Los griegos ya pensaban que el pueblo tenía derecho a rectificar una decisión mal tomada: revocar el mandato a un gobernante electo.

En la antigua Atenas, como ahora, se usaba la revocación de mandato con la idea de que los gobernantes hicieran bien su trabajo y, de no ser el caso, pudiesen ser removidos sin tener que esperar al final del periodo para el que fueron electos. La ventaja es que en aquella época, los atenienses no eran manipulados ni engañados por el marketing político, los algoritmos ni las triquiñuelas electorales. Tampoco había tanta población. No obstante, antes, como ahora, existía la corrupción arraigada en el poder, la impunidad de las élites y la ignorancia del pueblo debida a la ausencia de una educación cívica solvente.

Como todo en la democracia, esta opción es imperfecta: puede inhibir la toma de decisiones importantes (gobernantes que no se atrevan por temor a ser echados del cargo), por un lado y auspiciar una manipulación para lograr un resultado conveniente a intereses de grupo, por el otro. Es un arma de doble filo, como los partidos, las candidaturas independientes, los procesos electorales, la gestión pública, la rendición de cuentas, etcétera. Pero a los ciudadanos siempre les convendrá tener más opciones que menos.

El Poder Ejecutivo propuso una ley que el Poder Legislativo aprobó y recientemente, la Suprema Corte ratificó. El Instituto Nacional Electoral, organismo autónomo responsable de garantizar la imparcialidad, equidad y desempeño de todos los procesos electorales en México, actúa de manera indebida al intentar sabotear la realización del primer ejercicio de consulta a la ciudadanía sobre si debe revocársele el mandato al presidente López Obrador. Argumenta falta de presupuesto pero todo hace pensar que en el fondo hay motivos más políticos que económicos.

Si la popularidad del presidente fuera, digamos, del 40 por ciento el señor Córdova y adláteres se las ingeniarían para llevar a cabo este ejercicio democrático y ahora, constitucional en nuestro país.

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No lo quieren hacer por tres razones:

  1. Dada la popularidad actual del presidente, el resultado sería favorable de cara a los procesos electorales que vienen, de manera destacada 2024
  2. Es de todos sabido la afinidad política de la cabeza del INE contraria a los intereses del presidente de la república y
  3. Al final, en el corazoncito de este árbitro parcial, está (porque así se lo han hecho creer) sus aspiraciones políticas para 2024.

Es obvio que el INE necesita reformar sus cuadros directivos: ha dejado de ser lo que debe ser. Además, basta con revisar los costos de elecciones en otros países para darse cuenta de lo ineficaz, por costosas, que resultan las campañas en México.