El tema de la reforma al poder judicial ha dado mucho de qué hablar, y por lo visto, seguirá dando.
De todas las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador es la más importante, la madre de las reformas, me atrevería a decir.
Cuando se apruebe y se ponga en marcha tendremos un antes y un después en la justicia de nuestro país. Ni duda cabe.
Por ello, el tema de la elección mediante el voto popular de ministros, ministras, jueces y magistrados ha hecho que se levanten una enorme cantidad de voces, a favor y en contra, y nos ha llevado a vivir uno de los capítulos más importantes del México moderno: los encargados de impartir justicia están en paro indefinido e incluso han salido a marchar.
Están en su derecho de hacerlo, como cualquier ciudadano común. Lo grave es que hay temas pendientes que se están empolvando y aunque se dice hay guardias y que se está atendiendo lo urgente, habría que preguntar precisamente qué es “lo urgente”, pues de sobra sabemos que la justicia en México no es equitativa, la mayoría de las veces los jueces, magistrados, magistradas y todos los encargados de defendernos invisibilizan la violencia, alimentan las voces racistas y clasistas, criminalizan la pobreza y están muy lejos de dictar sentencias con perspectiva de género, dejando de lado también los derechos humanos de migrantes, discapacitados y a miembros de la comunidad LGBTI+.
Desde esa óptica me permito hacer un paréntesis para apuntar que pese a que se realizaron foros y conversatorios para que los y las mexicanas conociéramos en qué consiste la madre de las reformas, el tema se ha centrado en la elección popular de los juzgadores, sus exorbitantes salarios, la corrupción, pero poco o nada se ha dicho de un problema toral: la justicia para las mujeres no existe o no como debiera.
Mientras todos se debaten en si es correcto o no que se elijan a los togados y a todos los encargados de impartir justicia, hay miles de mujeres que siguen siendo revictimizadas al denunciar una agresión sexual, algunas más son víctimas de violencia vicaria, obstétrica o institucional y millones más están presas siendo inocentes, esperando una justicia que nunca llega, acabando con su salud física y mental e incluso con su vida.
No puedo dejar de mencionar a las mujeres que han visto salir de la cárcel a su agresor y viven con el terror de volvérselo a topar o que incluso pueda matarlas.
El caso de la saxofonista María Elena Ríos, que todos conocimos gracias a la difusión que ella misma dio a través de las redes sociales, nos indignó, pese a que el agresor no salió de prisión debido a la presión social. De no ser María Elena un personaje público, Vera Carrizal estaría en la calle y ella recluida en su casa o pidiendo asilo en otro país porque eso es lo que ocurre en un mundo plagado de injusticias: el agresor en libertad y las víctimas recluidas, ya sea en su hogar (que termina siendo su propia cárcel) o escondidas en algún otro sitio, donde nadie, ni sus más cercanos, puedan encontrarlas.
Tampoco podemos olvidar el sufrimiento de la madre de una pequeña de cuatro años que fue terriblemente revictimizada después de haber sido agredida sexualmente y el violador puesto en libertad porque el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, con sede en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, argumentó falta de pruebas, ya que la niña no supo decir ni la hora ni el lugar en que se cometió el delito.
Y puedo mencionar muchas tragedias más, como las que viven mujeres indígenas que ven violentados sus derechos humanos al ser juzgadas sin traductor y aquellas que no saben leer ni escribir y se les niega la lectura de su caso para conocer a fondo de qué se les acusa.
La lista es interminable y es, como dije, una tragedia que no se contempla ni por asomo en la reforma al poder judicial, que se ha centrado en temas que, aunque no son menores, no se enfocan en garantizar la justicia para todos y todas, algo impensable en estos momentos, donde celebramos la próxima llegada de una mujer a la presidencia de México.
Finalizo con las siguientes interrogantes: ¿elegir a jueces, ministros y magistradas en las urnas nos va a garantizar que al fin se imparta la justicia con perspectiva de género? ¿Se acabará la misoginia judicial e institucional? ¿Nos sentiremos protegidas y seguras?
Lo dudo. Ojalá me equivoque.