Desde la reforma electoral de 1986-1987 irrumpió como un fenómeno nuevo el de las alianzas y candidaturas comunes entre partidos; otro de sus rasgos fue el de incrementar la composición de la Cámara de Diputados de 400 integrantes para elevarla a 500, con 300 electos por la vía directa a través de distritos y 200 por el principio de representación proporcional.
Ambos rubros se mantienen hasta nuestros días, y es el caso de una recurrencia cada vez más frecuente a las coaliciones electorales que, en términos de la Ley General de Partidos, están contempladas dentro del apartado de las alianzas políticas, en donde se plantean tres figuras que son las de las fusiones, las coaliciones parciales o totales y la de los Frentes.
Se puede percibir que la conformación de alianzas electorales irrumpió de una manera tímida en el escenario político mexicano, pues tendieron a edificarse a través de un partido eje y otros que se sumaban en torno de aquel; pero con el tiempo se acreditó que dos o más partidos con capacidad y fuerza equivalentes habrían de asociarse como ocurriera hace algunos años con el PAN y el PRD con resultados favorables para ambos.
Por su parte, el PRI celebró coaliciones que se mantenían fuera de la posibilidad de edificar alianzas con el PAN o con el PRD; otro tanto ocurría con esos partidos respecto de la posibilidad de asociársele, lo que sin duda era una actitud atávica que remitía a la vieja condición hegemónica que caracterizaba al PRI, y que conllevaba a que los opositores lo fueran en tanto se confrontaban con él.
La reforma priista caminó de la mano de la integración de su nueva dirigencia que presidió Alejandro Moreno a partir de 2019; más allá de las controversias que esa modificación estatutaria generó entonces, ahora casi nadie pone en tela de duda la pertinencia de dicha medida, especialmente a la luz de los resultados que arrojó para la integración de la actual LXV legislatura de la Cámara de Diputados, en donde fue posible el crecimiento de las bancadas de los partidos coaligados y de contener así la mayoría del partido en el gobierno para impedir que alcanzara una representación suficiente, de modo que con sus aliados pudiera realizar reformas constitucionales.
La decisión aliancista entre los tres partidos ha sido la piedra angular de la composición que tuvo la anterior legislatura (LXIV, 2018-2021), respecto de las restricciones que enfrenta ahora el partido en el gobierno para realizar modificaciones a la Constitución, lo cual no es poca cosa pues con ello se alteró, en esencia, las condiciones del ejercicio del poder, al tiempo que se prospectó un mejor equilibrio y contrapeso desde el poder legislativo.
El anuncio que ahora se hizo respecto de afirmar la coalición entre el PRI, el PAN y el PRD para las elecciones de gobernador del Estado de México, así como las de Coahuila en este año, y de plantear su postulación en los comicios locales y federales de 2024 significa una consolidación relevante de la alianza entre esos partidos y una postura que eventualmente conducirá a que se constituyan gobiernos de coalición, lo cual se significará en una importante evolución del régimen político.
Cierto, se dibuja una nueva geografía político-electoral de cara a los comicios de 2024, a pesar de que la coalición entre esos tres partidos ha transitado por momentos complicados y circunstancias que pusieron en riesgo su cristalización, pues al no tratarse de una fusión, la coalición prevé la permanencia de los partidos políticos que la conforman con evidentes diferencias en sus respectivas identidades orgánicas e ideológicas, de modo que se desenvuelven en un ambiente que tiende a tensionarlos.
De tal suerte que la coalición entre los tres partidos pudo fracturarse, pero lejos de eso se ha proyectado su consolidación, lo que habla bien de los protagonistas que la impulsan y del trabajo que han realizado. En efecto, los tres partidos que la integran son portadores de tradiciones y culturas políticas distintas, pero sin duda que ello no anula la posibilidad de entrelazar el humanismo característico del PAN con el gran aporte del PRD en la perspectiva para consolidar la transición democrática de México y la postura del PRI para realizar cambios que tengan raíz en el entramado de las instituciones y de sus políticas públicas en la tendencia que marca su proclama de democracia y justicia social.
Puede decirse que el desarrollo de la pluralidad política y de la competencia entre partidos derrumbó barreras que parecían infranqueables en las relaciones entre fuerzas políticas distintas, pues significó la necesidad de realizar negociaciones y acercamientos, a pesar de las diferencias. La pluralidad trajo consigo una nueva cultura política para producir entendimientos; la coalición que ahora anuncian Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno es muestra de ello. Es de esperarse que contribuya al desahogo de procesos electorales que vivifiquen la lucha política y la capacidad de que sean canal para el desahogo y procesamiento de los reclamos sociales.