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El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días que Altán Redes, que es la empresa encargada del proyecto de conectividad de Red Compartida en el país, se convertirá en la primera firma rescatada por el Gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente de México confirmó que gracias a la injerencia de su Administración han logrado sacar a la compañía de las garras de la bancarrota.
“Estaba en quiebra, les entregaron créditos de Nacional Financiera, en el sexenio pasado tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos, ya es de la nación, ya el Estado es socio mayoritario”.
El rescate del proyecto de telecomunicación es necesario para que México pueda cerrar la brecha digital y el país pueda alcanzar un desarrollo económico equilibrado y más justo.
El mandatario no precisó los montos del rescate financiero, sin embargo, fuentes cercanas al proceso estiman que se inyectará, al menos por parte de la banca de desarrollo, unos 150 millones de dólares para reflotar sus finanzas y garantizar su operación.
El proyecto de Red compartida de telecomunicaciones para llevar conectividad al 92.2 por ciento de la población y que fue concesionado por gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a la empresa Altán y financiado en gran parte por la Banca de desarrollo, estaba en riesgo de no concluir debido a la fragilidad financiera de la compañía que ganó la licitación.
La empresa mexicana de telecomunicaciones que tiene a su carga el proyecto de conectividad más ambicioso del país y que dirigía hasta unos meses el empresario de origen español Salvador Álvarez Valdés, se encontraba en una mala una mala situación financiera por lo que pidió en mayo del 2021 rediseñar el plan y prorrogar sus objetivos del 2024 al 2028.
Hasta el pasado mes de diciembre, el proyecto de Red Compartida de Altán alcanzó una cobertura de red del 61.1%, equivalente a 68 millones de habitantes, mientras que el restante 30.71%, es decir, 34 millones de personas serían alcanzados en siete años.
El proyecto de telecomunicaciones fue diseñado bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) y contaba con un espectro nada envidiable, muy pocos clientes y una deuda que supera los 850 millones de dólares y está muy lejos de llegar a la meta de que el 92.2 por ciento de los mexicanos estén conectados a la red.
El proyecto de la Red Compartida nació bajo el esquema de APP y consiste en una red móvil 4G orientada a dar servicio de buena calidad y bajo precio para llegar a zonas no alcanzadas por los operadores tradicionales y cuyo modelo de negocios es exclusivamente mayorista. La idea era que los distintos operadores de telecomunicaciones se apoyaran en esa nueva infraestructura para dar sus servicios. Altán obtendría sus ingresos de la venta de la capacidad de esa red y llegaría a todo México.
La construcción del proyecto de telecomunicación exigía una inversión total aproximada de 7 mil millones de dólares, y cuando esta obra estuviera completada en 2024 daría cobertura a 92.2% de la población para tener acceso a la red de banda ancha más moderna y eficiente en el mercado mexicano y a nivel internacional.
El esquema financiero del proyecto de Red Compartida Mayorista fue respaldado en 30% por la Banca de desarrollo; 33% por inversionistas privados nacionales y extranjeros y 37% por aportaciones que realizaron las firmas Huawei y Nokia.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmaron un contrato de crédito en 2016 con Altán Redes para participar en el financiamiento del proyecto Red Compartida mayorista de telecomunicaciones en México, a través de créditos que, de manera conjunta, ascendieron a 17 mil 750 millones de pesos a plazo promedio de 13 años.
En noviembre del 2021, la Juez Séptimo en Materia Civil de la Ciudad de México declaró a Altán Redes en concurso mercantil, lo que permitió a la compañía continuar con su reestructura para reorganizar sus compromisos financieros. La prioridad era dar continuidad a la operación de su red y de los servicios de telecomunicaciones a clientes y usuarios finales.
El acuerdo judicial mencionó a 60 acreedores iniciales, a quienes se les sumaron otras empresas que acreditaron sus derechos ante el conciliador nombrado por el Ifecom.
Entre los acreedores están el Banco Interamericano de Desarrollo, China Development Bank, Huawei, Nokia, AT&T e ICA-Flour, entre otras.
La empresa privada de telecomunicación tenía proyectado para este año desplegar infraestructura de punta para dotar de cobertura al 70% de la población mexicana, incluyendo mediante un agresivo programa de cobertura social a zonas de alta marginación y exclusión digital a nivel nacional para cubrir a 122 mil localidades de 250 a 5 mil habitantes.
Actualmente el proyecto de conectividad ya opera para 79,735,980 personas, está disponible en 87 pueblos mágicos, 56 mercados comerciales y la red sigue en crecimiento. De acuerdo a los últimos datos generados en mayo de 2022, Altán abarca una Cobertura Social de 108,178 localidades dentro de las cuales se encuentran 96,033 con menos de 250 habitantes.
Los beneficios que ofrece la empresa proveedora de internet ahora con el gobierno como socio mayoritario, es que puede convertirse en un motor para el desarrollo del país y de esta manera fomentar el turismo con su conectividad.
Para lograr este nivel de comunicación se requirió de convenios con otras empresas de telecomunicaciones como: Huawei, AT&T, Megacable, Axtel, Nokia, AT&T, American Tower, por mencionar solo algunas.
Altán emitió hace unas horas un comunicado en el que dice que ha conseguido financiamiento por 388.1 millones de dólares, de los cuales 161 millones son de banca mexicana y 59% de proveedores, accionistas y clientes.
Según el analista financiero Darío Celis la Banca de desarrollo aportará de la siguiente forma para el rescate de Altán: “Banobras, que dirige Jorge Mendoza, aportará 64.5 millones de dólares, y Bancomext-Nafinsa, a cargo de Luis Antonio Ramírez, le meterán 45.5 y 40 millones de dólares, respectivamente.
Los otros alrededor de 100 millones de dólares será deuda que se capitalizará en este nuevo Crédito en Posesión del Deudor o DIP, que aportarán otros tres acreedores esenciales: Nokia y Huawei, como proveedores de la red, y el China Bank Corporation”.
Salvar el proyecto de Red Compartida y que la mayor parte de los mexicanos tengan acceso a la conectividad en internet es una decisión acertada, aunque se esté invirtiendo una cantidad importante recursos públicos.
El plan para que la mayoría de los habitantes del país puedan acceder al internet, es altamente rentable socialmente y contribuirá al desarrollo económico del país de una manera más justa y equilibrada.