Se dice que el tiempo se venga de aquello que se hace sin él. Las autoridades de Querétaro han olvidado esta máxima para indagar qué sucedió tras la matanza sufrida el sábado por la noche en el restaurante-bar Los Cantaritos de Querétaro. Un ataque en el que con perfecta maestría y en menos de 5 minutos, se abrió fuego dejando como saldo 10 personas sin vida, 7 hombres y 3 mujeres junto con otros 13 lesionados.

Mientras que tanto el gobernador, Mauricio Kuri, como el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, grillaban con motivo de la renovación de la dirigencia nacional del PAN, partido del que ambos emanan, Querétaro se cimbraba por las pérdidas y la magnitud de los hechos. Horas después del ataque, la camioneta de la que bajaron sicarios listos para abrir fuego en aquel lugar, fue encontrada completamente quemada, abandonada en El Marqués y con algunas partes ya calcinadas. Se dice que hay una persona detenida, pero también se han dicho atrocidades por la premura.

En un video, Fernando Macías aseguró que tenía el objetivo de evitar rumores y la generación de miedo y caos, pero en el mismo video, el presidente municipal aseguró que “el ataque [fue] dirigido a delincuentes y que es derivado de la violencia que se vive a nivel nacional”. Una declaración gravísima, que en menos de 24 horas siguientes a la tragedia es imposible de sostener por dos razones: Entre los acribillados, había jóvenes estudiantes, trabajadores y muy nobles que jamás en su vida han estado vinculados a ningún tipo de célula o acto criminal.

Hubo víctimas inocentes que no tienen nada qué ver con la delincuencia

Uno de ellos, familiar de otra compañera columnista en este medio, a quien se le debe no sólo el pésame sino las disculpas oficiales para toda su familia por tremendas acusaciones.

La segunda es que los presuntos responsables portaban placas de Guanajuato, otra entidad hundida en el crimen, la desolación y líder de homicidios.

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¿Acaso no es miserable justificar las muertes, sugiriendo que algo habrían hecho, como ser delincuentes, para merecer ese final? No sólo es miserable sino también es violatorio de todo tipo de derechos y estándares internacionales, pues, por un lado, el debido proceso implica que cualquier autor de un delito merece ser juzgado y condenado por tribunales competentes, y solo aquellos pueden calificarlo como “delincuente”. Es decir, que ningún presidente municipal tiene derecho a violentar a los asesinados, calificándolos como supuestos delincuentes, en primera porque no le consta ya que ninguna Fiscalía ha señalado que los asesinados tuvieran al menos acusaciones abiertas y menos aún, brindar como respuesta a las familias que buscan justicia la criminalización de sus caídos.

Sin deberla, sin temerla y únicamente para satisfacer el ánimo golpista-político de gobernantes que han perdido la brújula sobre sus principales responsabilidades que son el garantizar seguridad y justicia.

La violencia de Guanajuato se expande a Querétaro

Si es que a las autoridades de Querétaro les pudiera interesar entender lo que está sucediendo, dejarían de tratar de hacer política con la tragedia para identificar que el fenómeno violento tiene una expansión territorial por el Bajío y que los incidentes se han incrementado desde las dinámicas violentas que se sufren en Celaya, Silao y zonas controladas por los cárteles de Santa Rosa de Lima, de donde emana “El Marro” y cuyo hijo fue liberado por órdenes de un juez de Querétaro en junio de este año. Luis Antonio Yépez Cervantes, alias “El Monedas”, hijo de José Antonio Yépez Ortiz, había sido detenido el 7 de enero.

La disputa criminal tiene más que ver con las dinámicas locales de otro Estado, por cierto, gobernado también por Acción Nacional que con la violencia nacional que si bien, existe y se ha mantenido en el ojo del huracán, en el caso concreto apunta a cárteles originarios de esa región.

El Cártel de Santa Rosa de Lima no ha dejado de fortalecerse, paradójicamente, con todo y las detenciones a sus líderes. Justo hace un mes, el día 2 de octubre, fue detenido el jefe de plaza de este Cártel conocido como “Don Pedro”, quien principalmente coordinaba robos de hidrocarburos y extorsiones. Este Cartel ha construido una alianza duradera con el Cártel del Pacífico, manteniendo en disputa el control de Guanajuato contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que el hecho acontecido hace un mes fue un golpe directo para Karem Lizbeth Yépez Ortiz, alias “La señora” jefa de “Don Pedro”, quien operaba en Dolores Hidalgo, hermana también de José Antonio N “El Marro”, fundador del Cártel de Santa Rosa y detenido desde agosto del 2020.

En suma, tanto el gobernador Mauricio Kuri como el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, deberían tener estatura moral y política frente a estos crímenes, entendiendo que ni el gobierno federal es su adversario ni tienen tampoco una intención distinta: pacificar el país y hacerlo mediante estrategias que no detonen más violencia. A primera hora tuvieron que realizar un llamado con miras a una investigación conjunta que les pudiera permitir llegar a conocer los hechos garantizando el derecho a la verdad de sus gobernados, antes que lanzar a diestra y siniestra acusaciones y calificativos en contra de la presidencia y las autoridades federales pues al momento de tener miedo o sufrir actos delictivos, a ninguna víctima se le pregunta si estaba a favor o en contra de un partido o de otro. Lo mínimo que se espera, señores queretanos, es respeto a las víctimas y colaboración para que lo sucedido en Los Cantaritos no vuelva a pasar.