La razón de existir de los organismos constitucionales autónomos desde un enfoque pragmático es la de resolver cuestiones técnicas que, por su grado de especialización y complejidad, no son del saber típico de cualquier persona en política. Es decir, que el político tiene una tarea con las comunidades, ciudadanía y masas que le impide especializarse en asuntos que, a menudo, exigen años de estudio así como decisiones basadas en el método científico y ciencias especializadas como en el tema energético o la materia de la Comisión Federal de Competencia Económica, que para identificar monopolios y combatirlos requiere de estudios matemáticos y económicos así como de concentración de servicios o productos que no cualquiera puede evaluar.
Otros, como el INE o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, requieren autonomía para lograr evaluar a la autoridad o calificar sus actos y organizar elecciones sin incentivos perversos como el nombramiento de integrantes o condicionamiento de presupuesto, es decir, para evitar que el poder político sea juez y parte.
Aunque la tentación de poder sea que absorber estos organismos, por ende, le daría aún más poder, en realidad el dilema no se trata acerca de ostentar facultades sino de contar con herramientas, personal, procesos y recursos humanos, materiales y técnicos para atender necesidades y problemáticas que se traducen en calidad de vida, calidad democrática y gobernanza. O sea que, a pesar de absorber la Comisión Reguladora de Energía que requiere de ingenieros y técnicos con capacidades objetivas para demostrar sus decisiones basadas en la ciencia, los funcionarios que llegaren a un puesto bajo un criterio político, atendiendo a una problemática según la opinión pública o la ideología, a la larga, podrían generar un malestar mayor por tomar decisiones que detonen apagones o incapacidad energética para las industrias.
Algo similar sucede en términos del INE. Su naturaleza tiene como esencia la gobernanza por la credibilidad y confianza de que la convocatoria de elecciones así como su conteo y sistema de resultados es autónomo e independiente, aunque en cuestiones filosóficas, sea prácticamente imposible que una persona sea totalmente imparcial, autónoma e independiente por el simple hecho de que todas y todos guardamos un bagaje de experiencias, conocimientos, ideales, sueños y metas personales diversos, que pueden o no ajustarse a los ideales de un gobierno en turno. El INE ha facilitado la gobernanza a través de la confianza, pues cuando la hegemonía de la derecha y el centro neoliberal se impusieron, la autonomía de este organismo logró garantizar al pueblo que su voto contaba y así llegó la cuarta transformación a la presidencia.
El gran problema de la desaparición de los organismos constitucionales autónomos es que, por ahorrar dinero se gasta gobernanza, confianza y años de consolidación democrática. Lamentablemente, el dinero puede recaudarse mediante una reforma fiscal progresiva que grave a los más ricos e imponga restricciones a mecanismos de deducciones o estrategias agresivas de litigio fiscal mientras que la tarea especializada de organismos autónomos no tiene precio pues se construye a partir de la experiencia, de manera progresiva.
Entonces, la gran pregunta es: ¿Quién se encargará de las tareas que quedarían desmanteladas con la desaparición de los organismos constitucionales autónomos? ¿Cómo se va a garantizar que el método científico y económico bajo el cual se ha formado la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, sigan siendo los criterios para la toma de decisiones? ¿Cómo lograr que técnicos independientes se incorporen a un gobierno si es que los organismos con autonomía les someten en cuanto a los criterios de acción? ¿Cómo hacer que eso impacte negativamente al mínimo?
Absorber poder puede ser tentador en un sistema hiperpresidencialista como el nuestro, pero eso no implica que deje de conllevar la altísima responsabilidad técnica para el funcionamiento de los temas complejos y la gobernabilidad de los temas sociales. ¿Qué Comisión de Derechos Humanos se atrevería a proteger a las víctimas de la autoridad cuando es la autoridad misma su jefa? Un absurdo total.
Además del equilibrio de poder, los organismos constitucionales autónomos facilitan las labores de gobierno, así como las transiciones de sexenio y periodos electorales, pues los criterios objetivos permiten evitar arbitrariedades propias del poder. Eliminar ese soporte es casi un “hará-kiri” administrativo, pues inclusive, en términos de comunicación y propaganda gubernamental: ¿A quién se culpará de los errores si es el propio gobierno federal el que asume las facultades y responsabilidades de organismos especializados?
El poder conlleva responsabilidad y negarse a reconocer que pueden existir servidores públicos de carrera con objetivos de mejoría transexenal es condenar al país a empezar de cero cada seis o doce años dependiendo la fuerza política que se haya logrado imponer mediante la voluntad popular.
En resumen, el mejor aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum serían los organismos constitucionales autónomos y lejos de plantear su desaparición, podría ser el fortalecimiento de los mismos lo que le permita tener un gran gobierno.
A pesar de que la discusión de ese dictamen estaba programada para discutirse y votarse el próximo 15 de agosto, la mayoría de Morena y aliados pasmaron a legisladores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados al momento en que dieron a conocer un orden del día para la próxima sesión, en la que se contempla como primer punto la desaparición de los órganos autónomos Inai, que garantiza la transparencia y protege los datos personales, Instituto Federal de Telecomunicaciones que regula a todo aquel que utiliza el espectro radioeléctrico, defendiendo libertad de expresión, derecho de las audiencias, derechos digitales y buenas prácticas de prestadores de servicios de telecomunicaciones, Cofece que es la Comisión Federal de Competencia Económica y combate monopolios empresariales favoreciendo a la diversidad, Coneval que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y mide estadística y objetivamente la pobreza, CRE que es la Comisión Reguladora de Energía y se dedica a evaluar el desarrollo de la industria energética así como las condiciones del servicio y cobertura para los usuarios, la CNH que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Mejoredu que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y su función es descriptiva desde su nombre. Aunque aquella comisión se dice que se trata de un error, es posible que sea un intento por acelerar los cambios dolorosos que traerían gran afectación para que la presidenta Claudia Sheinbaum no tuviera que cargar con el peso de estas decisiones. Según el calendario legislativo aprobado, únicamente tendrían que votarse los dictámenes sobre derechos indígenas, pensiones del Bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, atención médica universal y protección animal.
El hecho es que una presidenta científica sabe perfectamente qué decisiones deben estar en manos de sus pares, científicas y científicos. Es un gran momento para continuar demostrando su capacidad política para equilibrar la toma de decisiones reconociendo el trabajo de éstos organismos y cambiando, a lo mucho, su composición.