El reto de México en los próximos años, si queremos capitalizar la relocalización regional de empresas “nearshoring” está en implementar acciones que garanticen no solo abasto sino abasto limpio.
Gobiernos y empresas ya plantean la necesidad de discutir objetivos de descarbonización, reales y medibles para contribuir al cambio climático, pero también para no perder inversiones por no pensar en bonos verdes.
Descarbonizar
En México se impulsan metodologías probadas en países como Francia para el desarrollo de biocombustibles, como el biometano que tiene gran potencial para abonar en la descarbonización de las matrices energéticas.
Este proceso debe acompañarse del combustible clave en esta transición energética, el gas natural a través del desarrollo de una infraestructura que llegue a más estados para poder sustituir otros combustibles fósiles más contaminantes y cabe destacar, ya se dedican importantes esfuerzos a la investigación y desarrollo de hidrógeno verde.
Política con conciencia
Existen grandes esfuerzos a nivel mundial como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), donde los países miembros trabajan colaborativamente en el reglamento de Paris que busca asegurar las cero emisiones netas para 2050.
Este año la ONU organiza su 28 edición de la COP sobre el cambio climático, que se celebrará entre del 30 de noviembre al 12 de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos. En esta edición se discutirán cuatro temas centrales:
1) Una meta de energías renovables;
2) Incidir en el financiamiento para llegar a los 100 mil mdd para 2030;
3) Reformar el sistema financiero internacional, alinear el financiamiento con el Acuerdo de París y;
4) Duplicar los recursos disponibles para adaptación, tanto en el fondo verde del clima, como en el fondo de adaptación y pérdidas y daños.
El compromiso de México
México ha mostrado gran interés, existen actualmente proyectos de energía a lo largo del país que incluyen la hidroeléctrica, solar, eólica y geotérmica. Tenemos gran potencial para el desarrollo de energías renovables fotovoltaica, eólica y geotérmica y eso nos coloca como el segundo país más atractivo para este tipo de inversiones en América Latina.
El gobierno ha establecido objetivos ambiciosos para la próxima década y más allá, apuntando al 35% de generación de electricidad a partir de fuentes de energía limpia para 2024.
En la COP 27, México se comprometió a duplicar su capacidad de energía renovable para 2030, con planes para desarrollar otros 30GW de energía verde y a invertir 48 mil millones de pesos en su industria de energía renovable aumentando la generación de energía solar y eólica a 40 GW combinados.
¿Será suficiente?
Pero, a pesar de los ambiciosos objetivos anunciados aún se tienen importantes carencias en el diseño de políticas públicas y financiamiento para hacer realidad esos objetivos climáticos.
El presupuesto federal de 2024 no incluye los fondos necesarios para apoyar el desarrollo de energía renovable que nos permitiría cumplir con los objetivos de descarbonización. Además, se mantienen fuertes rezagos en tramitología y en materia regulatoria que inhiben la inversión privada por falta de certidumbre jurídica en la obtención de permisos de generación y lo peor, se navega entre dos aguas normativas y regulatorias, la surgida en la reforma energética de 2013 y las reformas de la administración de AMLO donde no queda claro el alcance de participación del sector privado en el sector energético y el desarrollo de la transición energética.
El futuro
Cada vez más empresas del sector buscan la ruta de descarbonización. Es una realidad que no se puede mantener el nivel actual de consumo de energías fósiles con un aumento de la temperatura arriba de los 2 grados centígrados porque en un futuro serían insostenibles los impactos negativos.
La transición energética es una necesidad para el mejoramiento del cambio climático y para el desarrollo económico. México reúne dos factores que obligan a un proceso de transición más serio y agresivo: las metas de Net Zero y las condiciones que impone el desarrollo económico de la región (nearshoring).
Estos esfuerzos deben acompañarse con políticas energéticas que garanticen el acceso a energía confiable, a precios competitivos y con baja en huella de carbono. Para lograrlo es indispensable un entorno de certidumbre jurídica con respeto al Estado de derecho como base para la inversión en infraestructura energética.
Estamos a tiempo, ya perdemos inversiones a Texas por políticas públicas complicadas y políticos cuidando sus intereses.
X: @diaz_manuel