Uno de los principios más infames de la política, que ha sido aplicado como defensa de impresentables (en el derecho de guerra, por ejemplo), es el llamado “tu quoque”, que en latín significa “tú también”. Es un argumento falaz recurrente que consiste en desviar o minimizar una acusación, sin negar su falsedad, pero atribuyéndola también a la contraparte, como si eso fuese un descargo. Lo vemos hoy, cuando equipos enteros de personas de todos los bandos se dedican a localizar párrafos mal citados para convertir en plagiario a todo el mundo (lo más seguro para un político, hoy, es no titularse, porque así ni tesis existe y no hay cuerpo del delito), lo vemos en las denuncias de adjudicación directa en contratos públicos de todos los gobiernos, y en el número de delincuentes muertos versus delincuentes sentenciados o prófugos, como si fuera un concurso de incompetencias. Lo que a veces los políticos no ven (o si lo ven no les importa) es el efecto que esa técnica tiene en la percepción ciudadana de su sistema político y hasta de su Estado, en general, porque cuando el antagonismo político se vuelve ontológico (mi adversario no vale nada, no merece nada, no debería ni existir), y la tormenta de caca tiene su punto de equilibrio en “todos son iguales”, pues resulta que nadie vale nada, y nadie debería competir por nada. Así salen las cuentas, en negativo para cualquiera.

Quizás el escándalo más reciente del que se está haciendo una homologación reduccionista es la estafa lechera que está salpicando a todos (sin albur). Se refiere a un presunto desfalco por miles de millones de pesos (a veces 9, a veces 15) a Segalmex, la empresa gubernamental encargada de proveer de alimentos y leche a la población de menores recursos económicos. En este show aparecen trailers con cargamento imaginario, personajes de Guy Ritchie jugando en la bolsa de valores con el dinero de la leche, inmuebles en el extranjero, empresas fantasmas y prestanombres más fantasmas aún. Es decir, un clásico. Y lo que le viene a la gente a la cabeza es la “estafa maestra”, uno de los chiqueros del sexenio pasado respecto del que siguen sin aparecer cientos de millones de pesos que fueron triangulados a través de universidades públicas, etiquetados para programas escolares y muchos de los cuales fueron simulados o simplemente omitidos.

El secretario de la Función Pública dijo en junio pasado: ”La cifra de 15,000 millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento. Como se informó en agosto del 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9,500 millones de pesos, de los cuales 6,000 fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y 3,500 por la Auditoría Superior de la Federación”. Parece chiste, efectivamente, pelearse por mover la cifra de 15 mil millones a 9 mil millones, porque desde las coordenadas más comunes desde las que se reacciona a estos casos (la indignación y el ego colectivo), da más o menos igual. Que el monto rebase los miles de millones ya lo pone en otro nivel. Empero, sirve para recalcar lo poco cuidadas que están las narrativas mediáticas en asuntos de este tipo, y al final, si se condena a la reparación del daño por 9,500 millones, los mismos diarios pondrán en su encabezado que “Les perdonaron 6 mil millones a las ratas de Segalmex”. Por eso importa.

Que de lo que estemos hablando (a veces se olvida) sea de hacer transas con recursos públicos destinados a suministrar comida y leche a las personas más pobres, no ayuda. Una parte crucial de “la estafa maestra” ya mencionada, es que mucho del dinero desviado y desaparecido era para desayunos infantiles de escuelas públicas, es decir, era para darle de desayunar a los niños más pobres. Esto es, sin cursilería, inhumano. El caso Segalmex comparte esa mezquindad de campeonato.

A la fecha la fecha se ha denunciado a 87 personas: 41 ex servidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculadas a estos hechos delictivos, de acuerdo con declaraciones de las propias autoridades. Además, en la parte penal, hay 100 denuncias en la Fiscalía General de la República.

Lo más interesante del caso sería, empero, descubrir los engranajes más profundos de la estafa, que en realidad es una mezcla, a ojo de buen cubero, de 3 de los 5 modos más emblemáticos de corrupción pública: soborno, peculado y tráfico de influencias. Esto ilustra, a su vez, lo que ha sido descrito como el mecanismo de la corrupción, un ciclo en el que, quien invierte en la política (desde las campañas electorales) consolida su influencia en la designación de funcionarios clave de ejecución de gasto (Segalmex), y recupera su inversión mediante adjudicaciones o invitaciones truculentas, y deficiencias deliberadas en la ejecución de los contratos públicos. Cuando queda impune, este mecanismo es un negocio demasiado atractivo como para que quien tiene el dinero deje de utilizarlo. Por eso los pocos casos que no queden impunes, importan, y mucho.