Tal vez sea difícil encontrar un tema tan paradigmático como lo es la famosa Revocación de Mandato, al grado que se ha constituido en ejemplo de la paradoja que vive el diseño de las políticas públicas y de las acciones de gobierno.
De inicio, lo sugestivo – por decir lo menos – de que sea el propio gobierno el interesado en formular la posibilidad de la interrupción de su mandato. Se entiende tal rareza por la vía de la perversión, es decir que se plantea como camino para derivar en una ratificación, como propósito real, pero inscrito en un camino sinuoso para simular la existencia de grupos que desean plantear que el gobierno se enfrente a su eventual destitución, aún a sabiendas que nadie, ni la oposición formal, lo pretende así.
Incluso, se puede decir que el período sexenal de gobierno es una de las instituciones más arraigadas en la democracia mexicana, pues responde a una historia peculiar y vía de solución para evadir la posibilidad reelectoral de la Presidencia de la República y, al mismo tiempo, disponer de un plazo de realización del programa político, con la suficiente amplitud como para favorecer su cumplimiento.
Vale recordar que la primera vez en adoptarse el plazo sexenal fue en 1904-1910, con Porfirio Díaz; se trató entonces de una especie de arreglo político para la nueva reelección del oaxaqueño, que llevó aparejado la incorporación de la figura del vicepresidente, misma que se había erradicado del panorama político del país con la Constitución de 1857.
En efecto, en el marco de las negociaciones que se llevaban a cabo respecto de la deuda mexicana, la edad del presidente Díaz y el carácter personal-discrecional del régimen mexicano, eran poco favorables para concertar nuevas inversiones y préstamos. La respuesta de incorporar la figura del vicepresidente se presentó entonces con una vía para superar el escollo, pues así se presentaba una solución institucional ante la eventual falta del presidente; dentro de esa ecuación se formuló también la ampliación, de 4 a 6 años, el período de ejercicio del gobierno.
En esa perspectiva se explica que la postulación del vicepresidente se entendiera, desde entonces, como la pieza maestra para evitar se cayera, irremediablemente, en la fractura política del gobierno e incluso permite entender cómo el propio Madero, en su libro de la Sucesión Presidencial, planteó la alternativa de que se diera una elección libre del vicepresidente y que algunos otros caminaran por esa vía de respuesta. Díaz no congenió con la propuesta y fue firme en controlar la postulación del vicepresidente y en plantear su reelección en 1910, a contracorriente de sus propias declaraciones en la célebre entrevista Creelman-Díaz, cuando mencionó que ya no se presentaría a competir por el cargo.
El hecho es que con la incorporación de la vicepresidencia se introdujo una pieza en el ajedrez del sistema político mexicano que planteaba una especie de posible transición. Con la Constitución de 1917 se retomaron los períodos cuatrienales de gobierno, hasta que para la reelección alternada de Álvaro Obregón se recuperó el período sexenal de gobierno, de modo que el sonorense fue infructuosamente electo para cubrir el período de gobierno de 1928-1934, toda vez que fue asesinado después de su triunfo en las urnas.
Está por sabido que entonces tuvo lugar lo que se conoce como Maximato y que después de ello se consolidó el presidencialismo mexicano con Lázaro Cárdenas, consolidándose también la práctica de los períodos sexenales, que se acreditaron como positivos por favorecer la consolidación de los gobiernos y, al mismo tiempo, ubicar a México con una temporalidad gubernamental que se desvinculó de los períodos de cuatro años de los Estados Unidos.
Cuando se introdujo la reforma para permitir la Revocación de Mandato se hizo en la perspectiva de favorecer la posibilidad de una medida correctiva, de darse el caso de pérdida de confianza del gobierno en funciones, evitando con ello una posible fractura del régimen, ya que nuestro presidencialismo se caracteriza por la no reelección y por contar con un período rígido de gobierno por 6 años. Ahora el gobierno pretende una vuelta de tuerca para hacer de la revocación, ratificación de mandato, acto electivo mediante consulta y, al mismo tiempo, alcanzar un triunfo comicial; en paralelo colocar al INE en el dilema de organizar la consulta de forma hechiza o lograr la ampliación presupuestal que precisa para realizarlo debidamente.
Todo ello, sin dejar de mencionar el amago de enjuiciar políticamente a los consejeros que se pronunciaron por aplazar indefinidamente la realización de la consulta. Ese trato ha dejado ver pulsiones autoritarias, intolerancia e inclinación o propensión a amenazar a los que disienten. Con ese lastre terminó el año 2021; con ese oprobio inició el 2022.