La Cámara de Diputados aprobó hace unos días la Ley de Derechos, del paquete económico para el 2025 en el que se incluyen algunos cambios en la tributación para los pasajeros de cruceros internacionales a puertos mexicanos, lo cual podría significar ser un riesgo para la economía nacional.
Las modificaciones a la legislación sobre los derechos que incluye la aplicación de un cobro de 42 dólares a turistas de cruceros en México a partir del primer día del año entrante harían que los puertos turísticos mexicanos se colocaran entre los más caros del mundo, afectando severamente la competitividad del país frente a otros destinos del Caribe.
De acuerdo con las modificaciones para el 2025 de la Ley de Derechos, se eliminará la exención del pago de derechos a los cruceristas, es decir, a los visitantes que llegan vía marítima a bordo de los cruceros.
El cobro de este derecho encarecerá en un 213% el atraque en puertos mexicanos, sacándolos prácticamente de los itinerarios de las navieras.
Las líneas navieras alegan que: el 85% de los cruceros programados para el próximo año ya han sido reservados y pagados, lo que impide trasladar este costo tributario adicional a los pasajeros, provocando molestias a los consumidores y posibles cancelaciones.
La implementación inmediata de esta contribución no permite a los viajeros planificar y ajustar sus presupuestos para cubrir el gasto adicional, especialmente los de bajo costo que es la mayoría.
El cobro de este impuesto a los pasajeros de cruceros podría acarrear serias dificultades económicas al país como son:
- México podría quedar excluido de itinerarios de las líneas navieras afectando la llegada de más de 10 millones de pasajeros y 3,300 escalas de cruceros anuales.
- La derrama económica de los pasajeros que visitan los puertos mexicanos vía cruceros podría estar en riesgo.
Los visitantes que llegan a puertos mexicanos a través de las líneas navieras tienen gastos directos por más de mil millones de dólares en el país azteca, lo que conlleva a que haya una recaudación para el erario por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de aproximadamente 160 millones de dólares además de 90 millones de dólares por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e IMSS, derivados de 200 millones de dólares en salarios generados por el turismo de cruceros.
La implementación del cobro de los 42 dólares de derechos a los turistas que visiten los puertos mexicanos podría ocasionar que ya no lleguen los cruceros internacionales a puertos de México con lo que se perderían ingresos portuarios ya que en la actualidad cada arribo de un barco genera en promedio un millón de pesos, lo que equivale a una pérdida potencial de 3,300 millones de pesos (aprox. 180 millones de dólares) que recauda el fisco mexicano.
El que las líneas marítimas internacionales dedicadas al turismo de cruceros cambien sus itinerarios implicaría también daños severos a la economía de Quintana Roo, ya que para esta entidad federativa del sureste del país el 40% de su Producto Interno Bruto (PIB) depende del turismo de cruceros.
Cozumel es el puerto con más arribos de cruceros en el mundo, después de Miami; generó 341 millones de dólares en derrama en 2023 y casi 300 millones de enero a septiembre del 2024.
Casi del 100% de los empleos de esa isla quintanarroense depende de los cruceros y si ya no llegan estas navieras seria un duro golpe a su economía.
El cobro de los 42 dólares a los turistas que llegan a aguas mexicanas por barco podría poner en riesgo el empleo de más de 20 mil personas que directamente e indirectamente atienden a este sector del turismo.
El cobro de este derecho pone en riesgo también las inversiones que están haciendo las líneas marítimas dedicadas a los cruceros en México basta recordar que Royal Caribbean ha comprometido 600 millones de dólares para el desarrollo de “Perfect Day México” en Mahahual y 75 millones de moneda estadounidense destinados a la construcción del “Royal Beach Club” en Cozumel, programado para 2026.
La percepción internacional del país azteca podría verse afectada también, ya que después de amenazas de aranceles por parte del presidente electo de los Estados Unidos, el cobro de este derecho podría interpretarse como una medida proteccionista, dañando la imagen de México como destino competitivo y confiable.
Las entidades federativas que tendrían problemas en sus ingresos y empleo por el cobro de esta tributación son: Quintana Roo, Yucatán, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Guerrero.
Las líneas navieras dedicadas a los cruceros están contribuyendo a la recuperación del puerto de Acapulco, sin embargo, podrían estas compañías ya no estar interesados en arribar a la costa guerrerense.
Los CEOs de las principales líneas de cruceros—Royal Caribbean, Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises que en conjunto representan aproximadamente el 90% del mercado mundial, están proponiendo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que este cobro de derecho se prorrogue hasta el 2026 y que ellos se comprometerían a apoyar la recuperación de Acapulco, invertir en infraestructura turística, incrementar el número de arribos a puertos mexicanos.
Según el gobierno de federal, el objetivo de este cobro es garantizar el control migratorio, eficiente y mejorar la recaudación de los derechos migratorios, sin embargo, se está perdiendo los más por lo menos, serán pocos los ingresos que se tengan por este derecho, pero las navieras dejarían de llegar a puertos mexicanos, yendo a otros destinos del Caribe.