La controversia en torno al decreto de la Reserva de la Biosfera Sierra La Giganta y Guadalupe continúa. No es un asunto nuevo. Es la clásica batalla de intereses del extractivismo y la conservación de ecosistemas. En medio los ejidatarios. Unos miran a la zona protegida como una forma de despojo y otros ven una forma de realizar tareas de vigilancia y desarrollos sustentables de rancheros a través del ecoturismo.
Desde 2014 existe un Estudio Previo Justificativo para la Declaratoria como Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. Queda clara la intención del decreto, sería el agua:
Se pretende asegurar que siga existiendo el servicio ambiental hídrico para garantizar el uso del mismo sistema natural y humano, con un decreto de estas Sierras como ANP se pretende lograr esto, así como sus beneficios asociados como proteger a la biodiversidad y evitar las prácticas de manejo, uso y aprovechamiento de recursos físicos y biológicos insostenibles.
Se lee en la página 88 del documento.
Propone mantener sin impactos estos cerros, sus paisajes, su flora y su fauna. Entre los argumentos resalta:
El conservar estas sierras significa asegurar el bienestar de pueblos y ciudades aguas abajo como: Loreto, San Carlos, Ciudad Constitución, Santa Rosalía, Mulegé, López Mateos, Insurgentes y toda la región agrícola del Valle de Santo Domingo.
Hasta la fecha no ha podido ser decretado. La presión de algunos ejidatarios, políticos y empresarios congeló la protección ambiental y cultural de 1.6 millones de hectáreas.
Minería
Ellos creen lo que les han dicho: serán despojados. Sí, ese pequeño cambio que se hizo en 1992 al artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que permitió adherir a la propiedad social, suelo ejidal y comunal al mercado inmobiliario urbano (Olivera Lozano, 2005), pero también permitió a megaproyectos extractivistas conseguir tierras para explotar.
El documento explica algo que ya sabemos: la minería destruye. Detalla una lista de impactos ecológicos y culturales en las comunidades locales en donde se instauran los regímenes extractivistas. Son al menos 16 concesiones en sierra La Giganta y Guadalupe que tienen el potencial de detonar en el futuro cercano, particularmente las que se encuentran en las cercanías de la Ciudad de Loreto, Región de Sierra Guadalupe y Tembabichi. Aunque es curioso observar que la llegada de grandes minas, podría afectar al desarrollo turístico.
Políticos inmiscuidos
Para efectuar el estudio, se realizó un proceso de consulta pública. Muy manoseado, por cierto. Por un lado, políticos intervienen el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con apoyo de Sociedad de Historia Natural Niparajá. Solo recordemos a Eligio Soto López que, aprovechando el regreso del PRI a la presidencia en 2011, logró convertirse en el delegado de la Procuraduría Agraria. Desde esta posición, el priísta comenzó a influir en ejidatarios sobre supuestas estrategias de despojo por parte de las organizaciones ambientales, discurso que se replicó en los medios de comunicación. Que se repite en 2022.
En 2014, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció al entonces delegado, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por incitar actos de odio contra ONG’s ambientales. Acusaciones dichas a medios de comunicación con frases clásicas: <<obstaculizan el progreso de la entidad>> o <<despojan de sus tierras>>. 19 organizaciones civiles firmaron el documento. Ese mismo año nació el ‘Pacto de Cadejé’, el cual, se refrendó este año, ahora con una consigna de no aceptar la reserva porque ellos podían cuidar sus predios.
No debemos olvidar que, en 2011, Soto López fue evidenciado en periódicos y semanarios de despojar de más de 425 mil hectáreas en sierra y mar al ejido ‘La Purísima’. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunicó la investigación de Eligio Soto López por la triangulación comercial de terrenos del núcleo ejidal ubicado en Comondú. Cerca de 300 ejidatarios lo acusaron del despojo.
Desde entonces, a Niparajá se le señaló de utilizar el decreto como una forma de entorpecer algunas actividades realizadas por los rancheros. Les dijeron que hasta les expropiarían las tierras, pero lo cierto que es un decreto de ANP de carácter federal y no afecta la tenencia de las y los dueños. En vez de eso, la reserva busca convertirlos en guardianes de la sierra:
Un esquema de protección, de manejo y de desarrollo, cuya derrama ambiental, social y económica se extienda más allá de las faldas de la sierra.
Productores Sierra la Giganta
Productores Sustentables Sierra La Giganta es un proyecto conformado por diferentes localidades rurales de Sierra La Giganta, en el Valle de Santo Domingo, para impulsar la marca Hecho en Rancho. La asociación vende diferentes productos elaborados en estas comunidades que van desde talabartería, herrería, cestería, bordado, miel, dulces, licores, plantas y tallado en piedra.
Las Sierras nuestro refugios
Al final, son los ejidatarios son los dueños de sus tierras y pueden decidir qué hacer con sus territorios. Venderlos, rentarlos o, porque no, producir en ellos. Lamentablemente es entendible debido a una histórica desestructuración del campo sudcaliforniano. Los vínculos con los ritmos de su tierra crean un proceso desarraigo. Las y los jóvenes se van, entonces, la idea de darle mejores oportunidades a sus hijos e hijas en las ciudades, terminan vendiendo sus ranchos.
Sin embargo, aún hay esperanza. Hay hijas e hijos que están regresando al rancho. Podemos voltear a la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en la que rancheros se han visto beneficiados con programas y han desarrollado el turismo ranchero, en un esfuerzo de traspasar sus conocimientos realizan tareas de educación ambiental.
Un ejemplo es, sin duda, Rancho Ecológico El Refugio. Un modelo de desarrollo de bajo impacto relacionado con senderismo, gastronomía y la experiencia de vivir el rancho, a diferencia del extractivismo minero que devasta ecosistemas y culturas para obtener materia prima.
Twitter: @Cachobanzi