A pesar de la declaración originaria del gobierno mexicano en el sentido de tolerar la migración y mostrarse ajeno a las presiones norteamericanas, inmediatamente cedió a la contraofensiva del entonces presidente, Donald Trump, con la amenaza de elevar los aranceles de importación a los productos mexicanos; en ese escarceo, la actitud oficial varió radicalmente para tornarse dúctil y atenta a los intereses que se le impusieron.
México se convirtió en territorio de resguardo de los Estados Unidos para detener a los migrantes que pasaban por nuestro territorio a fin de dirigirse al país vecino del norte. Para lograrlo, se distrajo a la Guardia Nacional de sus tareas y se le encargó resguardar la frontera sur, muy a pesar de que se le distraía de sus tareas y que su intervención suena a irregular.
El cambio de gobierno en los Estados Unidos asimiló ese logro de la administración de Trump, pudo así exigir que se mantuviera; los Estados Unidos no habían logrado poca cosa con ello, ya que México tradicionalmente se había resistido a jugar ese papel de vincular su política migratoria a los intereses de aquel país; recuérdese sino la jactancia del expresidente norteamericano respecto de haber logrado más de lo que esperaba con el muro fronterizo. Se trató de que, en efecto, con dinero mexicano, se erigía una especie de muro fronterizo en la frontera sur de nuestro territorio.
La posición de México devino en ser muro de contención hacia una migración que se desborda, proveniente en mayor medida de Centroamérica y que se perfila hacia los Estados Unidos. Muchos son los problemas que se derivan de tal hecho, pues resulta evidente que no estamos preparados para un tránsito de personas en esas dimensiones, que supone la necesidad de contar con una infraestructura solvente para canalizar su traslado, la realización de los trámites correspondientes, la revisión médica y, en su caso, atención, etc.
Además de adolecer de la infraestructura necesaria, se carece también de la cultura y prácticas administrativas que permitan procesar debidamente la atención a los flujos de migrantes. De esta manera, el país queda expuesto a una alta posibilidad de violación de derechos, como se exhibe en la frontera misma del sur del territorio nacional.
México, el país hospitalario, de asilo político, garantista de derechos; la Nación que anticipó a los propios Estados Unidos en la abolición de la esclavitud, el visionario en materia de política exterior y de una actuación conforme a principios, queda exhibido en su incapacidad y en su debilidad para ser voz que exija respeto en el trato a sus connacionales en el país vecino del norte. Asumimos el papel de contención de los flujos de migrantes que atraviesan por nuestro territorio, sin disponer de la capacidad para ello; acabamos siendo una mala policía, propensa a cometer abusos y caer en violación de derechos.
Contenemos sin contener, y cuando contenemos lo hacemos con malas notas. Es imprescindible pasar de esa política para sumir una más completa y creativa, que logre una gestión migrante digna, que otorgue valor al país, rescate su dignidad y permita el decoro que se debe tener en el exterior. Para ello se debe superar la visión de advertir una migración que nos cae como fatalidad y ordenar una perspectiva de carácter internacional, de cooperación, contribución, atención y prevención del fenómeno migrante.
La óptica con la que se ha visto el tema parece miope, pues se advierte la intención de reprocesar programas de dudosos resultados en nuestro país, como el de sembrando vida, el cual tiene observaciones respecto de su efectividad y pertinencia en cuanto a sus resultados en reforestación, y en su confiabilidad hacia el padrón de beneficiarios que incorpora para otorgar subsidios, de modo que parece más un programa propagandístico que un auténtico instrumento de política social y ecológico.
La nueva etapa de flujos de migrantes tomó con los dedos en la puerta al país, urge una política de Estado en ese tema; de no hacerlo el Estado seguirá vulnerándose, reduciéndose, minimizándose, como ha ocurrido en la lucha contra la pobreza, en materia de seguridad, en salud, en medio ambiente, en la promoción del crecimiento económico; todas ellas, materias en las que se ha puesto de manifiesto un Estado incompetente, protagónico en su retórica, pero sin resultados efectivos.
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