La estructura del partido guinda, con este paso de los años, ha ido dando mayor solidez a la toma de decisiones. Me parece sumamente sustancial, a estas alturas, que la misma Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, haya sentado las bases para continuar con esa misma cultura participativa que, a grandes rasgos, dota de todo el poder al pueblo para que tomen disposiciones en torno a los puestos de elección popular. Eso, evidentemente, obliga al CEN, además de la transparencia con la que debe de actuar, a sujetarse a los estatutos que son claros y precisos. Me refiero a que las determinaciones, que emergen del grueso de la población, sean el instrumento más valioso. Así asumió Claudia la coordinación de la defensa del voto con un ejercicio que, a nuestro juicio, fue contundente entre las normas que se establecieron, primero, para insacular a las instituciones que se encargarían de medir el pulso de la población, Sin ir más lejos, eso no dejó margen de duda y especulación: Sheinbaum dominó de pies a cabeza la encuesta.
Con ese mismo fin o propósito, debe caminar la dirigencia nacional de Morena. Hay que darle, como tal, certeza a las decisiones que tome la población civil, empezando por respetar lo que manifiesta a través de un punto de vista libre y consciente. De hecho, Morena, desde mi opinión, se ha consagrado como un partido congruente con su declaración de principios; sabedores de esa responsabilidad, que desde luego emerge del pueblo, tiene una enorme tarea que, entre otros aspectos más, se ajusta a las decisiones que tome el poder constituyente. Pasó con el rubro del poder judicial, y la defensa legítima que salió desde el CEN para defender la autonomía de uno de los poderes de la nación. A lo que voy es que, con esa legalidad, el partido guinda debe acatar la declaratoria constitucional de postergar el tema de nepotismo hasta el 2030.
Y como Morena ha promovido esa legalidad del poder constituyente, un acto de justicia sería, tal y como quedó establecido, que no hubiese limitantes para las elecciones del 2027 que se avecinan. Además ese asunto tiene que ver, desde ese punto de vista plural y democrático, de las voluntades que broten de los ciudadanos. Morena ha demostrado, con hechos, que no es como el PRI y PAN. Dejemos que la gente decida quiénes serán los representantes sin cortarles ese derecho constitucional. El pueblo, como dijo AMLO, es mucha pieza. Con esa premisa, ellos se convierten en los grandes electores o, mejor dicho, en el juez para resolver asuntos de quienes nos representarán en las urnas.
En todo caso, lo dijimos, serán los mismos cuestionarios o instrumentos, a través de preguntas expresas, los que recolecten el sentir social. Siendo así, la dirigencia de Morena, basándonos en esa legalidad, tendría que valorar la postura que ha tomado de reformar los estatutos. Eso, en un término político, solo detonaría pugnas y divisiones por coartar la democracia participativa. Pueden tomar el mismo ejemplo de López Obrador, que visualizando ese proceso sucesorio, hizo acuerdo previo con todas las corcholatas que, para no dejar duda, firmaron que habría respeto por los resultados y, con ello, asumirán lo que el pueblo definiera en la encuesta. Quienes aspiran a un puesto para el 2027, de manera clara, saben perfectamente lo que puede llegar a pasar. Por eso deben estar dispuestos a aceptar la realidad les favorezca o no.
Supongamos que Morena reforma los estatutos y cierra la puerta a muchos liderazgos que, en décadas, se han consagrado en la política. No sería el pueblo quien tomase esa determinación, sino un conjunto de personas que integran el Consejo Nacional. Una encuesta, en cambio, toma en consideración al pueblo en general que ha elegido en base a una percepción o criterio del trabajo que llevan a cabo. Eso, por lo tanto, es una prueba de fuego para el CEN. De hecho, la misma Luisa María Alcalde, en más de una entrevista, ha dicho verbalmente que la forma de elegir a los próximos abanderados de Morena será la encuesta. Cuando habla de ello, evidentemente, se nos viene a la mente que habrá flexibilidad y no exclusiones para que el soberano defina el presente y el futuro de cada una de su entidad o distrito.
Sería una situación superflua si Morena se entrampa en un debate por reformar los estatutos, cuando la población, tanto en Zacatecas como en Guerrero, ha tomado técnicamente una decisión. Hablamos del pueblo, que alguna vez comentó el mismo AMLO que son los poseedores de la sabiduría y la bondad.
El pueblo es el mejor juez. Ese grueso de la población, que ha salido a las calles a defender la legalidad de las decisiones del poder constituyente, lo mismo que el respaldo irrestricto a la soberanía y a la presidenta de México, debe ser, por democracia y legitimidad, quién tome en sus manos la decisión de definir quienes aparecen en las boletas del próximo 2027. Y como el pueblo pone y el pueblo quita, en una realidad de una democracia que ha tomado mayor solidez, debe ser el vehículo que logre encontrar una respuesta para elegir libremente. Para tal efecto, de hecho, de eso dependerá mucho el fortalecimiento de la democracia, pero también dará claridad al respeto de esa declaración de principios.
Qué sean las encuestas las que determinen el rumbo, así de sencillo. Eso, a la par, nos permitirá ver con quienes concuerdan la sociedad, y a quienes les han entregado su cariño y confianza. Hoy, en efecto, las encuestas, que fueron muy efectivas en 2024, tienen una lectura muy clara de quiénes son los favoritos de la ciudadanía para las 16 gubernaturas.