La reciente renuncia de los cinco integrantes del Comité de Evaluación Judicial ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre su compromiso con la transparencia y la democracia en México. Esta dimisión se produjo tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de instruir al Senado para que, mediante insaculación, seleccione a los candidatos para jueces y magistrados que participarán en las elecciones de junio.
El Comité, encargado de garantizar un proceso de selección imparcial y profesional, argumentó que su labor se había vuelto “inviable” debido a resoluciones del TEPJF que, según ellos, socavaban su función. Sin embargo, esta postura ha sido interpretada por muchos como una evasión de responsabilidades en un momento crucial para la implementación de la reforma judicial que busca democratizar la elección de jueces en el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del TEPJF, enfatizando la importancia de salvaguardar los derechos de los aspirantes y asegurar la continuidad del proceso electoral. “Me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga, bueno, pues si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o al Ejecutivo, un mecanismo que permita que se salvaguarde el derecho de los que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta”, declaró Sheinbaum.
La renuncia del Comité no solo pone en entredicho su compromiso con la reforma judicial, sino que también amenaza con entorpecer un proceso destinado a fortalecer la democracia y la transparencia en el sistema judicial mexicano. Al abandonar su responsabilidad en un momento tan crítico, el Comité de Evaluación Judicial parece anteponer sus diferencias internas a los intereses de la nación y al avance de un sistema judicial más participativo y representativo.
Es imperativo que las instituciones y sus representantes actúen con responsabilidad y compromiso, especialmente cuando se trata de reformas que buscan mejorar la justicia y la democracia en México. La renuncia del Comité de Evaluación Judicial, en lugar de ser una solución, se percibe como un obstáculo que podría retrasar y complicar un proceso esencial para el país.
En este contexto, la intervención del Senado, siguiendo la instrucción del TEPJF, se presenta como una medida necesaria para garantizar que el proceso de selección de candidatos continúe y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones judiciales. Es momento de que todas las partes involucradas demuestren su compromiso con la democracia y el estado de derecho, anteponiendo el bienestar de la nación a intereses particulares o institucionales.