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La Secretaría de Gobernación encabezada por Luisa María Alcalde, publicó el pasado 7 de septiembre un proyecto de reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que entre otras cosas suprimiría los “sorteos de números o símbolos a través de las conocidas como máquinas tragamonedas”.
La nueva legislación que se presentará ante el Congreso para su análisis y discusión ha causado el rechazo de empresarios de casinos y “sus voceros de la prensa como el columnista Mario Maldonado” porque ven en esta medida la pérdida de un gran negocio, sin tomar en cuenta que este proyecto se está haciendo por la gran adicción que generan este tipo de apuestas que pueden llegar a la ludopatía y que muchas de estas máquinas tragamonedas no solo se encuentran en las casas de juego legales sino también en mercados y papelerías de muchas ciudades del país donde tienen acceso a estos menores de edad.
Las autoridades gubernamentales argumentan que ese tipo de artefactos de apuesta no están permitidas por la Ley Federal de Juegos de Azar “que sólo autoriza el dominó, ajedrez, damas, bolos, billar, dados, boliche y sorteos- y que el poder legislativo no ha hecho cambios desde 1947″.
En la exposición de motivos del proyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias (Conamer) por parte de la Secretaría de Gobernación se explica que “El Estado mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, evitando los efectos potencialmente dañinos del juego con apuesta y azar que puedan impactar en la niñez, la adolescencia, la juventud del país y sus adultos mayores, así como el daño que se llegue a generar a las personas con discapacidad mental o psicosocial o aquellos que sufren alguna enfermedad o adicción, como lo es la ludopatía o el trastorno del juego”.
Sería conveniente recordar que las máquinas tragamonedas que funcionan en los casinos fueron legalizadas en el sexenio del presidente Felipe Calderón y avaladas en 2016 por decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia.
La propuesta para reformar la legislación en materia de juegos y sorteos no sería retroactiva por lo que los 444 casinos que operan actualmente en el territorio mexicano podrán mantener sus máquinas, pero solo durante la vigencia de sus permisos. Esto significa que los establecimientos seguirán teniendo ganancias por ese nicho de negocio y seguirán aportando al fisco
El periodista Mario Maldonado en su columna del pasado jueves 21 de septiembre en el periódico el Universal de nombre “La 4T alista ‘golpazo’ a casinos y empresas de juego” sostiene erróneamente “que las tragamonedas representan un negocio de alrededor de 15 mil millones de pesos al año para los operadores. Pero, además de la pérdida que significará para la industria, estos juegos generan unos 4 mil 700 millones de pesos de ingresos para el erario público, que dejarán de percibirse. Sin embargo, lo que no está tomando en cuenta el autor de la columna es que la legislación que se propone no es retroactiva y no significaría por el momento pérdidas para sus “clientes” ni para el fisco y que esta propuesta es para prevenir adicciones, problemas sociales y daños a la salud mental de muchos mexicanos.
Existen actualmente permisos vigentes que incluyen 408 casinos adicionales los cuales no están en operación, sin embargo, si entra en vigor la nueva ley de juegos y sorteos y si se abren estos centros de apuesta ya no podrán tener “máquinas de sorteos”, misma restricción que aplicará para prórrogas de permisos o nuevas autorizaciones.
El proyecto de ley de juegos y sorteos también contempla que los permisionarios ya no tendrán derecho a entregar para su explotación de su concesión a un operador, con lo que se acabaría con las malas prácticas que suceden actualmente donde un grupo que tiene contactos e influencias obtiene un permiso para un centro de apuestas y este lo entrega mediante una renta a un operador.
En México hay 26 empresas que son dueñas de los 386 casinos registrados en los archivos de la Secretaría de Gobernación, los cuales reportan ingresos de hasta 5 mil millones de pesos al año, de acuerdo con información del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que es necesario que estos negocios funcionen de forma adecuada y no se ponga en riesgo esta actividad económica y los más de 45 mil empleos directos y 130 mil indirectos que genera este giro empresarial.
El corporativo de origen hispano Codere es el mayor operador de juego en México, operando de antes del inicio de la pandemia, al 31 de marzo de 2020, un total de 21,401 máquinas, 742 terminales de apuestas deportivas y 10,965 puestos de bingo en 95 salas y 93 puntos de apuestas deportivas y un hipódromo, además de juego online. Asimismo, la compañía cuenta con una concesión, renovada en 2018, para la operación del Complejo Las Américas, de entretenimiento en la Ciudad de México, que incluye el Hipódromo de las Américas, el parque familiar Granja las Américas y el Centro Citibanamex, el espacio de convenciones más grande de Latinoamérica (que, de conformidad con un acuerdo de externalización ejecutado el 1 de junio de 2013 y renovado en 2019, está operado por CIE, Compañía Interamericana de Entretenimiento).
Codere, a través de su filial Codere México, se ha hecho con el 100% de las filiales denominadas ‘controladoras y permisionarias conjuntas’ al adquirir al Grupo Caliente el 32,7% del capital de las mismas que no controlaba por 26 millones de dólares.
Desde hace algunos años Las Vegas ya no es el destino obligado para los mexicanos que buscan en los juegos de apuestas dinero fácil o que simplemente quieren vivir un estallido de adrenalina pura, aunque en el intento pierdan hasta la razón.
Es deseable que la Reforma a la Ley de Juegos y Sorteos propuesta por la Secretaría de Gobernación prospere para que haya una efectiva prevención de la adicción al juego que evitaría en la medida de lo posible la ludopatía y conflictos sociales además de frenar las malas prácticas de concesionarios de casinos.