Derechos Humanos de la Barra Americana de Abogados, advierte que: “Si siguen las embestidas ‘irrespetuosas y dolosas’ contra el Poder Judicial en México, los funcionarios de la 4T que se adhieran al linchamiento corren el riesgo de que se les aplique la Ley Magnitsky”.
Al final, se puede observar que en Estados Unidos la polarización que ya apunta, inclusive a una guerra civil en el proceso electoral de 2024, está peor que la de México, sin embargo, los riesgos de que suceda en nuestro vecino del norte traerían graves repercusiones para México y el mundo y, lo peor, todo con tal de que Donald Trump pueda obtener el poder que necesita para no ir a la cárcel.
X: @diaz_manuel