La prospectiva del crecimiento económico del país ha entrado en una etapa de franca contracción, al grado que es posible pronosticar que este sexenio se perfila como uno perdido en ese rubro. Se asume un crecimiento precario en este 2022, donde las opiniones oscilan entre un índice que rebase el 2% del PIB, mientras otras lo ubican por debajo de esa frontera.
Son coincidentes los pronósticos de un muy bajo crecimiento económico para 2023, incluso de que puede ser nulo, en un ambiente de recesión y de inflación para dar lugar al fenómeno de estanflación. Al final, el desempeño de la economía para el período de 2018-2024 se vislumbra como negativo, de modo que su valor se espera apenas alcance el que se tuvo antes de la pandemia.
El indicador del crecimiento económico no sólo representa una medición de carácter técnico, pues más allá de eso es una métrica para establecer la capacidad del país para generar riqueza, empleos, y de ahí posibilidades de bienestar, así como tendencias para elevar los ingresos familiares y los niveles de vida de la población. Existe otra ecuación que consiste en la intención de escapar al rigor que se establece a partir del crecimiento económico, y así pretender que las medidas compensatorias pueden paliar la pobreza y la exclusión social, aunque el crecimiento económico no alcance los niveles esperados.
Mediante una política agresiva de subsidios directos a la población vulnerable se pretende mejorar sus condiciones de vida; ello a pesar de que la economía y el mercado no sean quienes mejoren su situación, pero el saldo que tal postura ha arrojado muestra que está lejos de ser una vía para la reducción de los índices de pobreza.
Todo indica que la lucha para erradicar la pobreza debe combinar medidas propias de la economía de mercado junto con las acciones compensatorias o de igualación social que promueva el Estado; depender sólo de estas últimas es caminar por una vía clientelar que deteriora el desarrollo del país, que tiende a generar incentivos perversos, en tanto propicia la percepción que es posible prescindir del esfuerzo personal y de una lucha de superación para resolver situaciones de marginalidad.
El desarrollo del país es el medio privilegiado para cumplir los objetivos que ella postula y, en ese sentido, tiene que ver con la Soberanía nacional, ser un país independiente y que toma sus propias decisiones no son finalidades que se sacian en sí mismas; por el contrario, la Soberanía como la facultad de tomar determinaciones propias conforme a la voluntad popular y de su ejercicio a través de las instancias que la representan, a fin de alcanzar un destino que colme la potencialidad de desarrollo de la Nación para realizar sus capacidades y cumplir con la grandeza de su destino, sólo se puede lograr mediante un desarrollo que preserve los recursos de los que se dispone para el disfrute de las próximas generaciones, lo que supone un uso racional, sostenible y sustentable de dichos recursos que, necesariamente, incorpore el respeto al medio ambiente y las mejores formas de proveerlo.
Ahora que se declara la determinación de respetar y conservar la soberanía del país frente a los foros que impulsan nuestros vecinos del norte, respecto de la política energética que se ha instrumentado por el gobierno mexicano, no queda claro de qué se habla; la revisión sobre las medidas que se han instrumentado no es asunto que atente contra la soberanía, pues no se debe pretender que las decisiones que toma el gobierno son inescrutables; tampoco atenta contra la soberanía que se polemice sobre la idoneidad de las políticas instrumentadas, pues pretenderlo así significara la adopción de una postura dogmática.
Lo que verdaderamente viene a cuento sobre el tema de la Soberanía es cómo se detona el crecimiento y el desarrollo del país y qué tanto afecta que ello no ocurra, ¿cómo involucrar a todos los sectores en ese cometido? ¿cómo aprovechar nuestras ventajas estratégicas y cómo construir la mejor ecuación entre el aprovechamiento y conservación de nuestros recursos.
No fortalece la Soberanía del país la falta de crecimiento económico, el incremento de la pobreza, la inseguridad que campea en amplias regiones, el feminicidio, las muertes de periodistas, las expectativas que cierran el futuro, la debilidad del Estado de derecho, la vulneración del régimen democrático para dar lugar a un sistema de partido hegemónico. En sentido inverso, los poderes que la Constitución establece se encuentran debilitados cuando ocurre el traslado de la Soberanía a los poderes fácticos personificados por la delincuencia organizada y de su dominio en algunas regiones del territorio del país y respecto de núcleos poblacionales. Se cede silenciosamente la Soberanía del país con la tolerancia hacia la criminalidad o mediante la incapacidad o ineficiencia para erradicarla.
La Soberanía se debilita por el lado del dominio de la ilegalidad, de la delincuencia organizada, de la derrota del Estado de derecho; la Soberanía se lastima en la medida que campea la impunidad y los poderes arbitrarios se establecen en las regiones del país.