Ricardo Monreal ha utilizado la mencionada pregunta, en el diario español El País, para intentar plantear algo así como una controversia de controversias entre los poderes judicial y legislativo.
Creo que Monreal se quiere pasar de listo al afirmar que no hay salidas, basadas en el marco legal vigente, a la disputa por el presupuesto del poder judicial.
Don Ricardo seguramente leyó aquella historia de la paradoja del caso judicial de Protágoras, quien aceptó como estudiante a un muchacho pobre, Evatlo.
Protágoras cobraba sus clases, faltaba más. Como el joven de escasos recursos no tenía dinero, este se comprometió a pagar las enseñanzas cuando ganara su primer pleito. Pero Evatlo, para no cumplir con lo pactado, se negaba a participar en cualquier litigio.
Desesperado porque su exalumno no le pagaba, Protágoras lo demandó. El joven, vivillo como era, respondió la demanda con estas palabras:
“Si ganas este pleito, yo no habré ganado ningún caso, por lo que según lo pactado, no tendré que pagarte; pero si el pleito lo gano yo, entonces, en cumplimiento de la sentencia, tampoco tendré que pagarte”.
Protágoras, hombre listo, vio las cosas de manera diferente:
“Si yo gano el pleito, tendrás que pagarme en cumplimiento de la sentencia; pero si el litigio lo ganas tú, ya habrás ganado tu primer caso y entonces, según el acuerdo, tendrás igualmente que pagarme”.
Las paradojas son siempre interesantes. Mi favorita es la de Epiménides, el cretense, cuando dice: “Todos los cretenses son mentirosos”. Entonces, ¿lo que sostiene el cretense Epiménides es verdad o mentira?
Me encanta tal paradoja, pero es falsa porque parte de un hecho imposible, que todos los cretenses mienten. Hasta en la lógica debe haber, pues eso, cierta lógica. También es falsa, por inviable, la controversia de controversias que plantea Ricardo Monreal. Veamos por qué.
La pregunta que ha hecho Ricardo Monreal —”¿quién juzga al juzgador?”—, parece inteligente y lo es, pero no aplica en el actual contexto: el de la disputa por el presupuesto del poder judicial.
Por inaplicable, entonces, es una mala pregunta la de Monreal, ya que no nadie está planteando una reforma que modifique los procedimientos establecidos para evaluar, a través del Consejo de la Judicatura, el trabajo de jueces y juezas.
Estamos ante algo mucho más vulgar que la versión 4T de la paradoja de Protágoras: un pleito, en realidad un pleitazo, por el dinero.
Se trata, como casi siempre, del dinero maldito que nada vale —pero que, ni hablar, necesita el poder judicial para operar y pagar a su personal—; eso es lo que se encuentra en el centro del “diferendo histórico y memorable” entre poderes del que habla Monreal.
A Monreal el problema le parece sin solución con el marco legal existente, ya que quienes tendrían que resolver el conflicto —ministros y ministras dela SCJN— en última instancia son personas a las que afecta el recorte de 15 mil millones de pesos al presupuesto del poder judicial. Es decir, habría un conflicto de intereses. No estoy seguro de que así sea, pero es lo que el zacatecano argumenta.
Cito a Ricardo Monreal: “¿Dónde está el problema inconstitucional?, en que los ministros son a la vez juez y parte. Juez y parte interesada en la acción de constitucionalidad que promoverán los legisladores de la oposición”.
Para Monreal una posible salida estaría en que la corte suprema, por conflicto de intereses, se abstuviera de decidir sobre la controversia. Pero el exaspirante presidencial de Morena rechaza de inmediato tal solución porque no hay otra institución legalmente calificada para analizar situaciones que podrían violentar la Constitución. Desde luego, Monreal, también por conflicto de intereses, rechaza que la última palabra la tenga el poder legislativo.
Según Monreal, ante tan gigantesco problema —”un problema constitucional mayor”, así lo califica—, la última instancia tendría que ser “un plebiscito, un referéndum o una consulta ciudadana”.
Pero, en realidad, Ricardo Monreal lo que propone es una falsa salida al laberinto. Porque, ¿cuándo tendría que celebrarse la consulta? ¿Al mismo tiempo que las elecciones presidenciales de 2024? ¿En el 2027? ¿2030?
Supongo que Monreal, en sus tiempos de senador, participó en la reglamentación de las consultas populares. Recordará, entonces, que no podrán ser actos susceptibles de consulta los ingresos y gastos del Estado, que es de lo que estamos hablando: precisamente de los ingresos y gastos del poder judicial.
Y, además, por ley corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta —ya lo sabemos: tendrían que ser muy irracionales quienes integran la corte para aprobar algo que perjudica a ministros y ministras y a miles de personas que trabajan en los juzgados—.
Estoy suponiendo que los recortes perjudicarán a todo el poder judicial y no solo a la corte suprema porque, está a la vista, hay descontento —un enorme descontento— entre la gente que trabaja en los juzgados federales.
La verdad de las cosas es que la salida no debería estar solo en el terreno de las controversias constitucionales que, sin apoyo estadístico, solo enrarecerán mucho más el ambiente. La solución la veo en la ingeniería industrial.
La ministra presidenta Norma Piña debería ya estar contratando a un despacho especializado en procesos de reingeniería —con prestigio internacional— para demostrar, en forma muy transparente, cuánto es adecuado recortar al presupuesto del poder judicial sin afectar su operatividad y sin dañar los derechos laborales de miles de empleados y empleadas en activo o que se han jubilado.
Ya teniendo en sus manos datos técnicos irrefutables, por así llamarlos, la corte suprema podrá decidir sin temor a equivocarse no sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del recorte —lo jurídico, por relevante que sea, a veces no es lo más convincente—, sino sobre la conveniencia o inconveniencia para la nación de quitarle 15 mil millones de pesos, y quizá bastante más, a un poder del que tantas cosas dependen.
De lo que se trata es de convencer a un tribunal más alto que el llamado alto tribunal, —la opinión pública—y para ello la ingeniería de procesos puede ser más valiosa que profundas argumentaciones en abogañol acerca de lo que dice o no dice la carta magna.
Por cierto, lo que menos necesita la SCJN es dividirse, que parece ser la intención de algunos columnistas —como Pablo Hiriart, de El Financiero— que insisten en enfrentar al expresidente del poder judicial, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con la actual presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
El actual reto la corte suprema lo atiende unida o, de plano, será vencida.