“El problema no es que la gente carezca de educación. El problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado y no lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado.”
R. Feynman
El año 2021 está por concluir; sólo quedan poco más de 70 días. Es quizá hora para reflexionar en torno a los temas prioritarios que preocupan a la sociedad y a las/los actores del sector educativo, en perspectiva o de cara al futuro, y retomar las discusiones que están pendientes para construir una eventual agenda pública para el siguiente año.
Propongo tres puntos para construir dicha agenda educativa 2021-2022, desde las escuelas, durante el corto y mediano plazos: 1) Revisión y replanteamiento de planes y programas de la educación básica y media superior; 2) Discutir la Ley Gral. del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCAMM); y 3) Democracia sindical (SNTE).
¿Por qué estos temas? En primera instancia, lo que observo es que al gobierno del presidente López Obrador no le interesa discutir estas cuestiones, porque no lo ve como necesidad primaria; por ello, quizá, éstas no se asoman en la agenda oficial de temas nacionales ni se ventilan en las conferencias matutinas de Palacio Nacional.
Hoy en día no existe, al menos eso percibo, una intencionalidad o una abierta disposición para abordar estos puntos o temas generales desde la perspectiva de las políticas públicas educativas (explícitas o implícitas).
La actual es una coyuntura interesante que nos da la oportunidad para que, en las escuelas, es decir, desde las comunidades educativas (integradas por docentes, directivos escolares, equipos técnicos, estudiantes y familias), se inicien los análisis y las reflexiones respectivas en torno a éstos o quizá otros puntos de la agenda pública educativa.
¿O acaso los únicos puntos a tratar en los Consejos Técnicos Escolares (CTE) son los que definen las autoridades educativas a través de las guías oficiales?
En la siguiente parte de este breve texto, pongo a consideración los argumentos acerca de por qué son relevantes estos tres temas:
1) Revisión y replanteamiento de planes y programas de la educación básica y media superior.
Porque los dispositivos curriculares no han cambiado durante los últimos años, en tres sentidos:
- a) Las modificaciones a los contenidos, métodos y enfoques educativos se han quedado congelados en el tiempo. Me refiero a las modificaciones de planes y programas de la educación básica de 2011 (ya han pasado 10 años), las cuales se concentran en el contenido del Acuerdo 592 de la SEP, por el que se establece “la articulación de la educación básica”.
- b) Por su parte, el llamado “nuevo Modelo Educativo” (publicado oficialmente en 2017), generó la integración de nuevos planes y programas para la educación básica y los lineamientos o directrices curriculares principales, que orientarían los planes y programas (diversos y dispersos) de la educación media superior en México. El próximo 2022 se cumplirán 5 años de esa reforma curricular inspirada en el modelo “competencial”.
- c) Los cambios científicos, tecnológicos, humanísticos y culturales se mueven de manera vertiginosa, por lo cual no hay razón para detener las revisiones y las actualizaciones correspondientes en materia de selección, jerarquización, organización, pertinencia y oportunidad de los nuevos contenidos y métodos educativos.
2) Discutir la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCAMM).
Una de las cuestiones más controvertidas de la llamada “reforma educativa” de la 4T (que es, en esencia, una reforma “reactiva”), es tanto la lógica interna de la evaluación de las figuras educativas (con tendencia a examinar al individuo y no a los colectivos escolares), como la operación misma de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), dependiente de la SEP, que ha brillado paradójicamente por su ineficiencia, burocratismo y efectos adversos para el desarrollo laboral de docentes, directivos escolares y asesores técnicos, entre otras figuras educativas de la escuela pública.
Además, la lógica interna y la deficiente operatividad de los dispositivos para evaluar a las figuras educativas (en la parte reglamentaria y en los procesos específicos administrativos y técnico-pedagógicos), han constituido dos de los problemas más importantes señalados por el magisterio nacional.
Por ello, más allá de los conflictos de operación que reiteradamente han señalado las y los docentes en torno a la USICAMM (ineficiencia y mal trato), es necesario discutir la razón de su existencia y los contenidos de la ley que le da sustento. Ello significa discutir, incluso, de manera colectiva, si la razón de ser de las promociones horizontales (incentivos económicos) es contener los aumentos salariales o no, por ejemplo.
3) Democracia sindical (SNTE).
A pesar de las buenas intenciones de las autoridades del trabajo o de las/los responsables de regular y dar seguimiento al adecuado cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo y tomar nota acerca del adecuado manejo interno de las organizaciones gremiales (hasta donde lo permite la ley), en el sentido de dar paso a la “democracia sindical”, en el marco de las transformaciones del régimen autodenominado de la “4T”; sin embargo, lo que se observa es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha sido totalmente resistente al cambio, en términos de abrir la discusión interna y reorientar las elecciones de dirigentes en un sentido democrático y representativo.
Los reportes más recientes que se han conocido acerca del proceder del comité ejecutivo nacional del SNTE, así como de las dirigencias de la mayoría de las secciones sindicales del mismo, indican que las cúpulas sindicales han cerrado el paso a la participación de las y los agremiados de base o de los centros de trabajo. De manera irregular, sólo se permite la inscripción o registro de planillas con ex líderes sindicales o colaboradores de la burocracia sindical.
Hay razones suficientes para reflexionar sobre estos tres puntos y rediscutirlos en las comunidades educativas, esto con el propósito de avanzar en la ruta de asegurar el derecho pleno a la educación de niñas, niños, jóvenes y adultos, a partir de la participación de los actores sociales principales de los procesos educativos.