Vaya escándalo se armó porque la periodista Lourdes Mendoza fotografió a Emilio Lozoya cenando en el restaurante Hunan de Las Lomas, en la Ciudad de México.
Hasta donde yo entendía, Lozoya no está en arraigo domiciliario, así que, en esa lógica, puede cenar en el establecimiento capitalino que se le antoje.
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El problema —hoy lo demuestra la señora Mendoza en El Financiero— es que Lozoya, demandado por la mencionada periodista por daño moral, evitó presentarse ante un juez argumentando, precisamente, arraigo domiciliario.
![Lozoya](https://www.sdpnoticias.com/resizer/v2/VV6HYITF45GH5KEFZ3DBB7DBIA.jpg?smart=true&auth=c2d2f7dbb34d23ac890e031c70b1c0fe7dac8a8badbf5babbe31232d35ad6fea&width=1440&height=2184)
Sin duda, ese es un problema para Lozoya, pero es el menor de sus problemas.
Que alguien mienta para eludir un citatorio judicial puede ser un delito, pero comparado con todos los otros delitos del exdirector de Pemex, ello viene a ser lo de menos.
Un problema mayor —ético, no jurídico— deriva del hecho de que el pasado fin de semana, en Twitter, hubo gente simpatizante de la 4T que acusaba a la columnista de El Financiero de ser ella misma la mentirosa, es decir, de haber difundido fotos viejas de Lozoya en el Hunan.
Es terrible que personas absolutamente honorables y, en otros tiempos, muy objetivas, como Jenaro Villamil —periodista profesional hoy convertido en funcionario público—, intentaran tan absurda defensa de Lozoya.
¿Por qué Villamil y otras personas que creen en el gobierno de AMLO —como Simon Levy— dudaron de lo que afirmaba Lourdes Mendoza? Respuesta: porque saben que Lozoya en el Hunan o en cualquier otro restaurante, esto es, exhibiendo su buena vida en libertad, daña al presidente de México.
El verdadero problema de Lozoya es ese: que esté en libertad cuando debería estar en la cárcel, ya que ha confesado haber cometido graves y muy grandes delitos contra Pemex.
Lo lógico era que se comparara el espectáculo de Lozoya en el Hunan comiendo pato a la china —o como se llame— con los 31 científicos perseguidos por la Fiscalía General de la República.
Esa comparación no beneficia a un presidente honesto como Andrés Manuel, quien, como mínimo, debe exigir al fiscal que haga su trabajo —es decir, que lleve a Lozoya a prisión—, porque no vale la pena generar enojo en la sociedad mexicana por el trato de privilegio que recibe un delincuente confeso.
Con Lozoya en libertad, no tiene credibilidad la FGR de la 4T.