Dentro de los próximos días el INE dirimirá la controversia relacionada con la asignación de diputados plurinominales para la próxima Legislatura. Sin embargo, como es bien sabido, el Tribunal Electoral, mediante el voto de tres de sus cinco magistrados, será el que tenga la última palabra.
Esta decisión tendrá consecuencias directas, derivadas de la composición del Congreso, sobre el futuro de la reforma al Poder Judicial.
Un creciente sector de juristas, intelectuales y líderes de opinión han expresado su mayor preocupación ante las implicaciones de dicha reforma. A estas voces se ha sumado recientemente el Consejo Coordinador Empresarial, mismo que ha remitido una solicitud a los órganos electorales para que opten por una interpretación integral del artículo 54 constitucional.
El Tribunal Electoral será, según se plantea en el más reciente informe sobre los cambios hechos al dictamen de reforma constitucional que circula en la Permanente, la última de las instancias judiciales trastocada por la reforma. Según se ha informado, a diferencia de la Suprema Corte y de los jueces y magistrados del Consejo de la Judicatura, su renovación no tendría lugar sino hasta 2027.
En otras palabras, de los magistrados del Tribunal Electoral depende el futuro de la reforma judicial. Del buen juicio, experiencia, interpretación de la ley, resiliencia y sentido del derecho de cinco hombres y mujeres depende la conservación de los equilibrios democráticos, y, desde luego, su propia sobrevivencia, en tanto que institución independiente de la política electoral y de la completa cooptación por parte del partido oficial.
No han faltado, huelga recordar, las presiones políticas desde las más altas esferas del gobierno. Primero, en la voz de la secretaria Luisa María Alcalde en plena usurpación de facultades al INE, y luego, la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum mediante una “exhortación” a las autoridades electorales para que actuasen como lo han hecho en el pasado, léase, que malinterpreten u omitan la exposición de motivos del Constituyente de 1996.
En suma, el Tribunal Electoral podría iniciar su propio harakiri (en referencia a aquel ritual japonés mediante el cual los samuráis provocaban su propia muerte) con su doblegamiento ante los intereses de AMLO, de la presidenta electa Sheinbaum y de Morena, y con la entrega a manos llenas del Congreso de la Unión a la coalición hegemónica.