El Servicio Profesional de Carrera (SPC) venía mejorando las condiciones del trabajo de la administración pública federal y la decisión de eliminar este importante programa, pone en evidencia el dispendio, la falta de planeación, de trabajo profesional y la politiquería de la 4T.
El impacto de la destrucción del SPC no es cosa menor, pone en peligro la gobernanza y estabilidad del país. Desde el inicio de su gobierno AMLO anunció: “Mi prioridad es 90% honestidad y 10% experiencia”, así amigos, compadres y familiares fueron ocupando importantes cargos, es más, se puede afirmar que este es el gobierno con mayor nepotismo, superando al de José López Portillo y el más corrupto, superando al de Enrique Peña Nieto.
Cambios radicales
Durante la década de 1980, el país pasó de una economía sustentada en la sustitución de las importaciones a una estrategia basada en exportaciones. Las reformas aplicadas abrieron la economía al comercio exterior y a la inversión, y se disminuyó el tamaño del sector público mediante la privatización de industrias que eran propiedad del Estado.
Con el tiempo, las crisis económicas y la dependencia de los ingresos petroleros demostraron que la administración pública necesitaba hacer más con menos, fue con la implementación del SPC que México buscó y logró avances importantes en la capacidad gubernamental y en garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
Un gobierno más eficaz puede facilitar la implementación de políticas e inversiones públicas para abordar problemas sociales y económicos como la pobreza, el acceso a servicios básicos de calidad, la economía informal y la infraestructura. El SPC venía funcionando, quizá no a la velocidad que se requiere o que esperamos, pero sí con cierta eficacia.
Algo necesario
Hasta 2018 las diferentes administraciones avanzaron en la implementación de reformas estructurales para establecer un servicio civil de carrera. Fue en 2003 cuando se consiguió racionalizar las normas que regulan las operaciones del gobierno federal y en 2010 avanzar en el desarrollo del gobierno electrónico.
De hecho, estas reformas fueron congruentes con la agenda establecida por los países miembros de la OCDE en la Conferencia sobre Política Regulatoria que se realizó en octubre de 2010. En aquella ocasión los ministros afirmaron que la reforma del sector público debería ser una prioridad. La crisis económica y financiera global planteó cuestionamientos en torno a la flexibilidad de los gobiernos para hacer más con menos y para ello se estableció una amplia agenda de reformas diseñadas para fomentar gobiernos más abiertos, innovadores y estratégicamente ágiles. En las conclusiones de la reunión se destacó la importancia de fomentar la eficiencia y la eficacia en el sector público por medio de la innovación tecnológica; una mejor gestión de recursos humanos; asociación con los ciudadanos, sociedad civil y sector privado, y el desarrollo de marcos de evaluación para medir el desempeño del gobierno.
Los compromisos
Los países miembros de la OCDE, entre ellos México, asumieron una serie de compromisos para implementar las acciones:
Rendición de cuentas: el gobierno debe ser capaz y tener la intención de mostrar hasta qué punto las medidas que aplica y las decisiones que toma son congruentes con objetivos claramente definidos y acordados. AMLO decidió destruir el INAI, tener sus “propios datos” y no rendir cuentas.
Transparencia: las decisiones y procesos que llevan las medidas que toma el gobierno deben estar abiertos al escrutinio y ser objeto de revisión por parte de los otros sectores del gobierno o por la sociedad civil y, en algunos casos, instituciones externas.
AMLO cerró el paso a la sociedad civil, destruyó los organismos autónomos y convirtió a su gobierno en el más opaco de la historia.
Eficiencia y eficacia: el gobierno tiene la responsabilidad de generar productos públicos de calidad. Los servicios que presta a los ciudadanos deben ser al mejor costo y garantizar que lo ofrecido cumpla con las intenciones originales de las políticas públicas. En la 4T vemos lo contrario con obras como el AIFA, el Tren Maya o Dos Bocas que resultaron mucho más caras de lo planeado y no cumplen los objetivos planteados. En cuanto a prestación de servicios, se destruyó el sector salud, transporte, de infraestructura hidráulica y un largo etcétera.
Estado de derecho: el gobierno ejecuta las leyes, las regulaciones y los códigos de manera equitativa y transparente. Pero AMLO ignora no solo las regulaciones vigentes, sino a la Constitución y ha afectado cientos de proyectos estratégicos. Dependencias como SENER, la CRE están paradas sin dictaminar solicitudes de permisos y autorizaciones.
Profesionalización del personal y la creación de un servicio público de carrera:
Actualmente el personal que labora en las dependencias federales o les falta preparación o desconocen sus tareas. En Aduanas los militares no distinguen entre una fracción arancelaria y un tema de seguridad y quienes diseñaron el Tren Maya, Dos Bocas o el AIFA nunca realizaron estudios de factibilidad financiera, estructural ni operativa.
El propio AMLO lo advirtió, se avecina una crisis para 2025 y será producto de una pésima gobernanza y en buena parte, por la destrucción del Servicio Profesional de Carrera y una administración que es como un barril sin fondo de corrupción.
X: @diaz_manuel