Las familias Batres, Taddei, y Alcalde, entre otras muy cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, son, en el contexto de la sociedad mexicana, pequeños núcleos que cuentan con la distinción y estima del ejecutivo de la nación, y gracias a ello ostentan los puestos más altos dentro del gabinete presidencial o cargos en lugares clave en donde pueden favorecer al actual régimen. Se trata de gente que el primer mandatario de la nación manipula a su antojo y ésta le responde sin chistar, aun cuando en su ejecución sean incompetentes para desempeñan las funciones que les son encomendadas, sin menoscabo de que ello constituye actos de corrupción, a sabiendas de que aceptar un cargo para el cual no se cuenta con el debido perfil y capacidad para desarrollarlo es un acto de deshonestidad, por decir lo menos.
Y quizá uno de los ejemplos más emblemáticos sea el de la ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, quien en diciembre pasado se convirtió en la primera ministra impulsada por el presidente de México, toda vez que tras dos rondas en que el Senado de la República desechó las propuestas del ejecutivo para dicho cargo, se procedió conforme a la ley otorgándole al titular del poder ejecutivo la facultad de nombrarlo “por dedazo” y este eligió a una Batres, Lenia, quien no contaba con el perfil para el cargo, pero sí con un apellido que es de las simpatías de López Obrador.
Son épicos los ridículos y bochornosos episodios que ha protagonizado desde entonces la ministra del presidente en la Corte, donde un día sí y otro también, exhibe su incapacidad para desempeñar un cargo donde se requiere mucho más que ser del agrado del inquilino de Palacio Nacional. Cualquiera con un poco de dignidad y vergüenza habría ya entregado la toga y el birrete, pero no es el caso de Lenia, quien sigue firme en la silla porque el presidente requiere votos a modo, y ella se los garantiza.
Hay que decir que desde sus inicios en la política mexicana, los hermanos Batres Guadarrama, hijos de maestros, mantuvieron cercanía con López Obrador, militando en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Martí Batres es el actual jefe de gobierno capitalino y desde 2012 forma parte de Morena. Ese mismo año se convirtió en presidente del Comité Ejecutivo del partido, puesto que tuvo hasta el 2015.
En 2018, fue elegido senador por la capital mexicana, por el principio de mayoría relativa, cargo que dejó para reemplazar al secretario de gobernación que inició funciones con Claudia Sheinbaum, José Alfonso Suárez del Real.
Lenia Batres Guadarrama, de quien ya hablaba al inicio, fue también diputada federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión y se desempeñó como consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Fue asesora de López Obrador de 2002 a 2004, cuando el ahora presidente, se desempeñaba como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.
En tanto, Valentina Batres Guadarrama, fue diputada federal de 2006 a 2009 y diputada de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal de 2009 a 2012. Actualmente, se desempeña como diputada local en la CDMX.
Los Taddei Arreola
En septiembre de 2022, López Obrador anunció como el nuevo director de Litio Para México (LitioMx) a Pablo Daniel Taddei Arriola, hijo de Jorge Taddei Bringas, quien es delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora.
En marzo de 2023, otra integrante de la familia Taddei llegó a lo más alto de una institución pública: Guadalupe Taddei Zavala, quien fue elegida como presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) por la Cámara de Diputados.
Otros miembros de la familia Taddei que también tienen (o tuvieron) un cargo público en el actual sexenio son:
Ivana Celeste Taddei Arriola, hija de Jorge Taddei y diputada de mayoría relativa por Morena en el Congreso de Sonora.
Jorge Carlos Taddei Arriola, tercer hijo de Jorge Taddei, quien fue director general de operación regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) hasta marzo de 2020.
Isabel Cristina Taddei Bringas, de ella solo se sabe que es investigadora titular en áreas de Economía y desarrollo regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) del Conacyt.
Y qué decir de la familia Alcalde Luján, de la que a sus 35 años de edad, Luisa María Alcalde Luján se convirtió en la mujer más joven en llegar la Secretaría de Gobernación, además de ser la segunda mujer en ocupar este puesto después de la ex ministra Olga Sánchez Cordero. Ya antes, Luisa se había desempeñado como titular de la Secretaría del Trabajo.
Su hermana, Bertha Alcalde Luján, constituye uno de los casos más polémicos por el capricho de López Obrador.
En diciembre pasado, Bertha era una de las opciones que propuso el presidente para ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución del ministro Arturo Zaldívar, quien en situación no menos polémica dejó el cargo.
Antes, Bertha Alcalde también había sido postulada para ser consejera del INE. Previamente, fue jefa de oficina en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y comisionada de Operación Sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
No quedó en ninguno de los dos cargos, es decir, no calificó para la presidencia del INE, lugar que fue otorgado a Guadalupe Taddei, y tampoco fue elegida para ministra de la Corte, donde sí quedó Lenia Batres. Pero para su buena fortuna, Bertha lleva el apellido Alcalde, me atrevería a decir el favorito del presidente, quien nunca baja los brazos, y tras fallar en los dos intentos anteriores, decidió colocarla en un sitio donde no tenía que preguntar a nadie más, y esta misma semana que está por concluir la catapultó como directora del ISSSTE.
Su madre, Bertha Luján Uranga, ha ocupado cargos dentro de Morena desde su fundación hasta el 2022. Fue contralora del DF (2000-2006), secretaria general de Morena (2012-2015), presidenta del Consejo Nacional de Morena (2015-2022), candidata a jefa delegacional de Coyoacán (2015) y diputada a la Asamblea Constituyente de la CDMX (2016).
El patriarca de la familia, Arturo Alcalde Justianini, no escapa de la polémica, siendo que ha sido señalado de beneficiarse con la adquisición de Mexicana de Aviación por el gobierno federal.
De acuerdo a diversos señalamientos, Alcalde Justiniani, quien ha sido abogado de asociaciones sindicales de pilotos aviadores y de sobrecargos de aviación, obtuvo ganancias por la compra que de ‘Mexicana de Aviación’ hizo el gobierno federal a los ex empleados de esa empresa por 815 millones de pesos en agosto pasado...
Luisa María Alcalde admitió, cuando aún era titular del Trabajo, que dos de sus primas también trabajan en el gobierno federal.
Tania Tiscareño Luján, quien trabajó para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre 2015 y 2016, y en 2019 llegó como jefa de departamento del DIF.
Y Karina Luján Luján, quien ingresó en 2019 como directora de área en la Secretaría de la Función Pública.
En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López, son estas tres familias las que han sido mayormente señaladas de haber sido favorecidas con los puestos más altos otorgados por el presidente. La corrupción es evidente; en la mayoría de los casos los postulados no cuentan con los perfiles para el cargo; otro ejemplo es Bertha Alcalde al frente del ISSSTE. Igualmente se puede hablar del nepotismo que permea en el gobierno de la 4T, aunque ya deberíamos de tener claro que a Andrés Manuel le tiene sin cuidado lo que se pueda decir de estas decisiones, no está de más recordar sus propias frases cuando al inicio de su gobierno proclamaba que no toleraría el amiguísimo, el nepotismos y el favoritismo.
“No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’”, advirtió en un memorándum distribuido por la presidencia de la república.
Lo anterior quedó plasmado en un documento, dirigido a su gabinete, a directores de empresas y organismos paraestatales, así como a servidores públicos en general, en el que el mandatario recordó que “todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”.
“Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”, escribió López Obrador en el documento que firmó en junio de 2019.
Una mentira y un engaño más de nuestro presidente.