El tsunami de comentarios negativos del día 7 de febrero hizo eliminarlos al community manager de la cuenta en Facebook de Administración Portuaria Integral (API), en Baja California Sur. Incluso, bloqueó a usuarios que se manifestaron en la publicación que daba la bienvenida al primer crucero en 2022.
La reacción fue natural. La publicación se da en medio de una guerra mediática. Están los procruceros, integrados por grupos corporativistas interesados en que se construya un muelle junto a infraestructura turística-portuaria que no solo permitiría la llegada de más cruceros a La Paz, sino ofertaría servicios de hospedaje, alimentación, paseos a las áreas naturales protegidas o nado con tiburón ballena. Ven en la bahía de La Paz varios ceros más para sus cuentas de banco.
Por otro lado, un grupo amplio de la sociedad local paceña, compuesto por académicas, activistas de movilidad, profesores, artistas, estudiantes, prestadores de servicio para el avistamiento de tiburón ballena y empresarios o agrupaciones como Colectivo Torpedo, no aceptan la visión que se intenta imponer sobre el tipo de desarrollo para la ciudad. Ven más daños ambientales y sociales que un real desarrollo de la capital de la entidad.
La calurosa bienvenida de API a estos grandes hoteles flotante desató la oleada de comentarios contra la empresa del Gobierno de Baja California Sur, dirigida por Narciso Agúndez Gómez. Al día siguiente, la censura se hizo presente: ¿Acaso dieron la orden borrar todo indicio negativo al proyecto heredado del gobierno panista de que Pichilingue pase a manos de una transnacional de cruceros?
Lo cierto es que Aquamayan Adventure SA de CV, ligada a ITM Group y Carnival Corporation, ya tiene su concesión portuaria en la bolsa. Una vez que ganó el concurso público APIBCS/CRUCEROS/01/20, el 24 de noviembre de 2020, la empresa entregó una póliza de fianza a API BCS por 26 millones 370 mil pesos. Aunque en entrevista en Diario El Independiente, el director de la paraestatal dijo se dio en garantía cerca de 40 millones de pesos.
Aún sin una autorización ambiental parece que la compañía Aquamayan Adventures ya arriesgó mucho capital. No creo que quieran perderlo, pero la resistencia ciudadana en torno al muelle para cruceros será decisiva en sus planes financieros. El Gobierno de México será quien decida con base a las observaciones de una sector social de La Paz y los argumentos de los procruceristas.
En San Carlos, en Comondú, donde quiere API construir otro mulle para estos buques turísticos, también se preguntan cuál será su futuro porque sus actividades pesqueras y de ecoturismo pudieran verse afectadas con la llegada de cruceros a esa zona, un área que al exgobernador Narciso Agúndez Montaño le interesaba desarrollar.
La herencia de los gobiernos neoliberales del pasado está presente hoy gracias a las reformas portuarias de los noventas. Al cobijo de estas modificaciones, los proyectos concebidos en la administración de Carlos Mendoza Davis sobreviven.
Aquí debe poner el gobernador Víctor Castro Cosío, porque la crispación social y mediática no viene del ala conservadora, viene de la ciudadanía organizada que desea participar en cómo debe desarrollarse La Paz sin destruir con los paisajes naturales.