Se ha hecho evidente que el feminicidio de Ariadna López ha servido para la disputa personajes políticos y hasta fiscalías, pero más allá de quedarse en la superficie, e incluso en los hechos, del trágico feminicidio, se deben hacer algunas preguntas como por ejemplo ¿por qué se empeña un fiscal en no calificar como feminicidio lo que le sucedió a Ariadna?
Si analizamos brevemente lo acontecido, el cuerpo de Ariadna López fue hallado por ciclistas el 31 de octubre en una carretera dentro del municipio de Tepoztlán, Morelos. La Fiscalía de Morelos fue encargada de investigar el caso pues por la ubicación geográfica era su jurisdicción. Unas horas después, ésta determinó que la muerte de Ariadna derivó de una broncoaspiración y por lo tanto no sería un feminicidio.
Al principio la declaración de la fiscalía parecía una fabricación como la del caso Debanhi Escobar en Nuevo León, pues el cuerpo abandonado de una mujer en la carretera suele indicar otra cosa.
No conforme los resultados, la Fiscalía de la Ciudad de México se inmiscuyó en el caso y contradijo la versión del fiscal morelense asegurando que se encontraron traumas múltiples en el cuerpo de la joven, los cuales resultaron en la causa real de la muerte.
Tras la afirmación de la fiscalía capitalina, las autoridades de Morelos publicaron los resultados de una segunda necropsia. Los señalamientos de la fiscalía de la CDMX se sostienen principalmente en imágenes del restaurante donde se encontraba Ariadna horas antes de que su cuerpo fuera hallado, así mismo, existen también videos de la cámara de vigilancia del edificio donde la víctima habría pasado la noche y donde se observa a un sujeto, cuyo nombre después sabríamos es “Rautel”, cargar el cuerpo y subirlo a un coche para después abandonarlo.
Luego de conocer estas pruebas, es evidente que la fiscalía de Morelos debió de calificar el caso como feminicidio. Existen siete cáusales para que un homicidio sea considerado feminicidio. Dos de éstos son que haya existido, entre el activo y la víctima, una relación sentimental, afectiva o de confianza; y el otro, es que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Hasta aquí hay elementos suficientes para acreditar feminicidio en el caso de Ariadna, no obstante, según el peritaje no hubo violencia, aunque las autoridades capitalinas digan otra cosa.
Aquí vale la pena mencionar que, si bien la causa de muerte fue broncoaspiración, quizá por vómito derivado del consumo de alcohol, Ariadna estuvo en la casa de Rautel 15 horas en las cuales pudieron pasar muchas cosas. Últimamente se han hecho visibles los casos de mujeres que drogan en bares o a quienes les alteran el alcohol; hecho conocido como sumisión química, abriendo la posibilidad de que una mujer pueda morir por consumir involuntariamente sustancias nocivas como fue en el caso de un bar de la colonia Doctores con una menor de edad. Entonces, si esto también puede ser considerado violencia machista, y por lo tanto feminicidio ¿qué es lo que detiene al fiscal?
Resulta que el titular de la fiscalía de Morelos Uriel Carmona Gándara, designado en el 2018 durante el mandato de Graco Ramírez, ya había sido objeto de controversias en el pasado; algo totalmente predecible en una dependencia que tiene más de 95 por ciento de impunidad. Carmona fue duramente cuestionado en su más reciente comparecencia por el subregistro de feminicidios, ya que, en la entidad, de enero a septiembre de este año, solo 56 homicidios de mujeres fueron catalogados como homicidios dolosos. De igual manera, en el año 2020, durante el trágico asesinato de Samir Flores, activista del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, el Aire y la Tierra de Morelos, se registraron graves negligencias en la investigación realizada por la fiscalía, como la desaparición de datos de prueba y la obstrucción de la investigación de la CNDH y otras organizaciones de derechos humanos.
Aquí se argumentó que el fiscal pretendía proteger al crimen organizado que asesinó a la activista, pues dos años antes Gándara fue señalado por tener nexos con Guerreros Unidos. Sin embargo, fue hasta el 2021 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación en su contra, la cual a su vez, realizó una petición de desafuero en contra del fiscal por falta de exámenes de confianza. Y es bajo este contexto que el caso de Ariadna vuelve a poner bajo la lupa a un fiscal bástate cuestionado. Aquí persiste la pregunta ¿qué lo ha hecho sobrevivir en el cargo tras tanta polémica? siendo la respuesta, intereses políticos y económicos.
Detrás del fiscal no solo está el poder político que aún tiene Graco en el estado, sino también un grupo de 11 diputados locales del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, autodenominados como grupo G-11, quienes forman parte del equipo político del fiscal; mismos que por cierto votaron la designación de la cuñada del titular de la Fiscalía General del Estado Martha Sánchez Osorio como magistrada del Tribunal Superior de Justicia. De esta forma se podría intuir un uso discrecional de la Fiscalía, la cual tendría que ser autónoma. Y por si esto fuera poco, el mismo grupo ha planteado la desaparición de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del estado de Morelos para supuestamente tener el control de los recursos destinados a los municipios.
A esto se le puede agregar el factor de posibles intereses económicos respecto a la protección de Rautel N, quien tras su detención declaró ser “aduanero” y tener a su cargo empresas como Cargo Conexión System México S.A. de C.V., Mangueras Jason y RCF, y Asociados Seguridad Privada S.A. de C.V., las cuales son parte de Grupo Jason S.A. de C.V. Haciendo posible que Rautel tenga intereses económicos no solo con grupos políticos de Morelos, sino quizá con otras empresas en ese territorio.
Otro de los supuestos nexos que se presume tiene el fiscal, es con empresas energéticas españolas, pues recordemos que en el 2008 Felipe Calderón propuso convertir el estado de Morelos en un bastión de la producción de energía eléctrica, plan que continuó Peña Nieto y que derivó en el control de la empresa española Enagas y Elecnor, empresas para las que Samir Flores, activista asesinado, representaba un peligro, y a las cuales nunca se les investigó, pues el fiscal actual de Morelos prefirió conducir la investigación de manera opaca.
Aunque aún no se sabe con certeza cuál es el verdadero motivo respecto a la resistencia de llamarle feminicidio a un crimen que a todas luces lo es, poco a poco seguirá saliendo información y seguro develará intereses más profundos entre políticos, crimen organizado e intereses económicos.