En un mundo cada vez más conectado, donde la digitalización ha penetrado cada rincón de nuestras vidas, la protección de nuestros datos personales se ha tornado no sólo en una recomendación, sino en un imperativo categórico. Sin embargo, uno de los sectores en los que esta necesidad se magnifica y cobra especial relevancia es en el Sistema Educativo Nacional de México.
Hablemos con claridad: los datos personales de los estudiantes, desde su nombre y domicilio hasta información más sensible como historiales académicos, condiciones de salud o situaciones familiares, son una riqueza de información que requiere resguardo, no sólo por el derecho humano que, en lo individual, cada estudiante posee sobre su información, sino por las implicaciones que podría tener el uso indebido de este tipo de información.
En el contexto educativo mexicano, donde la matrícula de estudiantes es vasta y diversa, que abarca desde la educación básica hasta la superior, la gestión y protección de datos es una tarea sustancial. Pero ¿por qué es tan importante?
Primero, se trata de un asunto de derechos humanos. El derecho a la privacidad es fundamental y está consagrado en tratados internacionales de los cuales México es parte, así como en nuestra propia Constitución. Cada estudiante, sin importar su edad, tiene el derecho inalienable a que su información personal se mantenga protegida y se use de manera adecuada y con el consentimiento debido.
Segundo, vivimos en una era donde la información es poder. El no proteger adecuadamente los datos de los educandos podría llevar a situaciones lamentables: desde fraudes y usurpación de identidad hasta situaciones de discriminación o acoso. Imaginemos por un momento, que datos sensibles sobre la situación socioeconómica, creencias religiosas o preferencias políticas de un estudiante caigan en manos equivocadas. Las consecuencias podrían ser devastadoras para el desarrollo académico y personal del afectado.
En el contexto normativo mexicano, contamos con legislación general y federal en la materia. Asimismo, en el paisaje institucional que nos hemos dado, se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los órganos garantes locales. Sin embargo, la realidad muestra que, en muchas ocasiones, las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, no cuentan con los protocolos o la infraestructura adecuada para garantizar la total protección de los datos de sus alumnos.
Por otro lado, la era digital ha traído consigo una avalancha de herramientas y plataformas digitales utilizadas en el ámbito educativo. Desde sistemas de gestión escolar hasta aplicaciones de aprendizaje interactivo, estos instrumentos, aunque poseen un enorme potencial pedagógico, también representan riesgos en términos de protección de datos si no se utilizan de forma adecuada. La formación y capacitación de personal docente y administrativo en materia de protección de datos es esencial para mitigar estos riesgos.
A nivel institucional, las escuelas de educación básica, media superior y superior deben adoptar un enfoque proactivo. Esto implica realizar auditorías regulares de sus sistemas de información, establecer protocolos claros de acceso y gestión de datos, y promover una cultura de privacidad y protección de datos. Ello, tanto entre el personal educativo como entre los estudiantes. Asimismo, sería provechoso que, al interior de los planteles, se crearan unidades o departamentos especializados en protección de datos, que trabajen de la mano con el INAI o con los mencionados organismos garantes de cada entidad federativa.
Pero ¿qué pasa si no tomamos estas previsiones? Si no actuamos con la urgencia y seriedad que este tema requiere, nos enfrentaremos a una serie de amenazas tanto a nivel individual como institucional. A nivel individual, las y los estudiantes podrían ser víctimas de delitos cibernéticos, discriminación o acoso. A nivel institucional, las escuelas podrían enfrentar sanciones legales, pérdida de confianza y reputación, e incluso, en los peores casos, la suspensión de sus operaciones.
La protección de datos personales en el Sistema Educativo Nacional no es sólo una obligación legal o ética, es un imperativo para garantizar el bienestar y desarrollo integral de nuestros estudiantes. Es una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones educativas, docentes, padres de familia y los propios estudiantes. Sólo trabajando juntas y juntos, con compromiso y visión de futuro, lograremos construir un sistema educativo donde la privacidad y la protección de los datos personales, sean pilares fundamentales. La educación es el motor de nuestro país y proteger los datos de quienes la reciben es proteger el futuro de México.
Dr. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX