Probablemente, el nombre de Ariadna Fernanda será el de la primera mujer en ser víctima de feminicidio reconocida como responsabilidad del Estado, particularmente, de una Fiscalía omisa.
“Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia” ha sido un tipo penal poco utilizado. Reside en los Códigos cómo herencia ignorando que en algún momento, legisladores previeron la tentación corrupta de vender la justicia. Después de todo, el aparato penal era un vehículo de control político que ahora, cobra 99 por ciento de impunidad en denuncias de violencia familiar y 95 por siendo en casos de feminicidio.
Este viernes, de forma inédita, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvo a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, por delitos cometidos contra la procuración de justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido el 30 de octubre de 2022. El heredero y encubridor de Graco Ramírez guarda un amplio historial misógino en el que ha usado la institución con fines omisivos: Ariadna Fernanda, Dulce Gabriela, las mujeres que protestan, las desaparecidas, las muertas.
La detención fue lograda por elementos de la Policía de Investigación (PDI) y la Marina (Semar). El fiscal se ha escudado en un supuesto fuero constitucional para apelar a la impunidad. Busca para él lo mismo que administró a los agresores del empresariado y del mundo político a quienes libró de una investigación. Cientos de víctimas a las que se les negó la verdad y la justicia, que hoy lleva el nombre de Ariadna porque ella era capitalina y hubo alguien que profundizó en su asunto. Algo pocas veces visto cuando se trata de feminicidios.
A Uriel “N” se le acusa por los hechos en los que “entorpeció y desvió” las investigaciones por el feminicidio de la joven, que fue encontrada en los límites de la carretera que conecta la Ciudad con Morelos, en un episodio que generó discriminación y violencia de género en el caso. Decía la Fiscalía de Morelos que Ariadna se broncoaspiró y murió por su estado de ebriedad mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detallaba la última ubicación de ella en un departamento de donde su agresor, captado en video, la saca cargando inconsciente.
En el caso de Ariadna Fernanda, se obstaculizó la verdad y la justicia, en consideración de la Fiscalía capitalina, se daño la dignidad de la memoria de la víctima y revictimizó a sus familiares. Inclusive, se minimizaron las causas del hallazgo y la culpa de lo ocurrido fue adjudicada a la propia joven.
Un video cargado de dolo y violencia institucional resume la mirada con que las fiscalías atienden a las mujeres “No se encontraron huellas de violencia en la víctima (…)” Dijo Carmona. Que técnicamente la necropsia no era coincidente con un feminicidio y la causa de muerte era intoxicación alcohólica.
Nunca antes una Fiscalía, como la capitalina, se atrevió a castigar a los intocables. Algunos cuestionan su legalidad y el mismo Carmona ha tratado de victimizarse. Vale la pena recordar lo que nos reitera el jurista Francisco Burgoa:
1. El mes pasado, la Primera Sala de la SCJN determinó que el referido servidor público sí tiene, pero tratándose de delitos federales. Es decir, si a ese fiscal estatal se le imputan delitos federales, sí se necesitaría de un juicio de “desafuero” (declaración de procedencia) ante la Cámara de Diputados para retirarle el “fuero” y así, pueda ser aprehendido y puesto a disposición de las autoridades federales (Ministerio Público y Juez de Control).
2. Actualmente, el o los delitos que se le imputa(n) -y por el o los que fue detenido- es local (Código Penal de la Ciudad de México).
Por tanto, de conformidad con la Constitución de Morelos (artículo 136) no requiere “desafuero” (juicio de declaración de procedencia ante el Congreso de Morelos) y su detención es legal (desde el punto de vista estrictamente sobre que no tiene “fuero” para delitos del fuero común.
En su caso, le corresponderá a la defensa jurídica del fiscal verificar y acreditar que la orden de aprehensión, la detención y demás trámites y diligencias hayan respetado y garantizado el debido proceso (motivación y fundamentación).
Nadie que combata a los protegidos por la impunidad podría pedir la libertad de un fiscal que cometió crímenes a la vista de todos. Independientemente de que haya espiado a una candidata presidencial, Carmona representa el anquilosado sistema de violencia institucional que ha provocado la estadística de impunidad. Que sea él y sean todos los que han actuado igual. Que haya justicia para Ariadna Fernanda, para Dulce Gabriela y para todas las víctimas de un podrido sistema penal que ni con reformas de oralidad se pudo mejorar.