Cuando en enero de 2019, Alejandro Gertz Manero fue propuesto en una terna por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser elegido el primer Fiscal General de la República FGR por nueve años, se le vio como un elemento idóneo y un nombramiento lógico para tutelar dicha instancia que goza de plena autonomía, siendo éste precisamente el único cuestionamiento que se dió, pues a los ojos de muchos, su independencia estaría en predicamento dado que el elegido por el Senado había desempeñado el puesto de asesor de AMLO durante la campaña presidencial. El asunto es que a casi tres años de distancia, nadie esperaba ver al titular de la institución del Estado mexicano que debe investigar y perseguir los delitos federales, envuelto en venganzas personales, abuso de autoridad, persecuciones políticas, y actos de prepotencia, como se encuentra ahora este personaje a quien el presidente definió en algún momento como “un hombre íntegro, recto, e incorruptible”.
Alejandro Gertz Manero, se ha colocado en los últimos días en el ojo del huracán por incurrir en presuntos actos de persecución política en contra de la comunidad científica, al acusar a 31 de sus integrantes de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones.
“Su supuesto delito según la FGR, fue la entrega ordinaria de recursos que provenían del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Conacyt para el funcionamiento del Foro Consultivo, una organización reconocida en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente del 2002 al 2020. Se hace notar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando la normatividad aplicable, ya había sentenciado el 17/8/2021 (MI/SS/D/9941/2021) que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020″.
Así se estableció en un comunicado firmado por más de 600 catedráticos de diferentes institutos, facultades y sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Cinvestav, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes se expresaron contra las acciones emprendidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Fiscalía General de la República, a la que le exigieron atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que ya en dos ocasiones ha rechazado la propuesta de la FGR de girar órdenes de aprehensión y llevar al penal del Altiplano, conocida también como Almoloya, a los científicos e investigadores, como si se tratase de crimínales de la más alta peligrosidad.
Para muchos, esta acción emprendida por el Fiscal, quien habría aprovechado una denuncia de tipo administrativo del Conacyt para incorporar delitos adicionales y dar trato de delincuentes a los investigadores, responde a una persecución política en contra de científicos por haber cuestionado la política de ciencia de la administración actual, así como el que dicha comunidad reprochara y calificara como “indignante” el “regalo” que se le otorgó al propio Fiscal en abril pasado al ser ingresado al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) en grado III, algo que no había conseguido en 11 años por carecer de los méritos suficientes para ello.
Y a pesar de que ya en dos ocasiones un juez rechazó el documento que solicita la detención de los 31 investigadores, la instancia tutelado por Alejandro Gertz Manero ya amagó que volverá a insistir. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre si había denuncias contra investigadores del Conacyt, respondió: “Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme”.
Pero es aquí donde cobra vigencia aquella reserva que algunos tuvieron cuando se cuestionó si el Fiscal actuaría con autonomía estando de por medio su relación con el titular del Ejecutivo, quien no obstante se conoce que en no pocas ocasiones dicta cómo se debe manejar la Fiscalía, ha asegurado en el contexto que nos ocupa, que él no le ha dado ninguna orden.
Por cierto, Alejandro Gertz Manero fue quien decidió en su momento exonerar y no ejercer acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, quien en octubre de 2020 fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), acusado de cinco cargos relacionados con narcotráfico. Tras la resolución de la Fiscalía, su titular fue “respaldado” por el presidente Lopez Obrador.
Ahora, el centro de la acción se ubica de nuevo en el Poder Legislativo, luego de que desde ayer, la bancada panista en el Senado pidió se llame a comparecer al Fiscal para que dé cuentas de su proceder en el caso de los académicos; en tanto que el Poder Judicial tendrá una vez más que responder la solicitud de la FGR que insistirá en que se giren las órdenes de aprehensión.
Alejandro Gertz Manero, también está involucrado en un muy delicado caso en el que se presumen actos de prepotencia, venganzas personales y abuso de autoridad, luego de que mantiene presa a una mujer de 68 años de edad a quien acusa -junto a su madre de 94 años de edad-, de homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico Gertz Manero, fallecido en 2015.
La familia de quien fuera la pareja de su hermano, denuncia todos los días -vía redes sociales- estar viviendo una trama de terror desde que el Fiscal asumió el cargo, siendo que se ha aprovechado de su status para no solo despojar de su pensión a quien fuera la mujer de su hermano durante más de 50 años, sino para amedrentar a hijos y nietos, desposeerlos de obras de arte y dinero prometiendo a cambio liberar a la mujer de nombre Alejandra Cuevas, sin que a la fecha haya llegado a cumplir su promesa.
Alejandro Gertz Manero, de 81 años de edad, ha actuado de forma implacable en los casos que a él le importan y le duelen personalmente. No ha faltado quien se pregunte porqué no procede de la misma forma para atajar los flagelos que laceran a la ciudadanía; para usar esas mismas herramientas poderosas convertidas en leyes con las que cuenta para ir a perseguir delincuentes y criminales en lugar de hacerlo con investigadores y científicos, o con mujeres de la tercera edad.
El caso es que como ya se ha dicho, la gravedad radica en que el fiscal es autónomo, o en todo caso, dependiente de la agenda del presidente, que por su parte, ha hecho un deslinde en el caso de los académicos con la lamentable frase de “el que nada debe, nada teme”.
Así que en este contexto solo queda preguntarse: ¿Quién detendrá al todopoderoso Fiscal?
Salvador Cosío Gaona I Twitter: @salvadorcosio1 I Opinión.salcosga@hotmail.com