Por El Pordiosero
La capacidad de algunos actores sociales del país para adaptarse a circunstancias sexenales en defensa de sus intereses, así sean políticamente opuestas, parecen inacabables: hace apenas cinco años se declaraban priistas a toda prueba, y en la actualidad se asumen defensores a ultranza de la 4T. Son la envidia de los camaleones.
Y un ejemplo es lo suficientemente ilustrativo:
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, exigió a la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, la entrega de libros gratuitos y los materiales complementarios, y le mostró su desacuerdo en que la participación política “sea llevada a la arena de la escuela pública” convirtiéndola en “violencia cultural”.
En un desplegado periodístico publicado el jueves 17 de agosto, el dirigente sindical del magisterio planteó que la judicialización de la distribución de los libros de texto “traslada la política a la escuela y se convierte en violencia cultural”.
El ministro Luis María Aguilar, otorgó al gobierno de Chihuahua una suspensión provisional para frenar la distribución de los libros de texto en la entidad, en la controversia constitucional promovida por la administración estatal.
El 20 de julio de 2017, el SNTE firmó con la Secretaría de Educación Pública, un convenio a través del cual recibió 200 millones de pesos para apoyar la reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente priista Enrique Peña Nieto.
Una de las primeras acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue derogar esa reforma educativa.
El convenio con la SEP, fue firmado por Soralla Bañuelos de la Torre y Alfonso Cepeda Salas, apoderada general y coordinador del colegiado nacional de administración y finanzas del SNTE.
En la cláusula primera de ese convenio, se estableció que el objeto era “impulsar las acciones de comunicación sobre los beneficios y compromisos de la Reforma Educativa” del gobierno de Peña Nieto.
En los antecedentes, se señaló que el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación fueron publicadas las reformas y adiciones a los artículos 3o y 73 de la Constitución Política; y el 11 de septiembre los cambios aprobados a la Ley General de Educación y la expedición de las leyes general del Servicio Profesional Docente y del Instituto para la Evaluación de la Educación.
En el tercero de los antecedentes del convenio, se estableció que el SNTE mediante el oficio P/1629/2017, dentro del pliego de demandas de ese año, solicitó “incrementar sustancialmente los recursos económicos destinados a fortalecer las acciones y procesos de comunicación y difusión del Nuevo Modelo Educativo y la Reforma Constitucional en materia Educativa”.
En el punto 1 de la declaración III de ese convenio, SEP y SNTE señalaron que la reforma constitucional en materia educativa implicó “un nuevo régimen jurídico para el ejercicio de las funciones docentes, de dirección y supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, el cual genera para los trabajadores de la educación afiliados a ‘El SNTE’ (sic), derechos, beneficios y obligaciones que deben ser difundidos de la manera más amplia y explicados de manera exhaustiva a través de la propia organización sindical”.
El objetivo era que “los derechos y beneficios se ejerzan y las obligaciones se cumplan puntualmente en los términos y condiciones con los que fueron expresa, entre dispuestos, para una conducción armoniosa de las relaciones laborales en bien de la prestación del servicio educativo de la mayor calidad”.
En la cláusula cuarta, el SNTE se obligó a que los 200 millones de pesos -entregados por la SEP a través de transferencia por clave interbancaria- se aplicarían exclusivamente en campañas de difusión de medios digitales, electrónicos, impresos y alternativos sobre los beneficios y compromisos de la Reforma Educativa del gobierno del presidente Peña Nieto.
Por la SEP, el convenio fue firmado por la oficial mayor, Irma Adriana Gómez Cavazos y Marlene Morales Sánchez, directora general de recursos humanos y organización. Por el SNTE lo hicieron Bañuelos de la Torre y Cepeda Salas.
Cepeda Salas se incorporó al comité nacional del SNTE en 1998, cuando la maestra Elba Esther Gordillo estaba en la cúspide del poder magisterial. Había sido secretario general de la sección 38 en Coahuila, donde era cercano a los Moreira.
En febrero de 2013, una vez encarcelada la maestra Gordillo por el entrante gobierno del presidente Peña Nieto por diversos delitos de los que finalmente fue exonerada, Juan Díaz de la Torre fue electo su sustituto. En febrero de 2018 había sido reelecto -junto con Cepeda Salas- para mantenerse en la dirigencia hasta 2024.
Un mes después, el dirigente sindical del magisterio ofreció miles de votos al candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade.
En noviembre de ese año cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba a unos días de iniciar, Díaz de la Torre solicitó licencia al cargo de presidente del SNTE, en el que había sido reelecto ocho meses antes para una nueva gestión de seis años. Cepeda Salas quedó en su lugar como secretario general, una vez desaparecida la presidencia. Elba Esther Gordillo había recuperado ya la libertad, pero si te veo no me acuerdo.
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