La iniciativa presidencial para la reforma de Estado, disfrazada de reforma electoral para disminuir costos y mejorar la democracia será rechazada por el pleno de la Cámara. Cuestión de días para que se materialice. Impensable que un proyecto con tales implicaciones para la democracia mexicana fuera aprobado. El proceso legislativo ahora se traslada al plan B, bajo el supuesto de que la coalición gobernante tiene los votos suficientes para su aprobación.
No es tan simple. Lo que el presidente da por válido no necesariamente tiene aval de sus aliados, el PT y PVEM que, de haberse aprobado la reforma constitucional y debido a la exclusión de la pluralidad del Senado y su marginación en la Cámara de Diputados, hubieran sido los grandes perdedores. El tema que complica es el de la reducción del financiamiento, que también les afecta de manera directa.
Para un partido gobernante el tema del financiamiento adquiere otra dimensión por la reiterada práctica de desviación de recursos públicos para objetivos políticos o el financiamiento de campañas. Para mejor evidencia, la movilización del 27 de noviembre. El tamaño de la concentración es igual que el monto de recursos desviados, más allá de una posible e importante presencia espontánea o través de estructuras corporativas o clientelares.
Los partidos se han vuelto adictos al dinero. De hecho, los recursos destinados a las campañas casi siempre son desviados por las propias dirigencias. Los candidatos, casi todos, deben recurrir a otras fuentes de financiamiento, no siempre legales, en algunos casos de origen criminal, especialmente en las elecciones municipales. El gasto electoral crece y se vuelve crítico ante la competencia. Estudios en la materia señalan que el dinero ilegal en campañas es del orden de 80% y a ningún partido excluye, porque se trata de ganar a toda costa.
Llama la atención que el Congreso y casi todas las legislaturas de los Estados omitieran el mandato del constituyente de legislar en materia de género derivado de la reforma constitucional de 2019. El INE y el Tribunal han cubierto dicho espacio, situación indebida porque corresponde al Congreso. La equidad para la elección de cargos unipersonales se ha resuelto a contrapelo del derecho de ser votado, criterio promovido por el INE y avalado por el Tribunal, a pesar de que una decisión de tal gravedad no les corresponde. Pero la prioridad de los partidos, del presidente y de los legisladores está en otros temas. Se espera, al menos, que por la vía legal también se atienda el tema de la reelección inmediata de legisladores, asunto pendiente de normar.
Con los tiempos encima plan B habrá de presentarse en breve. Al menos el diputado Ignacio Mier ya atemperó la audacia presidencial, por decirlo con amabilidad, de modificar la manera de elegir consejeros y magistrados, así como reducir y cambiar la integración de las Cámaras mediante legislación ordinaria. Queda claro que ante las pretensiones originales del presidente no hay mucha tela por cortar sin modificar la Constitución, porque la desconfianza de los partidos hizo llevar la norma suprema a detalle la normatividad electoral a manera de blindarla de la amenaza de que una fuerza pudiera cambiar las reglas del juego, como es el intento de López Obrador.
Aun así, el daño que pueda hacerse al INE y al Tribunal puede ocurrir; asimismo, obstruir las atribuciones de las autoridades para sancionar a partidos y candidatos por violaciones a las normas en materia de financiamiento. Es evidente que no todo el plan B debe rechazarse. Ideal es que las decisiones se hicieran con el concurso del INE y de la pluralidad, hipótesis difícil, resultado del desencuentro y de la posición del presidente respecto al Consejo General del órgano electoral y la descalificación de la oposición.