Además de la inflación, el flagelo de la inseguridad le cobra facturas a los consumidores de a pie que han tenido la carga de los gastos para proteger las mercancías que los transportistas hacen llegar a toda la República.
El problema es grave: desde la competencia desleal protegida y promovida por algunos gobiernos locales; la baja del 60 al 70 por ciento en la afluencia de pasajeros; así como la falta de recursos para cumplir con los compromisos económicos adquiridos antes de la pandemia relacionados con la renovación de la flota; la baja tarifa rebasada por los costos de mantenimiento, pago de choferes y trabajadores, así como creciente inseguridad, los principales problemas que enfrentan los operadores del transporte público en todo el país ahorcan igual a conductores, trabajadores, empresarios y consumidores.
No hay manera de ignorar un problema a latente que, de continuar en las condiciones de operación actívales, podría paralizar el comercio terrestre y el traslado de pasajeros.
Convocados a una reunión virtual en la que estuvieron presentes los principales dirigentes de entidades como el Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, San Luis Potosí y Jalisco, entre otras, se logró llegar al consenso sobre la necesidad de conformar un grupo capaz de dialogar con las autoridades estatales y federal, para hacerse escuchar y negociar mejores condiciones para la movilidad en favor del transporte público. Locales y federales son las autoridades y organizaciones que estarán llamadas a sumarse.
Los transportistas consideraron adecuado que esa representatividad nacional recaiga en la Asociación Nacional de Transporte y Movilidad (AMTM), encabezada por Nicolás Rosales Pallares, quien escuchó todas las problemáticas y estuvo de acuerdo en la conformación de propuestas para presentarlas ante las autoridades gubernamentales competentes, “ya que sin sistemas de transporte público y movilidad segura, las ciudades mexicanas no podrán alcanzar su máximo potencial”.
El asunto es de escala internacional en gran medida, por el boom del comercio electrónico y los elevados volúmenes de consumo por internet durante la pandemia. Fernando Páez, representante del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), convocante junto con la AMTM al encuentro virtual, resumió que los transportistas necesitan tener una sola voz como gremio; coincidiendo en la necesidad de conformar instituciones fuertes con interés por emprender una transición empresarial, y también en demandar apoyo para cumplir con los bancos y explorar qué respaldo pueden brindar las autoridades para superar esta problemática diseminada en la mayoría de estados y municipios.
El llamado es abierto. El titular de la AMTM, Nicolás Rosales Pallares, se comprometió a sistematizar estas reuniones, para hacer un diagnóstico global, con la intención de generar puntos de convergencia, para presentar, monitorear y vigilar el cumplimiento ante instancias de los tres niveles de gobierno. “Es nuestra responsabilidad, como agrupación, vigilar que en los próximos años encontremos resultados diferentes, iniciando con la mejora de la experiencia de viaje para todas las personas”.
Para dimensionar: A nivel nacional cerca de 56 millones de personas siguen utilizando el transporte público como principal medio de traslado, y 87.76 por ciento del transporte concesionado sigue ofreciendo un servicio público, operado por cerca de 800 mil personas concesionarias que requieren una mejora en sus condiciones, para favorecer el servicio a sus usuarios.
Esto debe llegar a un pacto nacional por los transportistas pues Aurora Brito, de Campeche, ha explicado que diversos tipos de transporte público compiten con las unidades concesionadas; “se trata de unidades sin permiso, que cobran en efectivo y tienen tarifas diversas, algunas por debajo de la nuestra, los cuales no son molestados por las autoridades, al contrario, se diría que son alentados por ellas”. Explicó que la respuesta de las autoridades ha sido: “si no les conviene entreguen la concesión”, y agregó: “fomentan la competencia desleal para acabar el compromiso con nosotros”.
El asunto es que para lograr la máxima de que “por el bien de todos, primero los pobres” el presidente López Obrador requiere voltear a mirar a quienes llevan lo que los pobres más necesitan, a quienes los transportan y que siendo transportistas son pueblo y también, desafortunadamente, son pobres. Me atrevería a decir que por el bien de todos, primero los pobres y los transportistas.
En este punto coincidieron varios representantes estatales, quienes consideraron que esa tendencia gubernamental puede deberse a la idea que tienen las autoridades porque otros transportistas, que no tienen ningún tipo de demandas, ocupen las concesiones.
Asistieron a esta reunión virtual, Alejandro Zavala, de Irapuato; Francisco Javier Muñoz, de Jalisco; Alejandro Hernández Torres, del Valle de Toluca, en el Estado de México; Ernesto Vite Peña, del Estado de México; Aurora Brito, de Campeche y Anastacio García, de Tamaulipas, entre otros.
Frida Gómez en Twitter: @fridaferminita