A diferencia del panorama vivido en México durante el sexenio de Felipe Calderón, en el periodo actual de gobierno se han desbordado las propuestas y claves para contener, combatir y esclarecer las desapariciones forzadas.
Se ha contado con las herramientas legales. La crisis humanitaria que creció y estalló en tiempos de Peña Nieto, tuvo como fruto que, en 2017, se aprobara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el congreso de la unión.
El problema es que al 2024, la ley es letra muerta. No hay necesidad de que se hagan más propuestas, hay urgencia de que se ejecuten las que hace siete años realizaron organizaciones de sociedad civil y familiares en búsqueda de personas desaparecidas. A lo mucho, resulta urgente actualizarlas y reparar aquellos registros que fueron borrados.
Aquella legislación prometía resolver con mecanismos como el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda, la emergencia por desapariciones. Sin embargo, ni se logró agilizar o priorizar la búsqueda de personas desaparecidas en México, ni se cumplió con el mínimo de brindar certeza jurídica para las familias.
En enero del año anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) continuaba envuelta en un polémico debate legal tras impugnar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la acusa de omisión en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, tal como lo estipula la Ley General en materia de desaparición de personas.
Su titular, Alejandro Gertz Manero, se ha resistido hasta el último recurso legal y operativo con tal de no asumir tal responsabilidad, aun cuando la Ley Orgánica de la Fiscalía contempla esta atribución. Su desprecio a las víctimas de desaparición forzada ha sido tal, que se ha atrevido a promover reformas para que su “Fiscalía autónoma” no tenga la obligación de buscar. Hoy, el famoso Banco tan sólo es una página de internet que no recaba siquiera las muestras forenses necesarias para la incorporación de los restos encontrados por buscadoras a la base de datos.
Candidata Claudia Sheinbaum: Recordemos la sentencia del juicio de amparo indirecto 1070/2021, en la cual un juez determinó en octubre del 2022 que la FGR debía cumplir con la creación e implementación de esta herramienta en un plazo no mayor a 40 días. La obligación era hacerlo desde 2019. Al día de hoy, el Banco de Datos Forenses no cuenta con un peso para su operación ni con mecanismo transparente para el acceso, menos para conocer candas muestras han registrado, cuántas coincidencias han tenido, nada.
El artículo 119 de la Ley General en cuestión establece claramente que el Banco Nacional de Datos Forenses está bajo la responsabilidad de la fiscalía, destinado a concentrar información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de los delitos. Pero en un país en que las autoridades son las primeras en no respetar la ley, así se miran las propuestas que ya existían.
Ante este escenario, surge la incógnita sobre si la resistencia de la FGR se basa en una cuestión de competencia real o si se trata simplemente de una excusa para evadir responsabilidades. Mientras tanto, las familias de las personas desaparecidas continúan esperando la implementación de esta herramienta vital para la búsqueda de sus seres queridos y para la justicia en el país. El reclamo es más que justo. Van arriesgando sus vidas porque todas las propuestas que hicieron hace años, fueron ignoradas, aunque estuvieran en la ley.
Hubo esfuerzos valiosos, como el de la comisionada Karla Quintana; ciertamente, omisiones cómplices como la de algunas fiscalías locales al momento de alimentar la base de datos de registro de desapariciones, así como una realidad paralela: quienes tienen que buscar no quieren hacerlo, entonces, buscan aquellas familias que deciden tomar el riesgo, aunque les cueste la vida.
Candidata de las mujeres: el hecho de que una o algunas hayan decidido interactuar con la alianza opositora y su abanderada, quienes cínicamente han utilizado esta causa después de haber propiciado esta crisis, no invalida la experiencia de cientos de madres y familias buscadoras que no tienen interés en la política. Que buscan y quieren encontrar a sus hijas, padres, hermanos, obtener justicia, entender qué sucedió. Aquellas que no tienen el reflector pero sí, el dolor.
Entonces, candidata Claudia Sheinbaum, puntera de las encuestas, emanada de las filas del movimiento estudiantil del 68, de entre tantos jóvenes que fueron brutalmente reprendidos y desaparecidos por protestar, militante de la izquierda más pura de México, responsable de la profundización de la transformación, la pregunta no es si hacen falta propuestas, porque las hubo y podría haberlas.
La pregunta es: ¿Alejandro Gertz Manero continuará siendo Fiscal en caso de que usted se convierta en la primera mujer presidenta? Las propuestas que se sumen a la letra muerta en la ley ¿Podrían ejecutarse por fin con usted? ¿En su Proyecto de Nación se contempla una restricción al abuso de la autonomía con la que cometen omisiones las Fiscalías del país, comenzando por la General? ¿Tiene usted la voluntad política para implementar todo lo que este periodo se quedó congelado? ¿Tiene usted la sensibilidad para observar que el Fiscal, lejos de ser un aliado de la Cuarta Transformación o del propio país, ha sido un obstáculo para el ideal de pacificación del propio presidente?
Puede observarse aquí: https://bndf.fgr.org.mx/
También puede leerse y escucharse a quienes están en procesos legales, quienes tampoco tienen acceso a esta plataforma, cuyo contenido por motivos de seguridad nacional no es accesible a solicitudes de transparencia.