“No seré yo, sino los mexicanos y nuestra democracia los que decidan qué futuro quieren para México”. La frase fue mencionada por Enrique Peña Nieto durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en 2017.

Y en ese camino estamos; en el que decidió la mayoría de mexicanos; los que se hicieron presentes en las urnas el domingo 2 de junio y los que votaron en ausencia; esos que validaron que otros decidieran por ellos.

Nos encontramos en ese preciso momento de dar el último paso hacia la autocracia, al omni poder, a la dictadura; esa figura que cancela libertades y que en infinidad de ocasiones alertamos y nos alertaron que nos dirigíamos hacia ella.

Nuestros hermanos cubanos y venezolanos, que han padecido y sufrido gobiernos dictatoriales y autocráticos nos enviaron señales de alerta por todos los medios a su alcance; nos hablaron de cómo comenzó la dictadura, los cambios que se fueron diseñando y aplicando, las políticas y leyes que se fueron modificando; las actitudes soberbias e impositivas de sus gobernantes y nos mostraron las similitudes con lo que estaba ocurriendo en México.

Pero los mexicanos, tendientes a burlarse de todo y de todos no dieron mayor crédito a las advertencias. A quienes repetíamos el riesgo de la dictadura nos tildaron de locos y tontos “porque eso nunca podría pasar en México”, decían. Se taparon los ojos y los oídos. Nos llamaron alarmistas, exagerados, ignorantes, y mal informados. Muy similar a las reacciones que observo actualmente cuando comento que el objetivo perverso de Andrés Manuel López Obrador es concretar su mayoría calificada en el Congreso de la Unión para modificar la Constitución y propiciar su reelección.

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Para Enrique Peña Nieto, la preocupación era clara: si AMLO llega a la presidencia, México podría retroceder, padecer una crisis social y económica parecida a la que se vive actualmente en Venezuela.

Hoy, a cinco semanas de que finalice su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha demostrado de manera fehaciente que la preocupación de Peña Nieto estaba cimentada en un temor real; hoy México se encuentra en franco retroceso y cada día más parecido a lo que es Venezuela.

El pasado viernes 23 de junio, de un simple plumazo, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desapareció a siete órganos autónomos; la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y órganos autónomos de los estados.

De esta manera, los diputados de Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, eliminaron contrapesos que son necesarios para el equilibrio en los países desarrollados y las democracias.

Dejarán de existir organismos que se construyeron con mucho esfuerzo a lo largo de los últimos 30 años y que en su momento significaron batallas ganadas para la oposición, para la izquierda, y para los mexicanos que exigían figuras que se encargaran de defender los derechos humanos, mejorar la educación, y la rendición de cuentas, entre otros.

Paradójicamente, muchos de los que hoy celebran su pírrico triunfo con la erradicación de los órganos autónomos, fueron protagonistas de esas batallas conquistadas. Pero ha quedado claro que lo suyo no eran principios ideológicos sino una sucia ambición de llegar al poder. No buscaban limitar al gobierno, buscaban ser parte y perpetuarse en él.

Pero sin duda el golpe más fuerte lo asestó el Instituto Nacional Electoral (INE), no el que una marea rosa salió a las calles entusiasta a defender el año pasado, sino el de Andrés Manuel López Obrador y Guadalupe Taddei, quien llegó para apoderarse del órgano electoral y cumplir a pie juntillas todas las solicitudes del presidente.

El mismo viernes, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó con ocho votos a favor y tres en contra, la distribución de diputaciones federales plurinominales, que otorga a Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) una sobrerrepresentación de 364 de las 500 curules a partir del 1 de septiembre.

En total, Morena tendrá 236 diputaciones; el PVEM 77; en tanto que al PT se le asignarían 51 curules. Mientras que de la oposición, el PAN alcanzará 72 legisladores, el PRI 35, PRD 1, Movimiento Ciudadano 27 y habrá una legisladora independiente.

Con esta cantidad de legisladores, Morena y aliados tendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados durante los próximos tres años y podrán aprobar reformas constitucionales sin consultar a la oposición.

El INE también aprobó por unanimidad la nueva integración del Senado de la República, por lo que Morena, PVEM y PT tendrán 83 legisladores.

Del total de 128 senadores, Morena tendrá 60 senadores, el PVEM 14 y PT 9, mientras que en el PAN tendrá 22, el PRI 16, Movimiento Ciudadano 5 y PRD 2.

Morena y aliados no alcanzan la mayoría calificada, ya que les faltaron 3 senadores para obtenerla.

En este contexto, México habrá de regresar a un régimen de partido único, en donde un todopoderoso escondido bajo las faldas de la primera mujer presidenta de este país seguirá al mando, mientras la doctora y científica que ganó la contienda electoral, desempeñará un papel secundario como encargada de despacho.

La división de poderes está a nada de desaparecer. El legislativo estará entregado a lo que dictará el ejecutivo, en tanto que la aprobación de la reforma al poder judicial garantizará la sumisión de éste.

Y todo esto está causando desconfianza más allá de nuestras fronteras. Cada día son más las instituciones bancarias, empresariales, organismos autónomos, e incluso gobiernos los que se pronuncian y alertan sobre la pretendida reforma al poder judicial.

Una sorpresiva declaración fue la del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien fijó una dura e inédita posición al asegurar que, tal como está planteada, la reforma de AMLO amenaza la relación comercial entre ambos países. Además, apuntó que la elección directa y política de los jueces no resuelve el problema de la corrupción ni fortalecerá al poder judicial, y abre la puerta para que los nombre el crimen organizado. A la voz del embajador se sumó la de representación de Canadá, así como bancos, medios de comunicación y organismos internacionales.

Tenía razón Peña Nieto al desconfiar de la narrativa de López Obrador. En la misma entrevista con Gómez Leyva, le confesó: “El problema, es que en este tipo de discursos (como el de AMLO) nunca se dice exactamente cómo se van a resolver los problemas, y eso, al final, termina matando iniciativas, termina matando instituciones, termina destruyendo democracias, termina cancelando a los opositores a ese Gobierno”.

Lo cierto es que en este camino que eligieron una mayoría de mexicanos no hay ganadores (salvo el ejército y un puñado de gente que acompaña al presidente). La dictadura es sinónimo de represión, de derechos coartados; de ultrajes; de abusos; de violencia; de arbitrariedades; de censura y de un solo poder.

Dependerá de todos nosotros y de las generaciones futuras sacar esto adelante.

Pero vaya desde aquí un atento y urgente llamado a la presidenta electa:

Claudia, eres la única que puede dar un giro en la dirección correcta. Todavía puedes salvar el barco llamado México. Puedes pasar a la historia como la mujer que puso el ejemplo de gobernanza. La primera mujer presidenta que tuvo México, y que optó por ser mejor gobernante que mejor alumna. Danos una lección a quienes no apostamos por ti y muéstranos que nos equivocamos. Hazlo por México y por sus hijos.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com