El presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 2025 plantea un panorama complejo para la economía mexicana. Entre proyecciones desde mi punto de vista un tanto optimistas y recortes estratégicos, el presupuesto refleja los retos que buscan equilibrar crecimiento económico, sostenibilidad fiscal y bienestar social. Sin embargo, algunas cifras generan dudas sobre la viabilidad de las metas propuestas, especialmente en un contexto de desaceleración global y presiones internas.
Crecimiento económico u ¿optimismo exagerado?, no cabe duda que a los economistas afines a la 4T celebran todo tipo de idea o decisión oficial, así que trataré darle mi punto de análisis objetivo crítico. La SHCP estima un crecimiento económico de entre 2.0% y 3.0% para 2025, una proyección significativamente más alta que la de organismos internacionales como el FMI (1.3%), la OCDE (1.2%) y de otras entidades privadas que no van más allá del 1%. Este optimismo gubernamental podría justificarse por expectativas de mayor consumo interno, muy dependiente ahora de remesas o un posible repunte en sectores clave como el turismo y las exportaciones, a considerar ahora con el efecto Trump. La divergencia con las estimaciones externas sugiere que las autoridades podrían estar subestimando riesgos como la inflación persistente, tasas de interés elevadas y una dilación de la inversión por el tema judicial en México.
La moderación en los indicadores de inversión pública y privada podrían limitar el crecimiento potencial, por lo que es crucial que el gobierno evalúe el contexto económico local y global para evitar ajustes abruptos que afecten la planeación presupuestal y la confianza de los inversionistas.
El gasto público proyectado para 2025 será de 9.30 billones de pesos, una reducción real del 3.3% respecto a 2024. Esta contracción afectará la provisión de bienes y servicios para la población. En un país con altos niveles de desigualdad y pobreza. Se argumenta en el oficialismo la disminución de pobreza extrema por los programas sociales y el aumento a salarios minimos, pero sus efectos son transitorios con la inseguridad, la informalidad y que si bien bajo la pobreza extrema, el umbral de pobreza laboral es del 40% en México. Los recortes presupuestales podrían agravar las brechas sociales, especialmente si afectan sectores como salud, educación y seguridad.
La austeridad en el gasto público puede interpretarse como un esfuerzo por mantener la sostenibilidad fiscal, pero es indispensable garantizar que las áreas críticas no sean desatendidas. La pregunta clave es si la eficiencia en el uso de recursos públicos compensará la reducción en términos absolutos del gasto.
Inversión en infraestructura
Una apuesta insuficiente, ya que se verá reducida en 12.7%, pasando de 932.4 mil millones de pesos en 2024 a 848.7 mil millones en 2025. Este recorte es de considerar en un momento en que México necesita reforzar su competitividad y mejorar su conectividad interna para atraer más inversión extranjera. Se habla de trenes y aún las obras emblemáticas de la administración anterior demandan subsidios y apoyos durante todo este sexenio.
Los proyectos de infraestructura suelen tener un impacto multiplicador en la economía, generando empleo y dinamizando regiones. La disminución en este rubro podría interpretarse como una señal contradictoria frente a los discursos gubernamentales que promueven el desarrollo regional. Será fundamental que los recursos asignados se destinen a proyectos con alto impacto social y económico.
Deuda pública
Una carga creciente es el aumento en el pago de intereses de la deuda pública, que crecerá 8.5% para alcanzar 1.39 billones de pesos, representando el 14.9% del gasto total. Este crecimiento refleja la creciente carga que representa la deuda para las finanzas públicas, especialmente en un entorno de tasas de interés altas. Si bien la SHCP proyecta una reducción en los requerimientos financieros del sector público del 5.9% del PIB en 2024 al 3.9% en 2025, el costo de la deuda sigue siendo una limitante para destinar recursos a áreas prioritarias.
Ingresos del sector público
La dependencia de la recaudación, con los ingresos estimados para 2025 ascienden a 9.30 billones de pesos, una reducción real del 3.3% respecto a 2024. Este descenso puede atribuirse a la moderación en los ingresos petroleros y una base tributaria que, aunque ha mostrado avances, sigue siendo insuficiente para las necesidades del país.
La política fiscal del gobierno ha enfatizado el combate a la evasión y elusión fiscal, así como la ampliación de la base de contribuyentes. Sin embargo, es necesario un debate más amplio sobre una reforma fiscal que permita incrementar los ingresos de manera sostenible sin ahogar a la actividad económica. El tema es que no hay un plan progresivo para disminuir la informalidad y el enfoque son las entidades productivas privadas cautivas y los asalariados. México prioriza desde los 80′s los ingresos recaudatorios vía el consumo a través del IVA, principalmente, y no a través del ingreso vía el ISR, por lo que con una tasa de informalidad cercana al 60% los presupuestos son limitados y fomentan la deuda pública. Los países con economías sólidas y crecientes se enfocan en la recaudación del ingreso es decir el ISR.
Balance presupuestario y primario
El déficit presupuestario se reducirá de 1.69 billones de pesos en 2024 a 1.17 billones en 2025, mientras que el balance primario pasará de un déficit de 465.1 mil millones de pesos a un superávit de 217.8 mil millones. Estas cifras sugieren un esfuerzo significativo por parte del gobierno para fortalecer las finanzas públicas, pero el ajuste dependerá de la capacidad de contener el gasto y mejorar la eficiencia recaudatoria. El logro de un superávit primario es una señal positiva, ya que implica que el gobierno podrá cubrir sus gastos operativos sin depender del endeudamiento. Sin embargo, el desafío será mantener este equilibrio sin comprometer la calidad de los servicios públicos ni el crecimiento económico. El darle apoyos económicos preponderantes a Pemex y CFE, en especial al primero por los recursos a cubrir de su deuda en 2025 y sus malos resultados en refinación representan un problema. Se busca soberanía energética pero con burócratas de ideología y académicos en puestos clave, lo que se observa complicado.
El presupuesto de la SHCP para 2025 refleja una apuesta por la disciplina fiscal en un entorno económico complicado. Sin embargo, algunas decisiones, como los recortes en gasto público e inversión en infraestructura, podrían tener efectos adversos si no se manejan con cautela. Será indispensable fortalecer la transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y eficaz. Pero con la desaparición en esta semana de los organismos autónomos y la creación de la Secretaria Anticorrupción, el gobierno será juez y parte. Por lo tanto tendrá efectos en el tratado comercial y la inversión privada en las nuevas asociaciones público privadas, llamadas mixtas. Es decir, según el oficialismo, lo mismo pero más barato y en donde siempre tendrán el control de decisión. Eso reduciría la participación privada sin duda.
La perspectiva de la SHCP es optimista con relación al crecimiento económico, debe ir acompañada de políticas que fomenten la inversión privada, la innovación y la inclusión social. Sólo así será posible construir una economía más resiliente y equitativa que responda a las necesidades de la población en el corto y largo plazo.
En mi opinión, el presupuesto para 2025 plantea encontrar el equilibrio entre austeridad fiscal y desarrollo económico. Si bien las metas propuestas son ambiciosas, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para navegar con acierto en un entorno incierto y garantizar que las decisiones tomadas en esta administración beneficien a la mayoría de los mexicanos.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx