Si el que entra será un sexenio de “continuidad con cambio”, se tendrá que ser consecuente y congruente con ello. Esa consigna será también, en materia educativa, una prioridad.
En comentarios anteriores, desde 2018, he afirmado con argumentos que el gobierno del presidente López Obrador ha carecido de un proyecto educativo propio, que haya estado orientado hacia una transformación radical del sistema educativo nacional. Por el contrario, lo que se ha registrado, durante este sexenio, es sólo un intento descafeinado de reformismo educativo, al cual he dado el nombre de “reforma reactiva”.
Lo he nombrado así toda vez que las reformas constitucionales y de las leyes secundarias, en materia educativa, por iniciativa del poder ejecutivo y aprobadas por el poder legislativo, en 2019, sólo significaron el “descarrilamiento” de la reforma educativa anterior (creada e impuesta en el marco del “Pacto por México”), que encabezó el gobierno de Peña Nieto (2013-2018). Pero nada más.
En la actual coyuntura política, más que realizar un pronóstico acerca de quién ocupará la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que conviene hacer es un diagnóstico sobre el estado en que encuentra el sistema educativo.
A partir de los resultados de las elecciones constitucionales del pasado 2 de junio, una de las preguntas que surgen, con esos antecedentes, es: ¿cuál es el proyecto educativo del siguiente gobierno federal (2º. piso de la transformación), que encabezará Claudia Sheinbaum, presidenta virtualmente electa?
Como producto de los diálogos por la transformación y en el documento que se lanzó en el periodo de campaña política de Sheinbaum, resaltaron las siguientes líneas o propuestas generales de políticas educativas para el período 2024-2030:
1.- Los estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas tendrán una beca universal. Este derecho se irá cumpliendo progresivamente en los primeros tres años de gobierno. Por cierto ¿de dónde se obtendrán los recursos financieros para alcanzar esta meta si no se realizará ninguna reforma fiscal?
2.- Aumentarán las becas para estudiantes de educación media superior (pública). Se ampliará hasta llegar al doble el número de becas de estudiantes universitarios, vamos a llegar a un millón de becas para estudiantes universitarios, de manera progresiva.
3.- Se incrementará gradualmente también, la beca para estudiantes de posgrado.
4.- Seguirá el apoyo a las escuelas públicas de diferentes niveles, a través del programa La Escuela es Nuestra. ¿Existe una evaluación nacional y por entidades federativas de este programa? ¿Qué aspectos habrá que corregir y cuáles son las áreas de oportunidad y cambios de este programa?
5.- Continuarán y se fortalecerán los programas educativos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los libros de texto gratuitos (LTG). ¿Cuáles son los ejes de esas ideas de continuidad y fortalecimiento? ¿Cuál es la autocrítica que se ha realizado en relación con los cambios al Artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación (2019)? ¿Cuáles son las autocríticas al trabajo realizado en torno a los LTG? ¿La NEM como concepto y como norma (LGE) será intocable o se propondrán ajustes al mismo? ¿Qué ajustes se proponen para el proyecto de cambio curricular para la educación básica y media superior, iniciado en 2022, durante el siguiente sexenio?
6.- El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística. ¿Se retomará el programa de escuelas de tiempo completo o esta propuesta se ejecutará de manera independiente?
7.- Las escuelas primarias públicas serán espacios de prevención de la salud. Se atenderá la salud mental, la prevención de las adicciones, la salud bucal, y exámenes de la vista con lentes gratuitos a todos aquellos que lo necesiten. ¿Cómo se aterrizará esta propuesta? ¿Se crearán plazas laborales para contratar a médicos, psicólogos, dentistas y oftalmólogos por escuela o zona escolar?
8.- El magisterio nacional seguirá siendo reconocido y por ello, se revisará de manera conjunta temas pendientes de la USICAMM, evitando cualquier forma de corrupción y conflicto de interés. ¿Esto implica la derogación de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LSCAMM)? ¿Habrá una iniciativa para crear una ley diferente donde desaparezcan los incentivos económicos de corte meritocrático, se erradique a la burocracia dorada de USICAMM y se revalorice en serio al magisterio? ¿Cómo concebirá el futuro gobierno el “reconocimiento” al magisterio?
9.- Se fortalecerá a la educación media superior. México debe tender a que haya la misma cantidad de preparatorias como de secundarias.
Esas fueron las propuestas que fueron lanzadas, en campaña, sobre lo que pretende echar a andar el próximo gobierno de la república, sin embargo, no hay claros pronunciamientos acerca de lo siguiente: ¿qué se va hacer con la falta de cobertura universal de la educación preescolar para niñas y niños entre los 3 y los 4 años? En la misma línea de trabajo, ¿qué se hará con la falta de cobertura en la educación media superior? ¿Cuáles serán las instituciones nacionales responsables de la evaluación del sistema educativo federal y de los sistemas educativos locales? ¿Cuáles son los planes para desarrollar el programa nacional de formación continua profesional para docentes de educación básica y media superior en servicio sin caer en la comercialización absurda que hoy prevalece? Esto sólo por mencionar algunos temas prioritarios que no fueron abordados en campaña.
Es cierto que una de las acciones de gobierno que permitirá conocer cuál será la configuración para formalizar el siguiente proyecto educativo nacional, para el período 2024-2030, será el nombramiento de la o el titular de la dependencia federal rectora de la educación pública en México, la SEP. Pero eso no es suficiente.
El nombramiento del secretario de la continuidad, es decir, de Esteban Moctezuma, es una muestra de ello, puesto que sólo improvisó una serie de líneas de políticas educativas sobre la marcha, a falta de un proyecto educativo claro, alternativo, y porque en esa coyuntura política el jefe del ejecutivo federal, López Obrador, consideró que lo más importante era lograr la modificación del texto constitucional (Artículo tercero) y la abrogación de las leyes secundarias impugnadas, o sea, la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Ley del INEE) y la del Servicio Profesional Docente (Ley del SDP).
Los esquemas alternativos de políticas educativas que poseía Moctezuma eran, por lo tanto, limitados pues no fue más allá de plantear algunas ideas sueltas, como la de “excelencia educativa” o de “Nueva Escuela Mexicana”, que en realidad se convirtieron en piezas de retórica o en texto normativo más que en conceptos con profundos fundamentos de un proyecto educativo diferente, transformador, de izquierda.
Digo que hubo continuidad con Moctezuma Barragán al frente de la SEP, porque algunos conceptos importantes de la reforma estructural del pasado no fueron cambiados en la reforma al texto constitucional de 2019 (como la idea de “máximo logro de aprendizajes”). Para explicar esto, habrá que revisar, quizá, si Moctezuma mantenía, o no, compromisos políticos con el gobierno para el que trabajó como secretario de gobernación, el de Ernesto Zedillo, y con la Fundación Azteca, donde trabajó como presidente, con su ex jefe, Ricardo Salinas Pliego.
¿Qué se podría esperar del primer secretario de educación del gobierno de AMLO con esas cartas credenciales? Si bien Moctezuma funcionó como operador político eficaz, pues logró la mayoría parlamentaria y alcanzó el propósito de cambiar superficialmente el texto constitucional, así como modificar las leyes secundarias del ámbito educativo, no hubo nada más significativo durante su gestión.
Con la maestra Delfina Gómez, como titular del ramo, la SEP no obtuvo tampoco aportaciones significativas en la parte conceptual ni en la parte de la gestión educativa. Hay que reconocer, sin embargo, que su período como funcionaria pública del gabinete legal de López Obrador fue uno de los más complejos y adversos para Gómez Álvarez debido a la pandemia.
Leticia Ramírez, la tercera y última secretaria de la SEP del sexenio que culmina, tampoco ha dotado a la secretaría y al sistema nacional de proyectos educativos transformadores, sino que sólo se ha mantenido en un perfil bajo y en condición de administradora de una reforma reactiva, contestataria y gris.
Pregunta ¿habrá congruencia entre el nombramiento de la/el próximo titular de la SEP y las líneas generales propuestas en campaña? Ya lo veremos en uno, dos o tres años, no antes.
Lamentablemente, al interior de la Cuarta Transformación no hay claridad (tanto en los partidos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” como en los grupos parlamentarios alineados con ellos), acerca de cuál debe ser la trayectoria que habrá de seguir el segundo piso de la transformación de la vida pública del país, en materia educativa. Y lo poco que hay es cuestionable. Diversos estudios de políticas públicas educativas han mostrado que las becas por sí solas no generan cambios sustantivos en los procesos educativos en las escuelas ni en las aulas, en términos de formación de las personas y de los aprendizajes escolares (no quiero reducir esta discusión a la dimensión instrumental sólo de los “resultados educativos”).
La creación de nuevas instituciones educativas, sobre todo de educación media superior y superior, podría anotarse, sin embargo, como un acierto del este próximo sexenio. No obstante, es necesario revisar varios aspectos que tienen que ver con el régimen laboral de los trabajadores de la educación, tanto de las nuevas instituciones educativas creadas recientemente como en las instituciones que ya tienen más tiempo de existencia.
Si en verdad se busca convertir a este país en una potencia educativa, científica, tecnológica, digital y cultural, el gobierno de la república de Claudia Sheinbaum, habrá de trabajar de inmediato en la construcción del nuevo proyecto educativo, a través de foros o de diversos espacios de análisis y discusión para generar un proyecto de “continuidad con cambio”, con la idea de confeccionar sobre todo el programa educativo sexenal, que deberá presentar por ley.
Ojalá que no se pierda la oportunidad de promover la participación social más amplia, desde abajo, en este sector para que los cambios radicales en torno a “la cosa educativa pública”, se lleven a cabo en congruencia con un régimen democrático y legitimado por la mayoría arrolladora que le dio el triunfo el pasado 2 de junio.
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