En Puebla han muerto en los últimos 20 años 78 personas con capacidad gestante por practicarse un aborto en la clandestinidad. Entre los decesos se cuentan adolescentes y niñas víctimas de abuso sexual que interrumpieron su embarazo sin las condiciones necesarias para preservar su vida y su salud.
Al ser Puebla un estado considerado conservador y de fuerte arraigo religioso, las niñas, mujeres y adolescentes que deseaban interrumpir su embarazo optaban por viajar a la Ciudad de México, donde desde 2007 el aborto es legal. Según datos del INEGI de 2007 al 2023, 1,692 poblanas han viajado a la capital para abortar en forma segura y sin consecuencias legales.
Ante estas dramáticas cifras, celebramos que, pese a que grupos de ultraderecha pusieron el grito en el cielo, ayer lunes el Congreso de Puebla aprobó en lo general la interrupción legal del embarazo hasta la semana doce de gestación.
Con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, este estado se convirtió en el número 14 del país en legalizar la interrupción del embarazo.
Y es que el aborto es un tema que ha dejado de ser tabú para convertirse en un problema de salud pública, que debe ser abordado con la debida seriedad por todos los sectores de la población. Legalizar el aborto salva vidas.
Recordemos que desde 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo en todo el país, sin embargo, sabemos del periplo que representa para la persona gestante que decide abortar, no solo en los estados donde esta práctica aún no es legal: en muchos hospitales de salud pública se sigue dando largas a la atención, ocasionando retrasos y en muchos casos, la imposibilidad de poder abortar, pues se pasa el límite de las doce semanas de gestación. Esta negligencia es la que se debe penalizar.
Cabe señalar que después de las 12 semanas, el aborto seguirá siendo penalizado en la entidad y se castigará con seis meses a un año de cárcel tanto a la persona gestante como a los médicos o personas que lo practiquen.
Decidir sobre nuestro cuerpo es un derecho, pero no se exime a las autoridades correspondientes de reforzar la educación sexual entre niñas y jóvenes. Dotar a los y las educandos del conocimiento para usar y adquirir de forma gratuita métodos anticonceptivos debe ser también un derecho y una obligación.
A favor o en contra de la decisión de interrumpir un embarazo, la llamada Marea Verde llegó para quedarse a Puebla y se espera que se practique de manera segura y gratuita en todas las clínicas y hospitales de la entidad.
El siguiente paso es que sea en todo el país. Esperemos que sea pronto.