La presente reflexión la inspiran dos proyectos recientes discutidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ambos relacionados con el plan b electoral; uno de ellos elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y el otro por su colega Javier Laynez Potisek.
Los dos proyectos fueron redactados para invalidar las reformas electorales aprobadas a la carrera —y muy a tontas y a locas— por la mayoría de Morena en el poder legislativo.
Siete ministros y dos ministras votaron a favor de anular el plan b —y desde luego hicieron lo correcto y, por lo tanto, se les aplaudió por su digna conducta—:
- Norma Lucía Piña Hernández.
- Juan Luis González Alcántara Carrancá.
- Margarita Ríos Farjat.
- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
- Alberto Pérez Dayán.
- Jorge Mario Pardo Rebolledo.
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
- Luis María Aguilar Morales.
- Javier Laynez Potisek.
Dos ministras votaron a favor del plan b —y desde luego NO hicieron lo correcto, y naturalmente no se les aplaudió—:
- Yasmín Esquivel Mossa.
- Loretta Ortiz Ahlf.
El presidente López Obrador lanzó durísimas críticas a los siete ministros y a las dos ministras que le llevaron la contra a él y a Morena con su plan b electoral.
Andrés Manuel se equivocó al cuestionar a juristas brillantes y honorables que simple y sencillamente vieron lo que era obvio y procedieron en consecuencia: echaron abajo las mencionadas reformas porque, cuando se aprobaron, se violó brutalmente el adecuado proceso legislativo en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Para aportar al debate, uno de los ministros, Juan Luis González Alcántara Carrancá, publicó este martes en El Heraldo de México un interesante artículo sobre el tema: “¿Normalizar la violación a la Constitución?”. Lo cito:
- “Cuando se torna en normal la atipicidad, cuando no genera sorpresa el asalto al orden jurídico, cuando se acepta como irremediable el avance de la sinrazón, el Estado y la sociedad han fracasado”.
- “¿Qué sucede cuando los embates de desconocimiento doloso son dirigidos hacia la Constitución?”.
- “Existe un poder judicial que evitará mientras funcione con libertad, y sin más consigna que respetar la ley, la normalización de una ruta sinuosa y demagógica de la vulneración y que ofrece a todo individuo una instancia para defenderse”.
- “Decía uno de los más importantes justices de la corte americana, Louis Brandeis, que uno de los principales riesgos de la libertad es la gente inerte, aquella que no protesta porque no es asunto suyo la violación constante y cínica de la ley”.
- “La falta de un poder judicial independiente del ejecutivo y legislativo significaría que, ante la violación cotidiana y permanente de la Constitución nadie haría nada y estaría en parsimonia fútil, o ¿tampoco no pasaría nada?”.
- “Afortunadamente existe el poder judicial ante el cual podemos acudir bajo parámetros de orden, para levantar la voz ante el ultraje y revertir la tendencia a normalizar la violación de la ley, hablar en nombre del pueblo para justificar la arbitrariedad en búsqueda de una dictadura con voluntad única, reflejo del desprecio hacia los demás incluida la minoría y hacia quien pudiera pensar diferente”.
Violadores todos los partidos políticos
A los siete ministros y a las dos ministras que con gallardía han defendido la legalidad electoral, les suplico que respondan la pregunta de González Alcántara Carrancá, un poquito modificada: ¿Normalizar la violación a la Constitución en tiempos en que todos los partidos políticos la agreden con actos anticipados de campaña?
Porque Morena, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, el Verde y hasta MC —y sus aspirantes presidenciales—, esto es, ¡¡¡todos los partidos políticos importantes y sus principales dirigentes!!! violan el artículo 99 fracción IX de la Constitución. Y no lo violan poquito, sino muchito.
¿Qué procede, cancelar los registros de los partidos y castigar impidiendo llegar a las candidaturas presidenciales a los y las aspirantes? ¿Acabar de esa manera con las elecciones? ¿Qué hacer ante semejante locura generada por un artículo constitucional que nadie respeta porque, la verdad sea dicha, no me parece para nada respetable porque implica restricciones a lo más sagrado en una sociedad democrática, la libertad de hacer política?
Lo peor es que ese tema no lo debatirá el grupo de juristas más importantes de México, los de la corte suprema, sino jueces y juezas de plano de segunda división, que son quienes integran el Tribunal Electoral; no es por ofenderles, pero tales magistrados y magistradas han demostrado sobradamente que en términos intelectuales nomás no dan el ancho.
No sé si la SCJN pudiera darse a sí misma facultades para entrar al tema y, de un solo golpe, invalidar la prohibición constitucional a quienes se dedican a la política para, precisamente, hacer política.
En la práctica nadie obedece las limitaciones a la libertad por constitucionales que sean; en efecto, limitaciones a la libertad como la de impedir la promoción política a personas dedicadas a la política y que, ni hablar, viven de promocionarse para comunicar a la ciudadanía sus proyectos, sus ideas, sus sueños realizables y hasta sus fantasías más tontas.
Por favor, señores ministros y señoras ministras, encuentren la manera de devolverle a la política la libertad que el poder legislativo le quitó. No lo pido al Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas porque si sus integrantes lo intentaran, lo más probable es que saldrían con un remedio bastante peor que la enfermedad.
Llegó la hora de acabar con el reino de la simulación...