Ya estamos llegando a extremos que ni en la peor pesadilla llegamos a pensar podríamos arribar, con complicidad claro de las autoridades electorales del país, los cuales se han perpetrado abusando de esa mayoría legislativa que aberrantemente apropiada pone a la nación fuera del imperio de la ley, apartada plenamente del Estado de derecho, como en una selva, en la que no existe más norma que la voluntad de quienes tienen a sus órdenes a las fuerzas armadas para someter fieramente a quien sea que se atreva a protestar u oponerse a las arbitrariedades que cada día crecen en cantidad y sobre todo en dimensión e impacto caótico.
“Se acaba de blindar la Constitución para evitar que ni persona ni institución ,ni otro poder, pueda impugnar, denunciar o ampararse en contra de alguno de sus artículos reconociendo además que el poder de reformarla recae exclusivamente en el poder legislativo”, escribió en la red social X antes Twitter, la diputada federal por Morena, la abyecta Carmen Patricia Armendáriz, festinando lo que el Congreso de la Unión había aprobado minutos antes gracias a su ilegal mayoría.
¿Qué significa esa nueva reforma? Que Morena tendrá un poder supremo, más allá de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de los derechos humanos. Así de grave es lo que nuevamente, violando toda clase de obstáculos legales, han validado con su voto legisladores de Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
Aunado a lo anterior, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentaron sus respectivas renuncias en protesta por no estar conforme con las reformas al poder judicial. Se trata de Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez, y Luis María Aguilar. Y aunque la Constitución establece que los ministros sólo podrán renunciar por causas graves, y las renuncias deben ser aprobadas por la mayoría de los presentes de la cámara alta, la acción de los integrantes del alto tribunal obedece principalmente a estar en franco desacuerdo con las abyectas reformas que han deformado a nuestra carta magna, y para no ser cómplices de la consumación del burdo montaje por medio del cual los hoy mangoneantes de las decisiones fundamentales habrán de despejar el camino haciendo a un lado a jueces, magistrados y ministros que les estorban y a cambio imponer incondicionales que les validen sus sandeces con las que habrán de continuar destituyendo a la república que cada día es más una tiranía absolutista.
Ahora bien, al preguntarnos qué es lo que sigue después de los acontecimientos recientes tan vergonzosos como dramáticos que finalmente habría que señalarlos como ‘bárbaros’, ocurridos a partir de las determinaciones legales que han tomado en contra de las arbitrariedades legislativas un poder que todavía tiene una conformación como tal acorde a las normas vigentes en su momento y que pese a existir reformas que están en proceso debe respetarse en cuanto a sus decisiones, y me refiero claro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el detentatario de la autoridad del Poder Judicial de la Federación, el que ha determinado muchas cosas a favor de la legalidad que deberían haberse cumplido y no ha sido así por parte de autoridades que dependen del poder ejecutivo, es decir, infinidad de suspensiones otorgadas en plena jurisdicción por juzgados de distrito y tribunales de circuitos que han sido desacatadas, pero ahora, la más grave está a punto de ocurrir, cuando estamos en el momento fundamental a punto de surgir una resolución del alto tribunal que aprobará por ocho votos como debe ser; un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que establece que hay temas de la reforma a la legislación sobre el poder judicial federal -que es como se debe llamar correctamente-, que son incumplibles, son ilegales y son inacatables, repito inacatables, que no pueden acatarse porque van contra la constitución en global, contra la república y contra los derechos humanos fundamentales y esto generará un vuelco porque estará ordenando o reiterando lo que ya jueces y magistrados han dicho, que no debería estar publicada o deberían de haber estado ya retirada la publicación de la reforma.
Sin embargo, ya en forma directa, arbitraria, yo diría aviesa y perversa y criminal, porque es criminal violentar la Constitución que protestó cumplir y hacer cumplir, la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho públicamente que desacata y es más, han llegado al extremo de someter a consideración del Senado una moción o una consulta que ha sido aprobada, entre comillas, por votación calificada de esa que tienen de manera ilegal, espuria, y que ha determinado que tiene permiso de la presidenta de violar la Constitución, de no acatar las normas, y las leyes, los decretos que emanan de un poder judicial que insisto, está constituido y todavía vigente.
Lo que está por ocurrir es eso, que habrá una orden para que no se acate por contener severas situaciones que van contra toda norma constitucional, valores y derechos fundamentales, y que como se espera será desacatada tanto por la presidenta de la república como por las autoridades distintas que integran el poder público desde la rama ejecutiva.
¿Y qué es lo que lo que en todo caso estaría pasando? Si el asunto fuera bajo el imperio de la ley, del Estado de derecho, tendría que haber una determinación de desacato y una consecuencia y una sanción que iría desde la destitución, inhabilitación hasta penas incluso de cárcel. Pero como ya hay la determinación asumida y cantada de que no se va a cumplir, vamos a estar en el esquema de un autoritarismo rampante, dictatorial, basado en el anarquismo y el más radical esquema de absolutismo y de ruptura de toda norma en forma legal y republicana por parte de quien en teoría y en legalidad, entre comillas, encabeza el poder ejecutivo, sus gurús, y quienes están empoderados fuertemente alrededor de ella y la dominan; en este caso liderazgos camerales de su partido y los aliados a ese partido oficialista y del ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador, además de personajes que le son cercanos, que no solamente tienen rodeada a la presidenta sino que la están llevando, y quizá no muy obligada sino por motu propio a cometer una sarta de situaciones totalmente fuera de orden rayando en la barbarie.
¿Qué va a pasar? Es muy fácil advertirlo y hacer una premonición. Vamos a pensar que se acuda a instancias internacionales y que estas de manera pronta resuelvan, y resolverían lo más seguro, si es con base a derecho, reprochando y ordenando actuación diversa, acatando normas y decretos emitidos en el marco de la ley.
Pero no serán acatados, no serán atendidos, no serán tomados en consideración, serán como dicen popularmente, llamadas a misa, es decir, no van a aceptarlo y van a seguir en la más completa e impúdica situación de arbitrariedad, de prepotencia, de irresponsabilidad, y de todos los adjetivos que pudieran existir para narrar a quienes, como los que están ‘gobernando’, se asumen como omnipotentes, como monarcas, dictadores, propietarios de todo el poder de las decisiones y de las acciones públicas, sin obstáculo y sin equilibrio.
Lo que sigue puede ser el que para detener la destrucción de la república deba ya la población pasar de las manifestaciones a la rebelión que pueda incluso paralizar al país, quizá ya el único camino sea la desobediencia de las normas destructivas y el acatamiento de las normas que la conciencia cívica señale son las que están más apegadas a los genuinos valores constitucionales, a los derechos humanos fundamentales y a los principios de la búsqueda de la justicia más allá de las normas, haciendo cualquier cosa incluyendo desobediencia civil para recuperar nuestras libertades y derechos salvajemente pisoteados. Ya hubo una histórica ‘primavera árabe’ que hizo a un lado gobiernos opresores, ¿será quizá momento de un despertar cívico mexicano para recuperar a la patria?