Quizá uno de los temas que pasó a ser un punto de interés público ha sido, hasta ahora, la detención de seis jóvenes en Veracruz de manos de la autoridad local.
Se les acusa de agravio en una plaza comercial. Sí, con ese delito están a la espera de que se resuelva su situación; según los testimonios de la autoridad hubo una responsabilidad directa al tratar de “determinar“ una conducta que es catalogada inapropiada en el marco jurídico de Veracruz que señala el agravio como transgresión, incluso, el mecanismo hace poco fue reformado con algunas modificaciones del Legislativo local.
Por esa razón, el tema ha causado exacerbación entre la sociedad de Veracruz; de hecho, muchos abogados especialistas han fundamentado está facultad como anticonstitucional. En distintos casos se han interpuesto recursos debido a la situación ominosa que, incluso, ha sido constante en aquella entidad.
Desde septiembre distintas voces se han manifestado. En el caso de seis jóvenes, familiares de los detenidos acusan errores en el procedimiento; han dicho que hay muchas inconsistencias. Además de que no hubo garantías, hay elementos que justifican la extralimitación del Poder Judicial en aquel territorio donde se vulneraron sus derechos humanos.
Asimismo, el tema alcanzó un punto mediático a nivel nacional. De hecho, el propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció desde sus redes sociales que no quitará el dedo del renglón ante la ignominia. Dijo que interpuso un recurso en la CNDH para salvaguardar la razón que fundamenta el atropello y solicitó su intervención.
Estamos completamente de acuerdo desde este espacio de opinión que, la situación, fue un hecho desproporcionado. Por supuesto que hay abuso de autoridad con seis jóvenes que, incluso, no opusieron resistencia en el instante de ser detenidos.
Es preocupante que una situación de esta naturaleza tenga a merced de la autoridad a seis jóvenes por una ley rígida y peyorativa.
Por ello, la autoridad local de aquel estado tiene en sus manos resolver la situación de manera favorable. Si hay evidencias de que no hubo nada que pusiera en peligro la seguridad de los elementos, entonces deben actuar con prudencia y responsabilidad, sobre todo humanismo.
Hay seis jóvenes que tienen un futuro por delante. A fin de cuentas, acusados de un delito que, en la opinión de los expertos, es una situación anticonstitucional. Entonces la forma en que se actuó lejos de fortalecer las instituciones de seguridad en aquel estado, pone de manifiesto el vacío y los huecos que se han demandado en términos de libertad, justicia y democracia.
Por ello, me sumo al esfuerzo de la sociedad de Veracruz que exige justicia para seis jóvenes que fueron detenidos injustamente.
La ley no puede catalogar una rigurosa y punitiva jurisdicción cuando hay de por medio la violación a los derechos humanos universales. En tales casos, quizá una sanción económica o, tal vez la reparación del daño si es que existe, con algún trabajo comunitario dependiendo de la falta. Empero, someter ante las instituciones del estado un hecho que tiene un origen injusto y arbitrario, merece una eficiente salida, máxime cuando se nutren de inconsistencias.
Es tiempo de que la justicia social sea generalizada.
Mientras ese momento llegue, ¿qué pasa con la autoridad local en Veracruz? Es aquí donde la auténtica justicia debe de predominar para dejar de lado las prácticas de excesos porque, simple y sencillamente, es un reclamo social y colectivo para vivir en paz y armonía.
Es alarmante lo que pasa en Veracruz. Seguramente los jóvenes y familiares la están pasando mal; como sociedad tenemos la obligación de alzar la voz para aquellos sectores que lo necesitan. Hace unas semanas pasó y, sin lugar a dudas, hay una indignación generalizada. Tras ese hecho, la autoridad local no sólo está ocasionando un daño psicológico y moral, sino está coartando la posibilidad de que 6 adolescentes tengan un futuro correcto.
Javier Lozano en Twitter: @JavierLozanoMor