Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la noticia sobre las inminentes deportaciones de extranjeros en condición irregular en Estados Unidos ha estado nuevamente en los principales diarios nacionales e internacionales.
En palabras del presidente de Estados Unidos, se planea la deportación masiva de migrantes indocumentados. Ha trascendido que el gobierno federal pretende llevar a cabo “redadas” en ciudades como Chicago, Nueva York o Los Ángeles con el propósito específico de arrestar a cualquier hombre o mujer que no cuente con documentos que acrediten su residencia legal en el país.
Sin embargo, a la luz del sistema federal estadounidense, este objetivo se antoja bastante irrealizable, y permanecerá limitado al discurso político y electorero. Lo explico.
El gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security) cuenta con las obligaciones legales de regular la inmigración. Sin embargo, derivado de la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, sus áreas de acción se encuentran limitadas a puestos fronterizos, puertos y aeropuertos.
Por lo tanto, las patrullas federales no circulan por las calles de las ciudades, sino que la seguridad de éstas es responsabilidad de las policías locales, mientras que las autoridades estatales ejercen sus competencias en sitios como las carreteras intraestatales.
En adición, los alcaldes y gobernadores demócratas de los principales estados y ciudades santuario, sabedores de la enorme contribución de sus trabajadores, han reiterado su decisión de no colaborar con Washington en la facilitación de información sobre sus residentes indocumentados.
En otras palabras, el gobierno de Trump, con independencia de lo que decida pregonar con sus votantes con fines políticos, no podrá implementar medidas crueles de separación de familias trabajadoras que llevan años viviendo en el país.
Por el contrario, su poder quedará constreñido a la deportación de migrantes de reciente ingreso, tal como lo hicieron otros presidentes en el pasado.
El daño no será menor, empero. Con el fortalecimiento de la frontera sur y el incremento en el número de efectivos federales el tratamiento de los migrantes será más severo.
Millones de personas sufrirían la mano duro de un gobierno, a la vez que se exacerbarán la intolerancia, el racismo y la xenofobia contra hombres y mujeres que han decidido dejar sus países en búsqueda de un futuro mejor.