“Había aprendido que el poder era peligroso si se ponía al alcance de gente inadecuada; concluía que era menos peligroso que un individuo fuese rico, a que obtuviese potestad sobre la gente.”
Blanca Miosi
Los amores y desamores son extraños; siempre llegan cuando uno menos se lo espera. Así, Pío Lorenzo López Obrador podría ser un día el hermano más querido y al otro el más odiado (más bien desechado) del presidente. No sabemos si esto último obedecería a que lo grabaron recibiendo dinero ilegal para Morena o porque se llama Lorenzo, un nombre que no es de los favoritos de su hermano, el primer mandatario. Me inclino más bien por lo último.
Lo cierto es que después de 10 largos meses, por fin el caso de Pío López Obrador ameritó una respuesta (o intento de la misma) por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lee esto: Samuel García exhibe que la vieja política dejó micrófonos escondidos en oficinas del Gobierno de Nuevo León
Antes, el magistrado José Luis Vargas trató de detener todas las investigaciones sustentando que la ley que estaba vigente en 2015 indicaba la prescripción de los delitos. La mayoría de sus colegas, en cambio, tuvieron la responsabilidad civil de fijar resolución con base en la ley actual, evitando subterfugios para complacer al inquilino de palacio.
Así, la sala superior del tribunal confirmó la posibilidad de establecer una investigación en contra del hermanísimo del presidente por presunto el financiamiento ilegal para Morena de hace casi siete años (bueno, esa es de la que conocemos). Con seis votos contra uno, los magistrados electorales demostraron su independencia y permiten que el INE pueda investigar a Pío.
¿Qué sucederá ahora? Simple: nada. Andrés Manuel un día dice que se investigue y, en su caso, sancione a su hermano; al otro, espeta que se trata de una “campaña negra en su contra para perjudicarle”.
Los hechos: Pío López Obrador está grabado recibiendo “apoyos” en efectivo por la friolera de 1.4 millones de pesos destinados a Morena.
Para mí que la única campaña negra es que el primer mandatario diga perseguir la corrupción, pero apoye a la fiscalía en su ilegal acoso y atropello a los científicos. Más: que ha no haya salido de él instruir una investigación seria de los actos criminales de su hermano.
El discurso de “yo no protejo a nadie… no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco” es eso, palabras huecas. En los hechos el presidente de México continúa vendiéndose como víctima.
En la mañanera dijo “ofrezco disculpas si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México” y agitó su pañuelo blanco en señal de paz. Incongruencia absoluta, pues de los actos que ha denunciado —y que se han perseguido, incluso a costa de pisotear la ley— en ninguno de ellos ha presentado una sola prueba que se sostenga. La desaparición de los fideicomisos se basó en su dicho. Lo mismo por cuanto al NAICM de Texcoco; lo afirmado sobre los científicos, los laboratorios médicos, las concesiones en el sector energético y cualquier asunto que él o su séquito no estén de acuerdo. Acusar de corrupción ha sido el resguardo perfecto. El presidente presume haber acabado con la corrupción que se alojaba “arriba”, pero su círculo cercano se hace de la vista gorda sobre transacciones ilegales y esconde del fisco empresas, propiedades e inversiones en el extranjero.
Hay muestras fehacientes de un hermano recibiendo dinero en efectivo que nunca declaró ante ninguna autoridad. En otros países realmente ceñidos al Estado de derecho, esto ya hubiese generado un escándalo de tal magnitud que hubiera ameritado una investigación independiente de las finanzas y actividades del mandatario, sino es que su inhabilitación por conflicto de intereses.
Andrés Manuel opositor hubiera convocado a una gran marcha en la Ciudad de México, a un mitin en el Zócalo y hubiera exigido la destitución del líder cuyo hermano ha sido grabado cometiendo ilícitos.
Pero no. Hoy los mexicanos debemos conformarnos con la actuación de López Obrador agitando un pañuelo blanco, queriendo hacerle creer al pueblo incauto que el SAT, la UIF, la FGR, el propio TEPJF (no olvidemos la vergüenza que significó que un magistrado haya tratado de alterar la justicia) son entes que él no controla.
Y así tenemos que, mientras el caso de Pío tardó diez meses en que pudiera establecerse si el INE lo podía investigar, Rosario Robles Berlanga lleva más de dos años en la cárcel sin poder obtener su libertad, ni sentencia, ni un juicio conforme a derecho.
Ya tenemos a un Emilio Lozoya Austin riéndose de la ley y de todos nosotros; pronto tendremos a Pío López Obrador haciendo exactamente lo mismo.
¡Quién fuera Pío! El peso de la ley y la impartición de justicia a discreción de la autoridad.