En lo que va de los primeros casi 100 días del recién iniciado gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, todo parece indicar que el segundo piso de la llamada “cuarta transformación” de la vida pública del país, no estrenará una reforma educativa.
A diferencia de las actuaciones políticas de Peña Nieto (quien anunció una reforma al artículo 3º. de la constitución el 1 de diciembre de 2012) y de López Obrador (quien dio a conocer una iniciativa de cambios al texto constitucional y al mismo artículo el 12 de diciembre de 2018, durante una conferencia mañanera), en la agenda reformista de la Dra. Sheinbaum no aparece ninguna iniciativa de modificación sustantiva a la Carta magna, por el momento, en lo que toca a los principios y valores generales del derecho a la educación en México.
Para algunos ésa es una buena noticia, porque habla de una “continuidad” de las políticas públicas educativas establecidas hace seis años (2018) y se evita la alta frecuencia de reformas en este sector, desde el inicio del régimen obradorista en el ejercicio del poder político. Para otros, es una mala señal, -tendencia de opinión donde me ubico-, puesto que la reforma educativa promovida por el obradorismo representa una mezcla de continuidad y mediana ruptura con la orientación y profundidad de la reforma educativa anterior, es decir, con la impuesta por el expresidente Peña Nieto y la fuerza política dominante, en su momento, integrada por los partidos políticos PRI, PAN y PRD (“Pacto por México”).
Por ello, me parece que es necesaria una nueva reforma educativa, hoy o al final de la actual administración federal, que redefina el carácter progresista (no neoliberal) del proyecto educativo de la “4T” y del movimiento de Morena en el poder.
Mientras tanto, se confirma así y de manera contundente, lo que afirmé en octubre pasado: Todo parece indicar que durante este sexenio (2024-2030) no se ingresará una iniciativa reformista, por parte de la titular del poder ejecutivo federal hacia el legislativo, para modificar el texto constitucional, específicamente en el artículo tercero donde se establece el derecho a la educación y los principios que lo sustentan. (Ver: SDP Noticias, “Segundo piso de la transformación sin reforma educativa”, 17 de octubre, 2024).
A diferencia de los dos mandatarios anteriores, (Peña Nieto, 2012-2018 y López Obrador, 2018-2024), la actual administración federal no ha mostrado señales ni interés en generar cambios en la redacción de la Carta Magna (Artículo 3º.) que provoquen una transformación profunda en este ámbito. Y, en efecto: éste será, quizá, un segundo piso de la cuarta transformación sin reforma educativa.
Para algunos abogados o abogadas y su lógica política sui generis, la “reforma” es entendida -casi por definición- como el conjunto de cambios que se da en el texto constitucional, como base y punto de partida; pero una reforma educativa, de fondo, habría de ser algo más que eso: una modificación radical de las estructuras educativas, desde la gestión en las escuelas y zonas escolares, y una transformación sustantiva de las prácticas educativas y pedagógicas, desde el ejercicio docente, tanto en la educación básica como media superior y superior.
Sin embargo, hay un ángulo que es conveniente analizar: los riesgos de reciclar unas políticas públicas nacionales marcadas, de manera contradictoria, por el reformismo educativo. Me explico.
¿Hay algún problema si no se promueven cambios al artículo 3º constitucional desde Palacio Nacional durante este sexenio? Pregunté entonces y contesté: no, ninguno. Al contrario, qué bueno que el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum sea congruente con la línea política que anunció durante su campaña en el sentido de llevar a cabo “continuidad con cambio” durante su administración federal.
Además, si algún sector de las élites políticas, empresariales, eclesiásticas, sindicales o de los poderes fácticos tuviera una iniciativa de reforma educativa de alcance constitucional ésta seguramente se cuestionaría, puesto que las iniciativas reformistas de la educación están en franca crisis de legitimidad, representatividad y credibilidad frente a la sociedad.
“¿Para qué y por qué impulsar una reforma constitucional en materia educativa cada seis años? ¿Acaso no se requieren políticas públicas educativas de Estado y no de gobierno, de tal manera que los cambios o las transformaciones educativas que demanda la sociedad sean más duraderos y de largo plazo?” Eso es justamente lo que se preguntarían los críticos de la desafortunada “discontinuidad educativa”.
Hasta el momento y en lo que va de este arranque de gobierno (diciembre de 2024), en la etapa inicial de Sheinbaum como presidenta de la república, lo único que el gobierno ha promovido como cambio al artículo 3º. de la Constitución política, es la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (conocida como “MejorEdu”), organismo creado en 2019 por el gobierno de AMLO, a partir de la desaparición, a su vez, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Fuera de ello, no hay nada más.
Para un siguiente periodo de sesiones, análisis y aprobación de iniciativas reformistas que enviará, quizá, el Ejecutivo al Legislativo federal, se prevé la modificación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSICAMM), que da vida institucional a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), de lamentable trayectoria. Eso será todo ¿Será?
En la actual coyuntura política, no hay que pasar por alto que un actor relevante en el escenario del sector es la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), corriente democrática y disidente del SNTE que ha demandado una nueva reforma educativa con un contenido que vaya más a fondo y que reivindique los derechos laborales y la revaloración del magisterio, además de eliminar los elementos de perspectiva neoliberal que quedaron establecidos en el texto constitucional, desde las modificaciones de 2019, como “excelencia”, “calidad”, “máximo logro de aprendizaje” y “mejora continua”, entre otros conceptos. Y si bien no es posible eliminarlos, sí por lo menos rediscutirlos.
Por otra parte, es conveniente que las líneas de políticas públicas educativas del gobierno federal actual sean claras y suficientemente explícitas en los caminos que habrán de tomar, de momento, en dos factores claves del proceso de transformación del sistema educativo nacional: me refiero al programa o a los programas nacionales de formación continua para docentes y directivos escolares en servicio, y la profundización de los cambios curriculares en educación básica y media superior, que habrán de acompañarse de una amplia y robusta evaluación de los libros de textos gratuitos de nueva generación, puestos al alcance de alumnas y alumnos de educación básica desde hace un año.
En fin, es necesario estar atentos a los programas, las acciones y las actuaciones de las y los funcionarios responsables de la educación nacional, quienes están en la zona clave de toma de decisiones del sector. Y efectuar ese seguimiento y estudio desde ya, es decir, a partir de estos días en que se asoma el año 2025.
En los casi 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum destacan, en el plano de las políticas públicas educativas, el anuncio de la ampliación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la gestión de las becas universales para educación básica, esto sin necesidad de insertar cambios o reformas de fondo al texto del artículo 3o. constitucional.
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