Inicio esta reflexión con una certeza: La Secretaría de Educación Pública (SEP) no da respuestas a las y los ciudadanos que nos atrevemos a cuestionar o a lanzar preguntas sobre los procesos educativos en general ni sobre los cambios curriculares propuestos recientemente (2022), en particular. Ello a pesar de que la ciudadanía tiene derecho a la información, el cual se encuentra establecido en la constitución política mexicana.
No obstante lo anterior, en la narrativa oficial implícita de la dependencia responsable de la educación pública en México, prevalece la “lógica de la incertidumbre”. Parece ser, entonces, que la incertidumbre no es una casualidad tanto en la actuación como en la línea o líneas discursivas del gobierno, sino una intencionalidad.
A inicios de junio pasado escribí 10 preguntas sobre el cambio curricular propuesto oficialmente para la educación básica (ver: “SEP: diez preguntas sobre el cambio curricular 2023-2024″, SDP Noticias, 2 de junio, 2023), sin embargo, hasta el momento no hay respuestas puntuales sobre ellas. Todo lo contrario, ya que se han puesto en evidencia una serie de contradicciones al confrontar los hechos con las palabras.
Lo que se observa es que no solamente no hay respuestas a las preguntas concretas que las y los ciudadanos hemos hecho públicas, a través de diferentes medios, sino que lo hechos muestran que las autoridades educativas hacen lo contrario que lo que formalmente acuerdan y anuncian.
Pongo el ejemplo específico del Acuerdo SEP del 14/08/2022, donde se establece lo siguiente: “El Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria a que refiere el presente Acuerdo iniciará su aplicación con la generación de estudiantes que les corresponda cursar el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria en el ciclo escolar 2023-2024.” (Artículo segundo transitorio).
Sin embargo, lo que se sucede, en los hechos, es algo diferente porque la SEP ya imprimió y envió a las entidades federativas (julio, 2023), y por lo tanto a las escuelas del país, los libros de texto gratuitos para la educación primaria desde 1o. hasta 4º. grado de ese nivel educativo.
Por eso, surgen las siguientes nuevas preguntas: ¿la propia SEP no cumple puntualmente con sus propios acuerdos? Si se trata de crear un “clima de incertidumbre” ¿cuál es el sentido de ese tipo de actuaciones gubernamentales aparentemente contradictorias?
El problema de la incertidumbre, que poco a poco se convierte en una ola hegemónica de las culturas escolares, no se queda sólo en lo que hace o deja de hacer la autoridad educativa, sino que también se extiende hacia lo que se practica, como lenguaje y narrativa, por parte de los actores o figuras educativas en las escuelas.
Las políticas de comunicación social, en todos los ámbitos de gobierno, que no proporcionan información se traducen o se convierten -automáticamente- en directrices deliberadas para crear incertidumbre en la sociedad. Éste es el caso que describe la actuación de las y los funcionarios actuales de la SEP.
Faltan sólo unas semanas para que comience el ciclo escolar 2023-2024 (próximo mes de agosto). Dada esa premura, algo que preocupa, adicional a lo anterior, es que la situación de incertidumbre que prevalece permea en las comunidades educativas del país. Docentes, directivos escolares, asesores técnicos, personal de apoyo a la educación y familias en general “no saben” qué va a pasar con el arranque del inminente calendario escolar.
Hay incertidumbre en los fundamentos del cambio curricular; en la estructura de los saberes y campos de formación sugeridos por las y los diseñadores de la nueva propuesta 2022; en la organización administrativa de las asignaturas (sobre todo en las comunidades de educación secundaria); en los sistemas de evaluación de los aprendizajes con un enfoque formativo; en el aterrizaje del “codiseño” y en la confección de los programas analíticos a partir de los programas sintéticos establecidos; en fin, en los insumos conceptuales y de procedimientos específicos que deben quedar al alcance de las y los docentes para alimentar las prácticas profesionales cotidianas, entre otros vacíos de información.
Todos estos rubros no representan cosas menores para avanzar ante los desafíos de la educación pública actual en México. Lamentablemente, la propia profesora Leticia Ramírez, actual titular de la SEP, no ha diseñado ni puesto en práctica una estrategia de comunicación social con la intención de ganarle terreno a la incertidumbre y para restarle poder a la desinformación.
En este contexto de incertidumbre (generado por las autoridades educativas federales y estatales), es claro que existen más ventajas que desventajas hacia la sociedad cuando se mantienen abiertos los canales de comunicación oficiales. A no ser que, en definitiva, exista una lógica gubernamental y de las altas burocracias para apostarle deliberadamente a la incertidumbre.
Aparte de cumplir con los principios o normas democráticas de la rendición de cuentas y del ejercicio de la transparencia pública, la SEP deberá de poner más atención en las políticas de comunicación sociales y en aplicar con las palabras y en las acciones el ineludible derecho a la información.
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