Cuando en 1996 se alcanzó un gran acuerdo para instrumentar una reforma constitucional de carácter político-electoral y después se aprobaran las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria en la materia, culminó un proceso para construir todo un nuevo andamiaje legal para regular la lucha por el poder.
El precedente de esa reforma fue la declaración presidencial de que su mandato provenía de unas elecciones legales pero inequitativas; conforme a ello, las nuevas disposiciones legales estuvieron orientadas a construir un marco de equidad entre los partidos que se derivó de un sistema de financiamiento preferentemente público, así como también del acceso a los medios de comunicación electrónica mediante mecanismos equivalentes, de modo que quien tuviera la mayoría no retuviera ventajas que aseguraran de antemano su predominancia (hegemonía).
A su vez, se propugnó que las fuerzas políticas con una representación menos copiosa tampoco quedaran condenados a mantener una participación marginal; en otras palabras el sistema tuvo una clara intención o vocación por alentar la competitividad. Tal imperativo tuvo una correspondencia muy importante con la decisión a favor de otorgar plana autonomía al entonces IFE, así como de terminar de instrumentar un método jurisdiccional para la calificación de la totalidad de las elecciones, incluidas las presidenciales, a través de un tribunal de pleno derecho.
En efecto, las definiciones de aquel entonces fueron el cimiento para que se completará el paso de un sistema de partido hegemónico a otro plural, competitivo y con alternancia. Los efectos de esa mudanza se hicieron sentir de inmediato pues el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones inmediatas posteriores a dicha reforma, lo que ocurrió en 1997.
Consecuente con tal situación, se modificó la ley orgánica de la propia Cámara para que dejara de existir la vieja Gran Comisión que constituía su órgano de gobierno y que presidía, invariablemente, el coordinador del grupo parlamentario mayoritario; en el lugar de éste surgió la Junta de Coordinación Política integrada de forma plural y con una presidencia rotativa. En ese nuevo contexto de competencia política, también tuvo lugar la alternancia del partido en el poder en las elecciones del año 2000.
Así, la sincronía de sucesos no podría ser más reveladora; nuevas disposiciones para generar competitividad se correspondieron con una realidad caracterizada por la afirmación de la competitividad política y, consecuentemente, por el derrumbe de las condiciones que aseguraban la hegemonía de un partido. En efecto, el PRI dejó de ser hegemónico para convertirse en una fuerza política que debía luchar en un marco de equidad por el poder político.
Sin embargo y a pesar de ese cambio drástico en el sistema electoral y de partidos, el PRI se mantuvo básicamente con el mismo diseño orgánico, de su modelo operativo y de normas internas que correspondían a la etapa en la que gozó de una predominancia asegurada. Es decir que, mientras el ecosistema político electoral tuvo una variación estructural no hizo lo propio el partido que, paradójicamente, había impulsado cambios tan relevantes.
El PRI se olvidó de aplicar una fórmula sencilla que sí puso en práctica en 1946 cuando instrumentó la reforma que creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, con ello, alterara la forma de organizar y realizar las elecciones, pues entonces fue cuando cambió el propio partido su modelo organizacional al transformarse de PRM a PRI, con su estructura territorial y sectorial y luciendo sus Comités Seccionales.
Existe un evidente rezago en el arreglo organizacional e interno de un PRI que mira más hacia la etapa no competitiva que a la actual de la competencia política y la alternancia; algunos reflejos que le permitieron cierta capacidad para reponerse después del año 2000 y de recuperar la presidencia en el 2012, ocultaron la existencia de una reforma pendiente desde 1996.
Son 27 años de entonces a la fecha, sin que el PRI hay puesto en práctica la reforma y el debate que requiere para producir los cambios que necesita; ese es el tamaño del rezago que tiene el PRI en su urgente actualización. De cara a su 94 aniversario, es necesario conjugar la revisión de su pasado con el diseño de su futuro. El PRI tiene pendiente una profunda reforma.