El presidente López Obrador ha recurrido al concepto de seguridad nacional a manera de garantizar la continuidad de las obras emblemáticas de su gobierno a partir de los amparos que frenan su ejecución. El recurso es administrativamente eficaz, pero legalmente discutible. La seguridad nacional no atiende a las urgencias de las obras públicas, por más beneficios públicos o sociales que las inspiren; además, conlleva la opacidad y la falta de rendición de cuentas, más si una autoridad militar es la responsable de la obra. El presidente ha dispuesto también la afirmativa ficta para los permisos que las autoridades de su propio gobierno y de otros órdenes deben proveer; si en un término perentorio no responden, se entienden aprobados.
Es el caso de la suspensión del tramo 5 del Tren Maya derivado de amparos interpuestos por organizaciones civiles, especialmente las vinculadas a la protección ambiental; así como preocupación por el daño al patrimonio cultural que ocasionarían las obras realizadas sin planeación y sin el debido cuidado. López Obrador impuso términos de conclusión de la obra que no dan espacio a una ejecución responsable del proyecto.
Las mayores pifias y omisiones en el Tren Maya se originaron en la gestión del arquitecto Rogelio Jiménez Pons como responsable del Fonatur, entidad a la que el presidente asignó la responsabilidad de la obra. Es evidente que no hubo suficiente planeación. Que se haya tenido que modificar el trazo del trayecto de Playa del Carmen a Tulum evidencia el descuido elemental en la programación de la obra. Cambiar el trazo de la carretera a la selva implicó un daño ambiental de mayores proporciones, asimismo, el perjuicio a muy preciados vestigios de la cultura maya que el gobierno dice apreciar tanto.
La designación de Javier May a cargo de Fonatur e involucrar a la Secretaría de Gobernación fue una decisión forzada por las circunstancias. Al Secretario de Gobernación y al titular de Fonatur, ambos tabasqueños, ha correspondido ir al rescate de la obra más importante del régimen lopezobradorista. Su operación antes de que concluya el régimen queda en entredicho, salvo que se recurra al expediente de la refinería Olmeca, inaugurar una etapa de la construcción, no el inicio de operación.
La necesidad de dar continuidad a la obra suspendida obligó al presidente recurrir a la figura de seguridad nacional para acotar los efectos de los amparos promovidos. La obra a cargo de la Sedena podrá así continuar e intentar cumplir con la expectativa ambiciosa y poco realista de iniciar operaciones a finales del próximo año. Toda una proeza que tal cometido se cumpla, incluso sería extraordinaria que la operación regular de todos los tramos tuviera lugar antes del relevo de la administración.
Muy a su estilo, el presidente no depara en insultos a quienes, por razones propias, de causa o de interés recurren a las instancias judiciales para hacer valer su derecho. Pero, precisamente esa es la razón de la justicia, y el Poder Judicial Federal debe actuar con eficacia, prontitud y rigor jurídico para salvaguardar los derechos de las personas, de las comunidades o el interés público, tarea complicada frente a un gobierno que invoca el monopolio de la representación del interés general y engloba la acreditación de obras o decisiones en el concepto de seguridad nacional.
La apuesta presidencial por el Tren Maya y por el aeropuerto de Tulum es mayor a partir del fiasco vergonzoso del aeropuerto Felipe Ángeles y de la refinería Olmeca, antes Dos Bocas que, desde ahora, se advierte como un desastre.
El gobierno de la 4T ha resultado ser un pésimo gestor de obra pública: los costos se disparan respecto de su programación, la calidad es deficiente, los tiempos de obra superan las previsiones y, sobre todo, sus beneficios quedan muy lejos de acreditarse en la realidad.