¿Se asegura la libertad de los electores y la secrecía del voto?
Se supone que las elecciones son la expresión de la voluntad del pueblo que, con base en el principio democrático de la opinión de la mayoría, manifiesta su determinación para integrar la representación política y así formar un gobierno.
Para que las elecciones desempeñen tal papel, se asegura la libertad de los electores y la secrecía del voto, como medios para evitar que nadie sea reconvenido por el sentido de su sufragio, pueda ser intimidado, coaccionado o sujeto a cohecho a la hora de sufragar. De esa forma se alienta la libertad de expresar en las urnas, y a través del voto, el punto de vista y la voluntad individual, sin temor alguno.
La voluntad colectiva se forma con las voluntades individuales que, al computarse en los conteos de los votos, permiten dar identidad a expresión mayoritaria y derivar en mandato popular, poniendo a salvaguarda los derechos de todos, léase los de las mayorías y los de las minorías.
Previo a lo que se conoce como jornada electoral, ocurren las campañas políticas en donde los candidatos y sus partidos exhiben argumentos, propuestas, intenciones, acreditan las cualidades de los que han sido postulados y debaten entre ellos, directa e indirectamente, para ganar la simpatía y el respaldo del electorado.
Como resultado de todo ello, los electores acuden a las urnas a depositar su voto, como acto libre y de naturaleza democrática, para imprimir su voluntad producto de una valoración que hacen de manera individual e íntima sobre las candidaturas, sus partidos, propuestas, condición del gobierno y respecto de las tendencias políticas en disputa. Se forma así la voluntad popular que asume el carácter de mandato o expresión soberana.
Voto
En ese sentido los electores a través del voto ejercen una opinión y una evaluación sobre la política, califican a los distintos actores, al gobierno, los partidos, a las candidatas y a los candidatos, las propuestas que formularon, sus perfiles, imagen y confianza que despiertan; de ahí que sea lo común que después de los comicios, dichos actores se interesen en descifrar e interpretar el mensaje que la ciudadanía ha manifestado en las urnas. Las llamadas “lecciones de las elecciones”.
Toda vez que las elecciones no son eventos aislados, impredecibles, sorpresivos o inesperados; sino por el contrario, forman parte de un sistema sujeto a una regularidad en donde el mandato que se expresa en las urnas se renueva, implica que quienes ocupan cargos de elección y sus partidos, son llamados a ser intérpretes del sentir de la ciudadanía, a actuar en consecuencia y así ganar su confianza para ganar en los próximos comicios.
En ese sentido, el voto califica, premia y sanciona a los distintos actores políticos; una vez que su expresión resulta legal y validada adquiere, como se veía, dimensión de mandato popular. Por eso la disputa política es, fundamentalmente, una lucha democrática por ganar la opinión favorable del electorado y así conquistar su voluntad.
¿El gobierno pretenda descalificar la calificación?
De ahí que resulte extraño, por decir lo menos, que el gobierno pretenda descalificar la calificación que, a algunas de las candidaturas postuladas por su partido, otorgó la ciudadanía al no conferirles el triunfo. En esa ecuación se evade la crítica y la calificación que hace la ciudadanía en las urnas; se impugna la ética de su voluntad, su pulsión y mandato.
El discurso es que se puede votar en contra del partido en el gobierno, pero los que lo hacen están equivocados, carecen de razón para hacerlo, y si así lo efectúan es porque están confundidos, alguien los disuadió o manipuló sagazmente; el gobierno desecha así la evaluación negativa o crítica de tales electores, busca imponer, de todas formas, su criterio y argumentos, desecha la manifestación democrática de quienes se oponen; su opinión es imperante, aún en donde es derrotada por las urnas.
Los otros no existen, están, pero no deben ser tomados en cuenta; el estrato o clase social al que presuntamente pertenecen debe ser reconfigurado, reeducado, colonizado, reorganizado, recanalizado para sacarlo de su error, a fin de salvarlo de la confusión y extravío en que han caído. El gobierno es inexpugnable, su desempeño no está sujeto a evaluación; si los evaluadores lo sancionan, deben entonces ser descalificados y desacreditados.
En las urnas no se evalúa, se va de paseo sólo para constatar que el gobierno va bien y continuará con sus programas; nadie debe alterarlo ni osar criticarlo, pues resultará, por lo pronto, criticado por su osadía intemperante. Sólo evalúan bien los que respaldan al partido en el gobierno -y como decía el clásico- los que no, no. Por la vía del dogma ideológico se desquebraja el edificio democrático, … asoman los fantasmas.