Parece una aberración hablar de un “Partido Judicial” en México pero tal vez podría no serlo. Porque nuestro país, como otros en América Latina, ha debatido la funcionalidad de dicho poder como uno de los tres poderes de la República, dentro de dos preceptos constitucionales fundamentales: a) su independencia y autonomía dentro de la teoría de equilibrios de poderes en el contexto de las Repúblicas Federales o no; y b) su compromiso constitucional como baluarte del sistema de justicia del país, dentro del Estado y dentro del Pacto Social, hacia la convivencia social. Digamos que ambos roles funcionales, como muchas otros de las instituciones políticas, poseen este perfil de carácter jurídico formal constitucional.
El ejercicio real del poder, el régimen político (desde el poder ejecutivo) en los sistemas presidencialistas, se le ubica dentro de un marco concreto de atribuciones legales y actuación concreta: acorde al ejercicio de ese poder, como contrapeso y contra poder, o bien, con afinidad a los lineamientos generales de dicho ejercicio, sea o no con estricto apego a la Constitución, o bien, fuera de esa máxima política. Un régimen autoritario, despótico, somete a los otros dos poderes a sus visiones y necesidades, un régimen democrático, si algo le caracteriza, es el apego a una praxis constitucional.
Pero hay otros dos factores que debemos incorporar a la discusión del México de nuestros días como está en toda América Latina: a) la ideología política plasmada jurídicamente de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial (aunque sobre quien diga que hablar de “ideología” en dicha instancia del Estado es aberrante también), y b) la independencia real o cuestionada de los poderes privados de orden corporativo que se van desarrollando en una Nación a partir de ciertos niveles de desarrollo socio-económico.
Es decir, el sometimiento del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, o bien, a los macro poderes privados de orden corporativo, es propio de la pre-modernidad política (como en caso histórico del llamado Estado Oligárquico en toda la región), de la arqueología republicana (si fuera válida la expresión). El México del Despotismo Presidencial, del ejercicio omni-poderoso del Jefe del Ejecutivo, apoyado en un ejército ideologizado y un Partido Corporativo de Estado, se caracterizó por el sometimiento completo del Poder Judicial a cambio de volverlos el poder de la República con mayores privilegios y prebendas de todo tipo. Muchos analistas (recuerdo una conferencia, cuando era estudiante, de un ideólogo de este tipo de régimen, lo justificaban hablando de la imperiosa necesidad de “impedir que el poder económico derroque al poder político”). Este largo periodo del México de la preguerra y de la 2ª posguerra es también el de la entronización y crecimiento de la corrupción como práctica institucional de los líderes a cargo del poder público y de las empresas privadas que se agigantaban al calor de la protección y los subsidios oficiales.
La alternancia partidista (con Fox y Calderón) no reformó al Estado ni al régimen político, no combatió la corrupción, sino que unificó la ideología, las concepciones teóricas, y la proyección histórica de México, de los otrora rivales históricos (PRI-PAN). Subsistieron diferencias de forma y contenido pero no sustanciales. Inauguró los pactos transexenales: un antecedente central fue el Pacto Salinas-PAN y las ulteriores “concerta-cesiones”.
El Poder Judicial en México, predominante pasivo, jugó este rol histórico dentro del régimen de despotismo presidencial que engendró y desarrolló la corrupción galopante contra las finanzas públicas y el desarrollismo económico articulado al corporativismo político, así como, la represión política contra la disidencia que llevó a la “Guerra Sucia”. El Poder Judicial no fue ajeno a estos productos históricos de “los regímenes de la Revolución”. Al contrario, su prolongada “ausencia” y sometimiento sentó los reales de esta degenerada construcción, que un autor llamó “la forma política mexicana”.
El Poder Judicial, sus jueces, magistrados y ministros como integrantes institucionales, no pueden ser sino “conservadores” en el sentido genérico y jurídico del concepto, no en dimensión ideológica. Su función constitucional es cuidar la vigencia y preservar el marco jurídico constitucional, conservarlo como el puntal del Pacto Social. Su conservadurismo jurídico-constitucional se vuelve conservadurismo ideológico-político cuando su actuación institucional pasa a identificarse con los intereses corporativos privados y transnacionales, con grupos políticos o grupos de interés, por afinidad en las teorías, ideas, proyectos y otros relacionados con el Estado y la Nación, como fue en el caso de los Estados Oligárquicos, del despotismo presidencial mexicano y de los pactos transexenales de la corrupción de Estado.
La experiencia latinoamericana contemporánea en donde ha habido alternancia ideológica-programática para el cambio (las “revoluciones pasivas”) esencialmente plantean tres cuestiones fundamentales: rechazar la ideología del liberalismo económico como base de un modelo de desarrollo excluyente en lo social, económico y político; recuperar el compromiso del bienestar social como objetivo fundamental del Estado y sus gobiernos nacionales; y c) recuperar la soberanía y auto determinación frente a los poderes hegemónicos externos, ofrece hoy una lección vigente: personajes de alto nivel del Poder Judicial en distintos casos, avalan, cubren y justifican jurídicamente la entronización y desarrollo de conspiraciones políticas para derrocar a estos gobiernos del cambio, cuando pasan a actuar como “Partido Judicial”, a militar junto a grupos corporativos privados de enorme influencia desde los tribunales y las Cortes, en contra de los gobiernos legal y legítimamente constituidos, pero estigmatizados ideológica y políticamente, por las oligarquías internas y externas, por un segmento importante de jueces, magistrados y ministros y por una parte también influyente, de la alta oficialidad militar y policial, adversaria.
El peor ejemplo pero el más ilustrativo es el de una fracción de integrantes del Poder Judicial en Brasil contra el Presidente Lula Da Silva protagonizada por el Juez federal Sergio Moro. Los propios analistas brasileños hablan de una “conspiración judicial”, por lo cual recibió un “premio”:
“Mensajes filtrados demuestran cómo el juez Moro, ahora ministro de Justicia, coordinaba con la Fiscalía las actuaciones contra Lula da Silva.
El viaje de Moro será de vuelta: Bolsonaro ya ha reconocido su voluntad de colocarle en el Tribunal Supremo, los más fieles seguidores de Moro y Bolsonaro no penalizan este tipo de escándalos: su comportamiento es percibido como heroico”
Víctor D. López, El Diario.es, 10de junio, 2019
No sólo toda la propia jugarreta de espionaje y concertación perversa contra la Ministra Yasmín Esquivel avalada por AMLO para presidir la Suprema Corte de Justicia, sino el desplante irreverente y antirrepublicano de la ministra electa para ese mismo cargo, Dra. Norma Lucía Piña el 5 de febrero de 2023 durante la conmemoración de la emisión de la Constitución de 1917, al permanecer sentada cuando el Presidente AMLO (Jefe del Estado) entró al recinto, fue el “banderazo de salida” para iniciar una serie de resoluciones judiciales aberrantes que ya dirimirán jurídicamente los especialistas, pero que reivindican a personas bajo sospecha severa de peculado y vínculos con el crimen transnacional organizado (la esposa de Genaro García Luna y el ex gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca).
La protesta del propio Jefe del Estado mexicano fue airada, de agravio y afrenta pública, por estas acciones. La fracción de jueces y ministros que activamente rechazan ideológica y políticamente al gobierno y las acciones de la 4T-4R, lo cual es evidente, ¿estarán encabezados por la Ministra Presidenta de la SCJN, Dra. Norma Lucía Piña, y estarán decididos a actuar como “Partido Judicial” contra la 4T y su líder el Presidente AMLO y colaboradores, en una alianza tácita con un bloque opositor de derecha cuyos líderes son patológicamente adictos a la mentira y la tergiversación de la realidad nacional? Lo veremos.