Aunque parezca un tanto frívolo o se considere una revelación injustificada, debemos considerar, cuando se habla de las relaciones de confrontación entre la criminalidad y las autoridades o los agentes del Estado, como los servicios policiales, secretos, o los servicios de inteligencia, que éstas relaciones asumen diferentes formas de expresión y materialización en determinados contextos históricos, que van desde la original persecución-confrontación o investigación-persecución, hasta la complicidad criminal, pasando por la colaboración y la complicidad limitada.
Que una autoridad policial o directiva del aparato de inteligencia tenga algún tipo de relación colaborativa con grupos criminales, en forma directa o mediante sus subordinados, es común en todo el mundo, sólo que la misma se mantiene siempre en secreto, que los más altos responsables en los gobiernos tengan conocimiento de ello y lo aprueben dada la utilidad que brinda para los asuntos policiales o de investigación criminal o bien, para la inteligencia táctica o estratégica, tampoco es algo escandaloso o atrabiliario.
Todas estas formas son posibles desde hace siglos: la forma originaria es aquella que se produce a partir solamente de la relación delincuente-policía, pero la misma evolucionó hacia formas más complejas y sofisticadas, en la medida en que se transformó la propia criminalidad y las organizaciones de seguridad. Hoy existen incluso disquisiciones teóricas más o menos amplias respecto de la conveniencia de ello para los servicios de inteligencia y seguridad del Estado. Claro, una alta autoridad siempre lo negará. Pero es una práctica habitual. Aunque cuando algo “sale mal” en esta intrincada relación surge “el escándalo” y alguien o varios, pagan el costo “del error”.
Y esto es así porque una de las fuentes de información más importantes para los servicios de seguridad de los gobiernos nacionales, es la propia delincuencia, que nunca ha sido ni es hoy un cuerpo delictivo único u homogéneo y siempre hay rivalidades y disputas fuertes y violentas de distinto tipo a su interior. Lo cual necesariamente debe ser aprovechado por las autoridades del ramo. Es desde luego un recurso procedimental con muchos riesgos. El paso de la colaboración a la asociación delictiva es tenue.
Incluso la historia cuenta casos en donde un delincuente de gran inteligencia pasó a ser uno de los mejores policías y luego fundó una empresa de detectives privados a la que llamó “Oficina de Inteligencia” (1832), donde llegó a tener a su cargo a varios investigadores, algunos de los cuales provenían del mundo del crimen. El personaje fue Eugene-François Vidocq, de origen francés. En 1811, Vidocq creó un grupo de agentes secretos cuya misión era infiltrarse entre los distintos grupos criminales y recabar información. (Sadurni, NG, 2020).
Las fuerzas y cuerpos de Seguridad e inteligencia del Estado tienen entre sus funciones combatir los riesgos y amenazas para garantizar y proteger todos los derechos de los ciudadanos, empleando la coerción estrictamente necesaria para el mantenimiento del orden público y la naturaleza de las instituciones públicas, el Estado, etc. Dentro de estos institutos armados se encuentran policías y otros cuerpos con capacidad de fuego, así como agentes de alta calificación en forma de unidades especializadas encargadas de la persecución de determinados delitos considerados graves y para el auxilio a la administración de justicia.
En ello y para ello recurren a acciones de alto riesgo como entablar relaciones, acuerdos y acciones conjuntas con personalidades del mundo del crimen. De allí a la asociación delictuosa hay solo un paso. La línea de demarcación es muy frágil. No por ello es un ámbito sórdido, puede ser debidamente reglamentada esta actividad a pesar de su gran complejidad y riesgo. Los “testigos protegidos” “los colaboradores de la justicia”, “los beneficios de ley por colaboración” no son otra cosa que la reglamentación contemporánea de esas relaciones colaborativas diversas y altamente complejas. Hay abundantes casos a la inversa: el paso desde un gran policía a un poderoso criminal. Todos, eventos producto de esa línea frágil.
En el caso de México, INFOBAE (2019) plantea que la complicidad asociativa entre los cárteles mexicanos y miembros de la clase política datan con claridad de los años 70. Lo afirma así:
“Antes de convertirse en capo de la droga Félix Gallardo, trabajó como policía judicial de Sinaloa y escolta personal del gobernador del estado, Leopoldo Sánchez Celis entre 1965 y 1968. Su función principal era cuidar a los hijos del mandatario, lo que derivó en una buena amistad, por lo que cuando formó su imperio en el mundo del narcotráfico, Sánchez Celis lo siguió apoyando. El gobernador fue intermediario para que “El Jefe de jefes” se aliara con otros mandatarios estatales y permitieran el paso de la droga”.
No es exacto. Hay antecedentes previos debidamente documentados.
I) Rodolfo Valdez Valdez “El Gitano” fue el primer y afamado sicario en Sinaloa cuyo grupo de asesinos estableció relaciones de colaboración y complicidad criminal con el gobierno de Sinaloa a través de sus jefes terratenientes y cultivadores de estupefacientes, en el tráfico de marihuana y adormidera hacia EUA. El gobernador era el coronel Rodolfo T. Loaiza a quien luego asesinó (21 de Febrero, 1944). El “Gitano” fue jefe de “guardias blancas” de los grandes terratenientes sinaloenses para atacar a los luchadores agraristas que impulsaban la reforma agraria la distribución de tierras entre los campesinos de la región sur del Estado. Pero también traficante: el “Rey del Opio” Max Cossman era el comprador de drogas en Sinaloa con “el Gitano” y con otros grupos. (Cedillo, 28:2001)
“Las primeras bandas criminales sinaloenses que desafiaron al gobierno habían sido creadas por caciques para evitar que los campesinos sin tierra ocuparan pedazos de los latifundios de la región, tal y como se los debía la reciente Revolución. Sin que se tenga certeza, se habla de hasta 50 agraristas ejecutados por El Gitano y los suyos (conocidos como “Los Dorados”, JRY). Quizá sean muchos más. (Efrén Mayorga, junio 2015).
La causa del asesinato:
“Loaiza recibió 80 mil pesos que le obsequiaron los traficantes de opio de Sinaloa para asegurarse impunidad y recoger libremente la cosecha de adormidera a principio de año; el gobernador aceptó el dinero sin comprometerse a nada; luego solicitó los servicios de alguna policía capitalina para que arrasara los plantíos (…) los traficantes burlados planearon la venganza, que se ejecutó brutalmente”. (ídem).
Esta historia es altamente ilustrativa: las organizaciones de traficantes de estupefacientes en Sinaloa se desarrollan con un doble vínculo criminal: con terratenientes opuestos a la reforma agraria para lo cual armaron gavillas de sicarios que asesinaran líderes agraristas y campesinos, y como protectores de sus cultivos de marihuana y opio para traficarlos a EUA. Que además, castigaran a los líderes políticos si incumplían compromisos. La criminalidad organizada en triple vertiente.
II) En 1942 llegó a México un enviado de los reyes de la mafia ítalo-americana, los señores Charlie “Lucky” Luciano y Meyer Lansky; el Sr. Benjamin “Bugsy” Siegel con la misión de convertirse en el comprador más importante de cannabis y adormidera para, desde Baja California, surtir toda la costa oeste de los EUA. Y fue precisamente el comprador de “El Gitano” en Sinaloa, Max Cossman el que le abasteció los estupefacientes a “Bugsy” Siegel. Esto era conocido por el gobierno de Sinaloa. Lo permitía y protegía. Luego llegó su amante la “Reina de la Mafia” Virginia Hill, también enviada por “Lucky” Luciano, pero con una misión adicional: introducir la cocaína a México.
A la muerte de “Bugsy” Siegel, llegó a México y en muy poco tiempo integró un cuarteto criminal de alto nivel para desarrollar el negocio: ella con un nuevo amante, el Capitán P. A. del ejército mexicano Luis Amezcua Torrea (luego asesinado), el empresario estadounidense radicado en México Alfred Cleveland Blumenthal y el Coronel Carlos I. Serrano (detenido luego en la frontera con un cargamento de opio), líder del Senado en el gobierno de Miguel Alemán. Es decir, Virginia Hill penetró el ejército mexicano y el primer círculo político presidencial. Introdujo cocaína a México y abasteció de opio y morfina a la “107 Street Mob” de Harlem, en Nueva York. Su llegada al primer círculo de poder se consumó cuando se volvió amante del Presidente Alemán, versión que también circuló entonces. (Cedillo, op. cit.)
El territorio norte mexicano ya era desde entonces (hace más de medio siglo) una muy importante plataforma regional de abasto para los traficantes y adictos en EUA, abasto protegido por el primer círculo de poder, que es siempre el espacio en que se mueve el Jefe del Estado.
En suma: no sólo las relaciones, sino las complicidades delictivas son parte de la gran trama de los asuntos policiales, de cuerpos armados diversos, incluso militares de alto rango, de altos personajes de la vida política de un país, de los impartidores de justicia, por voluntad o por coerción criminal, todos, parte activa del muy complejo y riesgoso mundo del crimen, la policía, la inteligencia y la seguridad, hace siglos.
Ante el inmenso poder de corrupción del cuantiosísimo dinero criminal hoy, en todos los niveles comentados, lo fundamental en las sociedades democráticas es reforzar y adecuar el marco jurídico para evitar relaciones subrepticias, reglamentándolas y dándoles una racionalidad, pero dentro del precepto de rendición de cuentas. Y quien cruce la frágil línea colaborativa debe ser rigurosamente sancionado.