No hay duda: vivimos tiempos de transición política y democrática en nuestro país. Todo eso, evidentemente, está ligado al triunfo contundente del presidente López Obrador en 2018. Aunque a la oposición no le guste, en México se ha instalado un camino muy importante para fortalecer la democracia a través de distintos mecanismos de participación. Eso, desde luego, está provocando cambios importantes a lo largo y ancho del territorio nacional. De hecho, el pueblo mexicano, en su gran mayoría, mandó un categórico mensaje el pasado 2 de junio que, naturalmente, habla del inmenso cariño que mantiene al proyecto de la Cuarta Transformación. Fueron, ni más ni menos, 36 millones de sufragios los que reivindicaron el respaldo irrestricto no solamente a la continuidad, sino a las políticas que propuso Claudia Sheinbaum durante la campaña.
Uno de esos proyectos, en definitiva, es la iniciativa de reforma al poder judicial en México. Dados todos los componentes que abordamos -a lo largo y ancho de estos espacios de opinión- concluimos que, hoy por hoy, los ajustes son inminentes. En los últimos años, de hecho, hemos visto a un poder Judicial sumamente extralimitado en sus funciones y, con ello, un esquema lleno de privilegios y mucha abundancia en los gastos excesivos para operar. De igual forma, no hay una balanza equilibrada en la impartición de justicia y la toma de decisiones. Eso, sin exagerar, es posible distinguirlo en meses pasados. Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, ha rebasado la línea de las facultades que le competen, especialmente para confabular en temas políticos.
Por democracia y por sentido común, el poder judicial necesita experimentar ajustes profundos para poder hablar de una auténtica división de poderes. Ricardo Monreal, de manera particular, desmenuzó los 16 cambios que se proponen reformar en esta iniciativa. Él, de hecho, es quien comanda los trabajos, tanto en la casa de transición de Claudia Sheinbaum, como en el parlamento abierto y los foros de análisis que se pondrán en marcha en varios puntos del país, pues el zacatecano -es prácticamente un hecho- será el coordinador de los diputados en San Lázaro. Eso significa que, en el momento preciso de la votación en septiembre, el principal protagonista para avalar en mayoría calificada el tema será Monreal.
Y lo digo de esa manera porque -lo que estamos viviendo- está sentando un precedente importante en la vida pública de México. De entrada, el proyecto tendrá el apoyo incondicional de la coalición Seguimos Haciendo Historia en el legislativo, es decir, de ambas cámaras legislativas. De igual forma, tiene respaldo total de la inmensa mayoría de la población. Antes de aplicar la encuesta, de hecho, justificamos el apoyo por la simple y sencilla razón de lo que aconteció en las urnas el pasado dos de junio. No solamente fue el voto de confianza a Claudia Sheinbaum, sino también a todo el Plan C. Inclusive, las propias encuestas que aplicaron un cuestionario con preguntas específicas de la iniciativa de reforma al poder judicial, fueron un mecanismo contundente que ayudó a legitimar el proyecto, lo cual suma a favor de la causa.
De acuerdo con las encuestas que publicó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la inmensa mayoría respaldó el proyecto. Puntualizando los datos, el 75% de la ciudadanía se inclinó por el voto democrático para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y, de paso, para modificar los puntos que se han divulgado ante la opinión pública. Sabemos que esa noticia, por mucho, le costará trabajo aceptarla a la oposición que, fiel a su estilo, ha salido a manifestar su rechazo. Algo está muy claro: no han asumido la dimensión de la votación que vivimos el pasado 2 de junio. La derecha, de hecho, sigue menospreciando el mecanismo plural y participativo que viene inherente en la democracia.
La demanda del pueblo es, por mucho, un cambio al paradigma de justicia en nuestro país. Por eso salimos el pasado 2 de junio a realizar largas filas en cada sección o casilla. Y como las mayorías deben ocupar un importante peso en la toma de decisiones, entonces que sea el pueblo de México el que decida el futuro del poder judicial. Lo hace, de hecho, votando por el ejecutivo federal y los puestos de elección en el legislativo. Eso sería democracia, apertura y pluralidad.
La buena noticia para el pueblo de México, sabemos, es la contribución plural que tendremos en la toma de decisiones. Será un reconocimiento para la democracia participativa en nuestro país. De hecho, lo que se viene construyendo, evidentemente, tendrá repercusiones positivas, pues el proyecto de reforma al marco constitucional, para el mes de septiembre, será una realidad al aprobarse con mayoría en ambas cámaras legislativas. Posterior a ello, está claro, vendrán tiempos de transición y democratización en la Suprema Corte de Justicia.
A propósito de ello, con esa participación social que ha manifestado el pueblo de México a través de los distintos mecanismos, se ratificó la necesidad que existe de reformar a dicho poder. El propio Ricardo Monreal, en ese sentido, respaldó la decisión que tomó la población en su inmensa mayoría. Dijo, entre muchos aspectos más, que actuarán con mucha responsabilidad y en apego al mandato del pueblo de México. Esta es la voz, sabemos, del próximo coordinador de los diputados en San Lázaro y, con ello, una pieza clave para concretar una de las prioridades del proyecto de la 4T que, ayer mismo, fue avalado por el 75% de los encuestados, de acuerdo con los datos que la misma Claudia Sheinbaum divulgó.
Siendo así, el pueblo de México decidirá, a la par del trabajo legislativo, y de un ejército de legisladores que están listos, el futuro de la iniciativa.