Esta semana recibí la Gaceta Parlamentaria del lunes 5 de febrero de 2024, en donde aparecen las iniciativas de reforma constitucional enviadas durante estos días por el jefe del poder ejecutivo al poder legislativo, esto para su conocimiento, revisión, discusión y eventual aprobación.
Como es del dominio público, la iniciativa contempla diversas modificaciones al texto constitucional en diferentes rubros como vivienda, derechos humanos, salarios y pensiones de las y los trabajadores, instituciones y sistema electoral, bienestar, seguridad pública, organización del poder judicial, políticas energéticas, entre otros; sin embargo, por ahora nos enfocaremos al análisis breve de la parte que corresponde al sistema educativo.
En su justificación (exposición de motivos) acerca de la necesidad de desaparecer o fusionar a algunos organismos constitucionalmente autónomos (OCA) u organismos descentralizados o desconcentrados, como es el caso de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (conocida como Mejoredu), la mencionada iniciativa de reformas al texto constitucional señala lo siguiente:
“Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de éstos que en los hechos duplican funciones y tareas del Ejecutivo federal.”
En tales circunstancias, surgen algunas preguntas: esta vez hay, de mi parte, más cuestionamientos que comentarios. En el supuesto de que se aprobara la reforma al texto del artículo 3º constitucional ¿qué dependencia de la SEP se haría cargo de las funciones de la Comisión Mejoredu? ¿Cómo se reubicaría a su personal de base, es decir, a sus trabajadoras y trabajadores? ¿Cuánto costaría esa llamada “fusión”? ¿La SEP sería “juez y parte” en la generación de proyectos de evaluación y pondrá en operación las políticas públicas educativas en función de ellos? ¿Cuánto costará a la nación ese tipo de procesos?
Más preguntas que respuestas: ¿cuál es el clima de colaboración que se ha desarrollado, o no, entre la SEP y Mejoredu durante los últimos 4 años? (hay que recordar que la operación formal de Mejoredu comenzó en 2020).
¿Quiénes son los informantes que han llevado un diagnóstico institucional a la oficina del presidente López Obrador, como para llegar a la conclusión de que Mejoredu “debe desaparecer o fusionarse”? ¿Con qué herramientas se ha hecho ese diagnóstico?
Cabe recordar que la Comisión Mejoredu, como institución reemplazante del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), es el producto de múltiples negociaciones entre funcionarios de la SEP y miembros de los grupos parlamentarios (Morena, PT, PRI, PAN, MC y Verde), entre otros actores sociales, durante la coyuntura de 2019, cuando entró en vigor la reforma del artículo 3º constitucional (en su momento, a esas concertaciones les llamé “nuevos consensos”), y toda vez que se estableció la necesidad de rediseñar a la institución e ir más allá de la evaluación de las políticas públicas educativas (función central que desempeñó el extinto INEE).
En ese contexto, se pasó del Sistema Nacional de Evaluación Educativa al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, hecho que parecía orientarse no sólo a concretar la evaluación integral del sistema educativo mexicano, sino también a la intervención educativa y a la formación continua de docentes y directivos, a través de la puesta en operación de recomendaciones y la coactuación en proyectos y programas de “mejora continua” de la educación obligatoria (educación básica y media superior).
Otra cosa que no debemos perder de vista, es que desde que se creó el INEE, en el seno de la SEP, en 2002, (cuando el doctor Felipe Martínez Rizo promovió su fundación, junto con otros investigadores y especialistas en educación y evaluación), una de las demandas de la propia comunidad académica, del magisterio y sus dirigencias sindicales, así como de diversos grupos sociales consistió en evitar la desafortunada fórmula en que la SEP siguiera siendo “juez y parte” en los delicados asuntos de la evaluación educativa (en todas sus dimensiones), sobre todo por los riesgos de la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de la información.
¿Quién, desde el poder legislativo o desde distintos sectores de la sociedad, estará en condiciones o animado a defender la permanencia de la Comisión Mejoredu con esos argumentos a favor?
En primera instancia, los comisionados que forman parte de las áreas directivas de la actual Comisión MejorEdu, así como las instancias de ciudadanización que fueron creadas en su estructura orgánica, están llamados a pronunciarse en torno al escenario de la permanencia, desaparición o fusión como organismo desconcentrado del gobierno federal. La mirada desde dentro no es la única, pero es una mirada importante en coyunturas reformistas como éstas.
Sin embrago, en la lectura desde fuera, con los elementos que nos dan algunas voces informadas y a partir de los documentos que están disponibles, se observa otro escenario, que es el de la irremediable fusión o el “regreso” de las funciones, facultades y atribuciones tanto de la evaluación educativa como de la promoción de la “mejora continua” de la educación al interior de la SEP.
Aquí surge otra pregunta: ¿cómo están dadas hoy las fuerzas, los intereses, los grupos y las tensiones al interior tanto de la SEP como de la Comisión Mejoredu? ¿Qué tipo de liderazgo se requiere para armonizar y generar ambientes equilibrados de trabajo y de avances permanentes, consensuados, en materia de políticas públicas educativas? Sin duda, todo ello da como para desarrollar nuevos proyectos de investigación y escribir dos o tres interesantes ensayos sobre las fragilidades y contradicciones documentables tanto al interior de cada una de estas instituciones públicas como en la parte que corresponde a sus relaciones interinstitucionales.
En su momento también, cuando se elevó a rango constitucional la autonomía del INEE, en 2013, se decía que habría un choque de trenes entre éste y la propia SEP. Cosa que sucedió, en efecto. Pero esa es otra historia.
Ahora que están y estarán de moda los trenes de pasajeros en México ¿acaso la titular de la SEP, la profesora Leticia Ramírez, pidió la desaparición de Mejoredu y su fusión (de regreso) con la SEP para tener la vía despejada, libre, y así evitar más o “mejores” choques de trenes?
Si esta hipótesis se confirmara ¿se le cumplirá el deseo?
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